Dos juzgados investigan a funcionarios por un fraude millonario en los puertos deportivos de la Costa Blanca

Un juzgado de Instrucción de Benidorm y otro de Dénia y la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil investigan una trama de funcionarios de los puertos deportivos que gestiona el Gobierno valenciano y que podrían haber beneficiado a los negocios de empresas privadas, en algunos casos, saltándose la normativa medioambiental.

Esta semana, agentes del instituto armado han requisado información y expedientes de la Conselleria de Transparencia sobre el trabajo de los funcionarios investigados que ha realizado la inspección de servicio, según confirmó este departamento. Por su parte, la Conselleria de Vivienda explicó que la Guardia Civil ha solicitado expedientes sancionadores de los puertos de Calp y Dénia en los años 2004 a 2007, en la etapa de gobierno del PP. Ambas consellerias aseguran que han entregado o entregarán rápidamente la información solicitada.

El juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm está investigando un presunto trato de favor de los funcionarios a empresas en el puerto deportivo de esta localidad de la Marina Baixa. Entre otras situaciones comprometedoras, estos funcionarios habrían permitido que una empresa que transporta turistas entre la ciudad de la Costa Blanca y su isla ocultara las cifras reales de movimiento de personas con el correspondiente beneficio económico irregular. En concreto, habrían podido no declarar 260.000 pasajeros, cuyos beneficios no fiscalizados habrían sido de 2,6 millones al año, según la denuncia inicial que ha motivado todas las pesquisas de la Asociación Costa Blanca Marina.

Por su parte, otro juzgado de Dénia investiga también la actuación de estos funcionarios en los puertos deportivos de Dénia y Calp. En este caso, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La Guardia Civil se está incautando de documentación sobre los responsables públicos, entre ellos un informe de la Inspección de Servicios. La acusación ha pedido que las dos causas se unifiquen en un mismo juzgado en Alicante o Valencia, aunque no han obtenido respuesta.

De momento, los funcionarios investigados en estas causas son tres, el celador del puerto de Benidorm, Fernando Piris; el ingeniero técnico responsable de los puertos de Alicante, Agustín Lloret, y el jefe de Explotación de Puertos de la Generalitat

Valenciana, Julio Mariano Marín Sánchez. Todos ellos fueron cargos que accedieron a sus puestos en 1999. En el caso de Marín fue nombrado en un puesto de confianza

por el exconseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena.

Su presunta falta de diligencia habría permitido también delitos medioambientales aunque, fuentes de la investigación, no descartan que tras las pesquisas se acaben imputando hechos mucho más graves tratándose de enclaves estratégicos como son los puertos y sus comunicaciones con pequeñas islas.

De hecho, el dinero que se ha movido en estas instalaciones es muy importante. Como ejemplo la subasta de una caseta en el puerto de Benidorm. Una empresa de las investigadas que gestionaba esta instalación por 2.000 euros al año llegó a pagar 80.000 por la misma cuando se sacó a concurso público tras la denuncia inicial de sus competidores. ¿Por qué este interés en mantener este punto en el recinto portuario?

Paralelamente a la investigación penal, la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios ha investigado a estos funcionarios en su relación con los puertos de Dénia, Benidorm y Calp. En su informe fechado el pasado 16 de octubre y que ya obra en la causa, los inspectores del Gobierno valenciano (una especie de asuntos internos) concluyen que la actuación de los funcionarios es “poco rigurosa” y está “llena de dudas y lagunas”. Esta policía de los servidores públicos reclama a la Conselleria de Vivienda -donde están adscritos los puertos deportivos- que actúe contra estas personas por si pudiera haber una falta disciplinaria.

En 2016, estos funcionarios ya fueron investigados por Vivienda pero concluyó que no había motivos para abrir un expediente. Ahora tendrán que volver a iniciar el procedimiento a petición de la inspección de servicios.

El informe de la inspección, que tiene más de 70 páginas y que también fue requisado por la Guardia Civil, detalla de manera pormenorizada los posibles tratos de favor a algunas de las empresas, en concreto a Cerbuques y Excursiones Marítimas Benidorm.

Los inspectores concluyen que los funcionarios habrían beneficiado a estas sociedades por “falta de transparencia” lo que habría impedido la libre competencia con otras mercantiles que también quieren utilizar las instalaciones deportivas. Esto habría permitido obtener importantes beneficios a las sociedades también investigadas.