La factura de los becarios irregulares de la Generalitat Valenciana: de 400.000 a 1,5 millones por compensar a la Seguridad Social

CCOO PV considera que el golpe de la Inspección de Trabajo de Valencia a la política de becarios de Presidencia de la Generalitat puede costar a las arcas 1,5 millones de euros. Así lo explican en la convocatoria de rueda de prensa para este jueves en el que explicarán en qué situación se encuentran estas becas y el conflicto laboral que han iniciado con la administración valenciana.

Desde Presidencia explican que, según sus cálculos, las repercusiones económicas, básicamente cuotas atrasada a la Seguridad Social, no deberían superar los 400.000. Aún así, el Gobierno valenciano ha recurrido la resolución de la inspección de trabajo que considera que 28 becarios que hacía trabajos de comunicación en el Palau de la Generalitat son irregulares. Entienden que el concurso que sacaron para esta becas se adecúa a derecho y consiguió “objetivizar el acceso”, algo que el PP había eliminado.

El informe de CCOO, que revelará este jueves y no ha querido adelantar, ha molestado mucho en Presidencia de la Generalitat. Consideran en el equipo de Ximo Puig que los becarios tenían unos sueldos más que respetables, unos mil euros al mes, y que se les encargaba trabajo para que aprendieran el funcionamiento de un gabinete de prensa de primer nivel.

Presidencia ha defendido el trabajo de los becarios y ha asegurado siempre que existe un plan formativo que se respeta “escrupulosamente”. Según explicó el propio Ximo Puig, “esta es una cuestión que desde hace unas décadas se hace en la Presidencia de la Generalitat” y que “viene de muy atrás”, de hace tres décadas según el Consell, diez años según el sindicato denunciante, Comisiones Obreras. El sindicato se refiere a las bases de las becas, que datan de 2009.

El presidente informó de que los servicios jurídicos del Consell creen que “no se ha hecho incorrectamente”. Según Puig, estas becas han “servido a muchos jóvenes periodistas para poder ejercer” posteriormente en los medios de comunicación mediante “una vía razonable” que daba a los prestatarios, en algunos casos, incluso mejores condiciones que los contratos laborales de otros sitios.

La opinión de los expertos

Adrián Todolí, profesor e investigador en Derecho del Trabajo de la Universitat del València, culpa a la regulación de las becas de este tipo de problemas. “Lo que dice el Tribunal Supremo es que el becario no puede hacer nada productivo y eso no tiene sentido. El becario quiere trabajar para aprender”, asegura. Para este experto, que ha asesorado a la Unión Europea en su programa de becas dignas, no tiene ningún sentido que el becario cobre poco, no pueda hacer trabajo y no cotice a la Seguridad Social.

“Es cierto que está el contrato en prácticas, pero hace falta otra regulación para los becarios. Hay que defender a esos becarios, pero también a las empresas que necesitan seguridad jurídica y ahora no la hay”, sentencia.