La Fiscal Superior valenciana alerta sobre las agresiones “en manada” por el “efecto devastador en la víctima”
La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, alerta contra el aumento de las violaciones grupales por el “efecto devastador” que tienen en la víctima. La fiscal superior ha comparecido este martes en las Corts Valencianes para presentar la memoria de las actuaciones de Fiscalía durante 2018, donde ha expresado su “preocupación” sobre esta cuestión.
Las llamadas “agresiones en manada”, un término recientemente acuñado, lamenta, son especialmente preocupantes por las secuelas que dejan en la víctima, a la que se pone en situación de “indefensión” y a menudo es grabada, denuncia la fiscal superior. A su juicio, esto implica una actitud “especialmente cobarde” por parte de los agresores, que se valen de la superioridad numérica.
La fiscal superior se ha mostrado preocupada por el aumento de los casos de violencia machista entre los jóvenes, con agresiones cada vez más tempranas. “La violencia de género entre los más jóvenes se ha incrementado 60 puntos”, ha alertado, señalando que la fiscalía de Valencia abrió 80 expedientes por agresiones sexuales en menores.
Delitos contra la libertad sexual
La memoria de Fiscalía recoge que en la Comunidad Valenciana en el año 2018 se incoaron 1.781 delitos penales en materia de libertad sexual, frente a las 1.479 del año anterior lo que supone un aumento del 17 %.
El documento señala que hubo 517 agresiones sexuales, lo que supone un aumento del 15,8% frente a las 435 del año anterior y 17 violaciones. También se registraron 617 delitos por abuso sexual, lo que supone un aumento del 35% frente a los 401 del año anterior; 21 abusos sexuales con acceso carnal, 282 abusos a menores de 16 años - un ligero aumento respecto de los 271 del año anterior-; 72 por acoso sexual y 76 por producción, distribución o tenencia de material pornográfico.
Modificaciones legislativas
La fiscal superior pide la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa a la obligación de declarar por razones familiares, ante “la imposibilidad de saber si se hace por temor, coacción o simplemente porque se es consciente de que lo denunciado no era cierto”, en casos de violencia de género.
Gisbert también ha pedido la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un máximo de seis meses de instrucción, para evitar, entre otras cuestiones la “impunidad” de los agresores en casos como el del acusado por el asesinato de Marta Calvo, al que ha calificado como “depredador asesino”.
