Las Corts aprueban ayudas económicas para 'rescatar' a los municipios endeudados o en riesgo de despoblación

La Diputación Permanente de las Corts Valencianes ha convalidado este miércoles el decreto del Consell que prevé ayudas económicas a municipios endeudados o en riesgo de despoblación. El decreto, que parte de la consellería de Hacienda, prevé una cuantía total de 240 millones de euros en seis años para 'rescatar' a los municipios que hayan entrado en el plan de ajuste por su deuda o ayudar económicamente a los que no puedan prestar servicios.

Según ha explicado el conseller Vicent Soler, el decreto pretende garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos en localidades con dificultades financieras especiales o que forman parte de zonas rurales con “el problema cada vez más amenazador” de la despoblación. Soler ha defendido la “urgencia” de su aprobación para que no se dilate en el tiempo su entrada en vigor, frente a las críticas de “electoralismo” que le han dedicado desde el PP y Podemos.

El síndic morado, Antonio Estañ, considera que como el decreto no establece una cuantía mínima “no hay compromiso legal y garantiza a día de hoy cero euros a los municipios”. Ha denunciado que las medidas pretenden ayudar a ayuntamientos “estrangulados en gran parte por gobiernos del PP y PSOE” y que se trata de “una promesa electoral” a dos días del inicio de la campaña.

El diputado popular Rubén Ibáñez ha elevado el tono y ha asegurado que el Consell presupuestó el año anterior un millón de euros que no se ejecutaron y para este se recorta a la mitad. El popular ha insinuado que el Ejecutivo autonómico miente si promete 240 millones en un año electoral: es “publicidad absolutamente engañosa” y “el gran engaño del PSOE y Compromís con los municipios”, ha considerado.

Desde Hacienda explican que el plan es plurianual y se desarrollará en seis años, por lo que no es cierto que se prometan los 240 millones de euros este año. Además, indica el mismo departamento, la cuantía se ingresará en funciones de cada municipio. El decreto prevé que la Generalitat pueda adquirir bienes y terrenos en desuso como ingresos para revertirlos en el municipio del que procedan. 

Convalidado el decreto de las VTC

El mismo organismo parlamentario ha aprobado la convalidación del decreto de las VTC que establece la obligación de contratarlo con una antelación de al menos 15 minutos y cuenta con una moratoria de dos meses por motivos técnicos.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha justificado la urgencia de esta normativa ante la “distorsión” del mercado y el hecho de que los VTC “operan como taxis” pero sin verse sometidos a las restricciones que se les imponen a estos, lo que genera un escenario de “competencia desigual”. Además, ha subrayado que en la Comunitat se ha conseguido dar una solución en un contexto “pacífico, cosa que no ha pasado en otras comunidades”.