Ciudadanos manda al Senado al exdiputado valenciano apartado por la opacidad en las cuentas
El pleno de las Corts Valencianes votará este miércoles a los senadores por designación territorial; cinco representantes elegidos entre las filas del PSPV, Compromís, Ciudadanos y el PP, los cuatro partidos con mayor representación, como se acordó en el reparto, consecuencia de los resultados de las elecciones del 28 de abril.
Es un pacto no escrito entre las formaciones políticas que todas las que presentan a un senador voten al resto de nombres planteados, siempre que la propuesta no sea escandalosa. En el caso de Ciudadanos, la formación de Toni Cantó ha decidido buscar acomodo en la Cámara Alta para Emilio Argüeso, su secretario de Organización recientemente apartado.
Argüeso, uno de los hombres fuertes del partido, no fue incluido en las listas autonómicas de la dirección de Cantó para las últimas elecciones, como tampoco su segundo de a bordo, Juan Córdoba, ambos diputados en la pasada legislatura. Argüeso fue además secretario primero de la Mesa de las Corts.
El exdiputado era el único responsable valenciano -en Madrid, también lo era José Manuel Villegas- de la cuenta corriente en la que se ingresaban los fondos parlamentarios al partido. La opacidad en las cuentas ha provocado que recientemente la dirección de Cantó pida autorización para abrir una nueva cuenta en otra oficina bancaria, en la que Argüeso ya no figura como autorizado. Preguntado por eldiario.es, el responsable de Organización aseguró que los detalles de la subvención parlamentaria estaban a punto de ser publicados en el portal de Transparencia de las Corts. Al cierre de esta edición, la formación naranja mantenía este espacio tan blanco como en la primera ocasión.
La opacidad en los ingresos y gastos de los grupos parlamentarios ha sido un habitual durante esta legislatura. En 2017, la Sindicatura de Comptes realizó la primera auditoría a las finanzas de los grupos y afeó a la cámara que no publicara el detalle de los gastos. Desde entonces, los partidos han hecho caso omiso a la bronca del ente estatutario, lo que les ha valido críticas del propio president de la institución, Enric Morera. Los grupos reciben del bolsillo público 3,5 millones de euros anuales, en función de la representación de cada uno, que no se fiscalizan.
En teoría, al finalizar cada ejercicio, los grupos deben presentar un balance de ingresos y gastos que se justifiquen en sus tareas parlamentarias. Desde 2016, año de debut completo de los partidos, no se ha publicado nada en este espacio. La transparencia, tan invocada en el Parlamento y las tribunas, no se aplica a don dinero.
