Entidades vecinales y sociales exigen al Consell de Mazón que limite los alquileres y que ponga freno al acoso inmobiliario

La plataforma Juntes per l’Habitatge, que aglutina a distintas organizaciones que reivindican el derecho a la vivienda desde los movimientos vecinales, sindicales y sociales se reunió este martes con la Generalitat Valenciana para trasladar una batería de propuestas concretas que ayuden a afrontar desde las Administraciones públicas el grave problema de la vivienda. El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández Miralles, se ha comprometido a tener una nueva reunión presencial en la última semana del mes de octubre donde dará respuesta para indicar las medidas que la Generalitat va a asumir entre las propuestas y la explicación de por qué no se llevan a cabo las que se descarten.

Las propuestas trasladadas a la Generalitat como plan de choque por el derecho a la vivienda, las ha resumido Juntes per l’Habitatge en cinco cuestiones fundamentales: la paralización de los desahucios de familias sin alternativa habitacional, la intervención en el mercado del alquiler, la ampliación del parque público de viviendas, una intervención urgente que ponga fin al acoso inmobiliario, y la garantía de participación social.

La plataforma Juntes per l’Habitatge está compuesta actualmente por organizaciones como: la PAH (Plataforma de personas Afectadas por la Hipoteca), la Federació d’Associacions Veïnals de València, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERS), Sillas contra el Hambre, Iaioflautas València, Ca Revolta, Amnistía Internacional, La Mataobras, Sindicat de barri de Malilla, Luchamos Junt@s por una Vivienda, Entrebarris, Ecologistas en Acción València, Decidim, Benicalap Viu, Teixint Patraix, Assemblea de Barri d'Olivereta, Plataforma per Russafa, Asociación Vecinal de La Torre, Asociación Vecinal de Benimaclet, Asociación Vecinal de Tres Forques, Asociación Vecinal de Campanar, o los sindicatos CCOO PV, UGT PV, CGT, CNT, Intersindical y COS.

Desahucios sin alternativa habitacional

Durante la reunión solicitada por Juntes per l’Habitatge con la Generalitat se ha expuesto una tabla reivindicativa cuyo primer punto ha sido la necesidad de paralización inmediata de desahucios de familias sin alternativa habitacional. En ese sentido se ha destacado por parte de los movimientos sociales que, ante los instados por los grandes tenedores, es necesario aplicar ya la cesión obligatoria de uso de las viviendas vacías que permite la ley (Art. 13 del R. Decreto 3/2023) dando así alternativas a las familias a las que se han dejado sin hogar.

Asimismo, ante los instados por los particulares, se ha reclamado la obligación de las Administraciones de realojar a estas familias en zona que no rompa el proceso educativo de los menores. También se ha exigido transparencia total de viviendas, baremación y adjudicaciones de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), con bolsa específica para enfrentar la emergencia habitacional.

También ante los instados por la Generalitat Valenciana o los Ayuntamientos, se ha solicitado la negociación de regularización de situaciones utilizando los criterios de la Resolución del 4 de abril del 2017. En este sentido se ha destacado desde Juntes per l’Habitatge el carácter de máxima urgencia de dar alternativa a los casos con riesgo de desahucios.

Intervención en el mercado de alquiler

Ante la subida desorbitada de los precios de los alquileres, Juntes per l’Habitatge ha instado a la Generalitat a la declaración inmediata de zonas tensionadas de manera que se regule el precio de los alquileres y permita empezar a bajar el enorme incremento de la última década.

Además, se ha señalado la necesidad de suspensión inmediata de la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico (VUT) y la eliminación del límite máximo de 10 días para ser consideradas VUT.

Ampliación del parque público

Para que realmente se pueda incidir en el actual desequilibrio entre oferta y demanda, la plataforma Juntes per l’Habitatge ha planteado la necesidad de la puesta a disposición de las Administraciones de todas las viviendas vacías.

Para ello se plantea, respecto a los grandes tenedores, la relación actualizada de todas las viviendas y procesos de inspección y sanción en aplicación completa y estricta del Decreto 130/2021 para la movilización de viviendas vacías. Y respecto a los pequeños tenedores, un programa de movilización de vivienda vacía a particulares con una campaña potente que impulse valores de solidaridad y hermandad social, garantizando precios justos, y garantizando también el cobro y el mantenimiento de instalaciones.

Fin al acoso inmobiliario y participación

Otra de las reivindicaciones ha sido la intervención urgente que ponga fin al acoso inmobiliario. Con actuaciones urgentísimas que acaben con agresiones a familias como las que están teniendo lugar perturbándoles el uso y disfrute de la vivienda, especialmente desde empresas antiocupación. También con la resolución del acoso de las denuncias presentadas en los PROP de la Generalitat.

Dada la gravedad de los problemas sociales vinculados a la vivienda y el incumplimiento que, tal y como señala Juntes per l’Habitatge, está afectando a miles de personas, se ha solicitado a la Generalitat que dé una respuesta a estas cuestiones en un plazo razonable, indicando además el motivo por el que se descartan estas medidas si es el caso.

Desde los movimientos sociales, vecinales y sindicales se ha señalado que es necesaria la participación efectiva de los colectivos y organizaciones sociales que están luchando por la vivienda, entre ellos quienes plantean alternativas territoriales