La EMT de València ficha para la causa por el robo de 4 millones a un fundador de Ciudadanos y abogado de dos exconsellers en el 'procés'
El abogado Xavier Melero (Barcelona, 1958) asumió la defensa de los exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs en la causa del 1-O en el Tribunal Supremo y fue una de las sorpresas del juicio por su particular estilo alejado de dogmas políticos (no en vano, aunque crítico en la actualidad, fue uno de los impulsores en Catalunya de lo que acabaría siendo Ciudadanos). Forn fue condenado a diez años y seis meses de prisión y Borràs sólo fue condenada a pagar una multa. Ahora, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha contratado al letrado Xavier Melero en el caso de la ciberestafa de cuatro millones de euros por el que este martes declara como investigada la jefa de Administración despedida, Celia Zafra.
Los responsables de la EMT confían en que Melero, que trabajará junto a los servicios jurídicos de la empresa pública, logre recuperar al menos gran parte del dinero estafado. La estrategia judicial de la empresa de transportes se centra en la presunta responsabilidad subsidiaria de CaixaBank, que abonó los cuatro millones de euros estafados sin que se cumpliesen los protocolos de la propia entidad bancaria. El banco, por su parte, ya ha descartado cualquier responsabilidad en el robo y rechaza devolver el dinero.
El informe de procedimiento y control elaborado para la comisión municipal de trabajo que investiga el robo concluye que la directiva imputada se saltó varios protocolos de seguridad, lo que impidió la detección temprana de la estafa, tal como informó este diario.
Zafra no avisó al gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, y a la directora de gestión, María Rayón, para que contrastaran y firmaran las facturas. Por el contrario, la jefa de Administración facilitó información confidencial a los estafadores a los que envió las firmas de ambos superiores. Durante el periodo de la estafa, García Alemany estaba de vacaciones y Rayón de baja por maternidad pero Zafra, que no era apoderada, en ningún caso podía autorizar u ordenar pagos.
La jefa de Administración ordenó a CaixaBank abonar los cuatro millones de euros en ocho transferencias mediante un PDF con las firmas falsificadas del gerente y de la directora de gestión cuando sólo estos superiores pueden autorizar pagos con sus claves de banca online, que sólo tienen ellos.
La investigación del caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, el mismo que investiga el caso Taula. El próximo jueves declarará como testigo el gestor de banca institucional de CaixaBank, J. M. G. R. El testigo pidió en varias ocasiones, mediante correo electrónico, los documentos de pago originales. El 23 de septiembre abortó una transferencia de 698.000 euros y exigió las firmas y las autorizaciones de los apoderados. Aquel día se destapó el fraude millonario.
