Giro en el fraude en los cursos de formación: al banquillo una academia y una fundación de UGT por cobrar mordidas a un profesor
La lucha contra el fraude a gran escala que se continúa produciendo con el cobro de mordidas a los profesores que imparten cursos de formación financiados con fondos europeos puede tener un impulso inesperado gracias a un docente de Logroño. Una denuncia de este profesor por pagos irregulares a los que obligan algunas academias ha conseguido que el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño -con el apoyo de la Audiencia Provincial- siente en el banquillo por estafa a dos empresas y a la fundación de UGT Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por haber cobrado presuntamente estas “mordidas”.
Este juicio es muy importante para centenares de docentes que han tenido que devolver parte de su sueldo a las academias, como ha acreditado eldiario.es en grabaciones y documentos, porque les abre una vía para reclamar el dinero si la justicia lo acaba considerando una estafa. Hasta la fecha, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General del Estado investigan este presunto fraude por la vía de los posibles delitos de fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos combinados con falsedad documental o delito fiscal. En estos casos el docente nunca recuperaría el dinero que factura y que le obligan a devolver para seguir trabajando.
Así, el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño sienta en el banquillo a los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres; al exsecretario general de UGT La Rioja y exdiputado autonómico del PSOE José María Buzarra y a la empresa Cenformadu SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del sindicado. Los ya acusados se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel y les han fijado una fianza de responsabilidad de 203.000 euros. Estas penas las pide el abogado del profesor Roberto G. B., mientras la Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento a última hora después de haber acusado por malversación durante todo el proceso. La Abogacía del Gobierno de La Rioja también ha pedido el archivo.
El caso del docente riojano es muy similar a otros casos publicados en este periódico. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2012 cuando el profesor impartía cursos de formación financiados por la UE para el Servicio Riojano de Empleo a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT. La fundación a su vez subcontrataba a la academia Cenformadu. En uno de los cursos de soldadura que impartió el docente se le contrató para 955 horas y las dio. Pero solo cobró por 409. Las otras 546 las facturó y cobró el empresario de la academia ahora procesado Hipólito Merino con “la anuencia” de Buzarra, que es quien habría autorizado los pagos ocultándoselo al docente. Este modus operandi se realizó en otros cursos similares, según se desprende del escrito de acusación del profesor.
En otra ocasión, para conseguir las mordidas al profesor en los cursos de la fundación de UGT, la academia Ceformadu cobró al docente por el “uso del local y los equipos de soldadura”. Este espacio y herramientas a su vez habían sido arrendados previamente a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales para justificarlos ante la administración pública. Un modus operandi similar al que investiga la fiscalía de Alicante en algunos centros de la provincia denunciados por la Agencia Valenciana Antifraude para poder recuperar las presuntas mordidas. Estos pagos de alquileres se acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que no de las que realmente impartía el profesor.
En otro caso fue el empresario el que cobró directamente la mordida al profesor para mediar con Buzarra y la fundación de UGT para que volviera a ser contratado. El docente era contratado a 18 euros la hora pero en realidad tenía que facturar entre 40 y 50 euros, que es el precio oficial que se pagaba a los docentes en estos cursos para parados cofinanciados por la UE.
Desde UGT la Rioja han mostrado su sorpresa por la apertura de juicio oral porque consideran que “el sindicato no ha hecho nada mal” y que el caso es “una denuncia entre un profesor y la academia que lo contrataba”. Las mismas fuentes han expresado que están a disposición de la Justicia y “entregarán toda la documentación que se les reclame”.
Desde el sindicato señalan que desde 2015 ya no imparten formación y que tanto la fiscalía como la abogada de la comunidad autónoma han pedido el archivo del caso. “La fundación IFES subcontrataba a la academia, por lo que no entendemos por qué después de tantos años nos vemos inmersos en este proceso”, manifiestan.
