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La Comunitat Valenciana lidera los recortes del sector público en España

Trabajadores de RTVV protestan ante la Generalitat un mes después del cierre

Voro Maroto

Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, puede presumir de liderazgo en al menos un caso: el tamaño de los ajustes de su sector público empresarial. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la administración valenciana es la que más ha recortado su sector público empresarial: gasta 1.400 millones de euros menos (un 35% del total ahorrado en España) y ha despedido a 3.600 trabajadores, más que Castilla-La Mancha (3.300 empleados menos).

El tijeretazo, en cumplimiento del plan dictado desde Madrid, se está llevando por delante a gigantes como Canal 9 – la única televisión autonómica pública cerrada en España- y a muchas de las empresas, entidades o fundaciones creadas al abrigo de la Generalitat desde que gobierna el PP, a partir de 1995. Concretamente, 28, caso de, por ejemplo, el Instituto Valenciano de la Vivienda. Y aún falta: el ajuste, según las cifras de la Conselleria de Economía en enero, aún está al 60%. La Fundación V Encuentro de las Familias, activa siete años después de la visita de Benedicto XVI, debería ser de las próximas en caer.

Despidos a mansalva

Los despidos masivos también han mutilado de manera notable a muchas empresas públicas que siguen en pie, casos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Vaersa, una empresa dedicada al medio ambiente o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. El objetivo, dada la situación cercana a la quiebra de la Generalitat, se está consiguiendo. En 2013, el Consell sólo prevé gastar 1.200 millones en su sector público, la mitad que en 2011.

Sin financiación a la vista

El esfuerzo del Consell en recortar no se traduce, sin embargo, en una situación financiera más holgada. El déficit sigue descontrolado, y pese a los intentos de Fabra por conseguir más dinero de Madrid, la nueva financiación autonómica parece una quimera a corto plazo. Sencillamente, sin más dinero, la Generalitat apenas puede pagar a los funcionarios y atender las obligaciones contraídas con la ciudadanía en sanidad y educación.

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