La crisis de vivienda de Valencia: el espejismo técnico

(Acabando este artículo me llega la noticia del fallecimiento Ricard Pérez Casado. El reconocimiento de la transformación urbana, social y política que supusieron las las elecciones de 1979 y su gobierno, incluye su capacidad de abrir las puertas a los movimientos sociales para llevar a cabo esta transformación. Descanse en Paz)

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la principal conclusión del informe del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) sobre el cuarto trimestre de 2025 y no es para menos. Presenta una radiografía escalofriante del mercado inmobiliario valenciano: precios que superan los 4.000 euros por metro cuadrado, una oferta que se ha reducido en un 82% desde 2019, y apenas 137 viviendas plurifamiliares nuevas disponibles en toda la ciudad. El diagnóstico está claro: estamos ante una “emergencia habitacional convertida en emergencia social”, resultado de “décadas perdidas” por inacción institucional. Sin embargo, este informe, pese a su rigor técnico, opera dentro de un marco analítico limitado que ignora los factores estructurales fundamentales: la financiarización del mercado y la conversión de la vivienda en puro activo financiero.

El informe de la UPV construye su narrativa sobre un pilar principal: la crónica y extrema escasez de oferta. Los datos son incontestables. En seis años, el número de “testigos” (viviendas nuevas en oferta) se ha desplomado, mientras el precio medio se ha más que duplicado. Esta tensión se ha visto exacerbada, según el documento, por un crecimiento poblacional “no orgánico” de unos 40.000 nuevos residentes entre 2022 y 2025, para el cual el parque de viviendas no estaba preparado.

El informe acierta al señalar la incompetencia e incoherencia de la política pública. Critica con dureza que se haya sustituido “el análisis técnico por el relato político”, implementando medidas “sin base científica” que, lejos de proteger a los vulnerables, los han expulsado del sistema. Su denuncia de que el Estado es el “principal beneficiario” de la escalada de precios —con aproximadamente el 31% del precio final correspondiendo a impuestos— es un golpe certero a la hipocresía fiscal en un contexto de emergencia. Pero las soluciones que propone son las propias del paradigma tecnocrático: movilizar suelo, producir vivienda pública y privada de forma sostenida, profesionalizar la gestión, reducir trámites y, sobre todo, apostar por el Plan VIVE y la colaboración público-privada. Es el discurso, legítimo pero demostradamente limitado, el de la eficiencia, la coordinación y el incentivo correcto. Un discurso que, desde la óptica de la crítica a las estructuras del mercado, se queda en la superficie del problema.

La perspectiva crítica y el movimiento por el derecho a la vivienda parte de una premisa radicalmente distinta: la crisis no es un fallo del mercado, sino su lógica de funcionamiento actual. Para este análisis, el problema central no es meramente la insuficiencia cuantitativa de viviendas, sino el cambio cualitativo en su naturaleza: ha dejado de ser un bien de uso para convertirse en un activo fundamental para el sistema financiero global. Hasta que pincha la burbuja, e incluso entonces, las pérdidas ocasionadas son incorporadas al “haber” y no al “debe” en los libros de compatibilidad.

Desde este ángulo, el informe de la UPV comete una omisión capital: no pregunta quién posee la vivienda y con qué fin. No hay en sus páginas un análisis del peso de los fondos de inversión internacionales en la compra de promociones enteras (en ocasiones a précios rídículos) en Valencia. No se menciona cómo la compra por parte de no residentes (facilitada antaño por mecanismos como las 'golden visas') puede estar distorsionando la demanda. Tampoco se analiza el stock de viviendas vacías mantenidas por grandes tenedores a la espera de mayor revalorización, una práctica de especulación pasiva que agrava artificialmente la escasez.

El informe menciona de refilón — es inevitable, son conscientes— que algunas políticas han generado “miedo a la okupación” y han llevado a “pequeños propietarios a retirar viviendas del mercado”. Pero aquí hay que hacer una distinción crucial: el problema no es el pequeño propietario, sino el gran tenedor institucional. Mientras el primero puede verse acosado por normativas mal diseñadas, el segundo opera con una lógica puramente financiera, ajena a las necesidades del territorio.

Otro punto ciego del informe es la turistificación. Aunque dedica una sección al alquiler temporal —que ya representa el 37% de los alquileres en Valencia—, lo hace como un dato más, sin conectar este fenómeno con la expulsión de residentes y la presión alcista sobre los alquileres de larga duración. Para Palomares, la turistificación no es un efecto colateral, sino un mecanismo de extracción de renta que convierte barrios en parques temáticos para visitantes, vaciándolos de vida comunitaria y encareciéndolos más allá del alcance de sus propios vecinos.

Más Plan VIVE, ¿solución o parche?

El informe confía en que el Plan VIVE, con su promesa de vivienda protegida (VPP), puede comenzar a revertir la situación. Pero desde la crítica a la financiarización, esta confianza es ingenua. Sin mecanismos que impidan que esa nueva vivienda pública o protegida sea luego absorbida por el mercado secundario especulativo, o sin atacar la raíz del poder de los grandes actores financieros, se corre el riesgo de que el Estado simplemente subvencione un mercado disfuncional.

Abogar por medidas que el informe ni siquiera contempla parece fuera de toda valoración: la expropiación o incautación de uso de viviendas vacías en manos de fondos, la creación de un parque público de alquiler social masivo gestionado democráticamente, la prohibición del alquiler turístico en zonas tensionadas, y el establecimiento de controles estrictos a la propiedad concentrada. La lucha es por el derecho a la vivienda en la Constitución, no como una declaración retórica, sino como un derecho exigible judicialmente, que prime el uso social sobre el beneficio privado.

Conclusión: un diagnóstico, dos futuros posibles

El informe de la UPV es un documento necesario y valioso. Su denuncia de una década de negligencia institucional y su llamamiento a la acción técnica y coordinada son imprescindibles. Sin embargo, opera dentro de los límites de lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría el “pensamiento abismal”: solo ve lo que su marco técnico le permite ver. No ve la lucha de clases en el mercado de la vivienda, no ve la transformación de la ciudad en una máquina de generar rentas para el capital financiero, no ve la vivienda como un derecho humano inalienable.

Esta crítica nos recuerda que no se trata solo de construir más, sino de decidir para quién y para qué se construye. Mientras el informe clama por “movilizar suelo” y “reducir trámites”, el movimiento por la vivienda clama por “movilizar derechos” y “reducir el poder del capital especulativo”.

El futuro de Valencia — y de todas las ciudades españolas — se debate entre estos dos polos. Por un lado, un futuro de gestión tecnocrática que quizás logre moderar los precios, pero manteniendo intacta la lógica de la vivienda como inversión. Por otro, un futuro de transformación radical, donde la vivienda sea, por fin, un derecho garantizado, y la ciudad, un espacio para vivir y no solo para invertir. El informe de la UPV nos dice que la casa se está quemando. La perspectiva crítica nos pregunta quién trajo la gasolina y nos recuerda que, a veces, apagar el incendio requiere cambiar por completo la estructura de la casa.