La Sindicatura de Cuentas valida las cuentas del Ayuntamiento de Castellón pero detecta irregularidades en contratación

El informe de la Sindicatura de Cuentas pone de manifiesto diversas incorrecciones que califica de “incumplimiento del principio de prudencia”, las cuales atribuye a los diversos procedimientos judiciales pendientes todavía de resolución en los que el Ayuntamiento de Castellón se encuentra inmerso que no fueron cuantificadas ni provisionadas y de los cuales se podría derivar futuras responsabilidades económicas.

Así pues, durante los ejercicios de 2015 y 2016, el Consistorio reconoció obligaciones procedente de ejercicios anteriores por valor de 934.751 y 471.821 euros respectivamente. En el informe se determina que “de haberse imputado estos gastos al ejercicio del devengo, el resultado presupuestario se habría reducido en 462.930 euros y el remanente de tesorería en 471.821 euros”.

También se recoge un total de 12.093.189 euros en concepto de deudas a largo plazo contraídas hace tiempo y que estarían ya cercanas a vencer, clasificadas debidamente en las cuentas anuales del ejercicio de 2016.

Conclusiones legales y reglamentarias

Con respecto a las obligaciones legales, el Síndic pone de manifiesto diversos incumplimientos de la normativa, los cuales califica de “significativos”. Entre ellos se encontrarían retrasos en la formación y aprobación de las cuentas generales de 2015 y 2016, así como el incumplimiento de los plazos de aprobación y remisión de la liquidación aprobada a los órganos competentes.

Así mismo, destaca la falta de un inventario de bienes durante los años 2015, 2016 y 2017, aunque señala que ya se está corrigiendo esta anomalía mediante la implantación de una aplicación informática para la gestión integral del patrimonio y el mantenimiento del inventario.

Irregularidades en la contratación

El Ayuntamiento, según el informe de fiscalización, habría incumplido sus obligaciones -previstas en la Sindicatura de Comptes- relativas a la remisión de la relación anual de los contratos formalizados en el ejercicio precedente. También habría incurrido en irregularidades procedimentales con respecto a diferentes gastos por servicios y suministros durante el ejercicio de 2015.

Llaman la atención del Síndic los 39 contactos por urgencia –con un coste total de más de 4,5 millones de euros-, los cuales no se ajustan a los casos previstos para dicha contratación en la Ley de Contratos del Sector Público.

En materia de adjudicación, se observan insuficiencias en los juicios de valor, así como en los informes técnicos y comités de expertos, los cuales no justificarían las puntuaciones otorgadas a las distintas ofertas licitadoras. El Síndic da así un tirón de orejas al Ayuntamiento al cual advierte “no se reiteren los diversos incumplimientos” en ejercicios futuros.