Los hospitales privados reclaman al Gobierno valenciano 10 millones de euros por su intervención durante el estado de alarma
La emergencia sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19 obligó al Gobierno valenciano, entre otras muchas medidas, a limitar la actividad de los hospitales privados en previsión de que algún departamento de salud de la Comunitat Valenciana pudiera necesitar de sus recursos, principalmente camas en planta o en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con el objetivo de garantizar la atención asistencial.
Fue el 13 de marzo de 2020 cuando el pleno del Consell aprobó un decreto con un paquete de acciones encaminadas a evitar el colapso de la sistema de salud público valenciano ante la expansión del coronavirus, en el que se incluyó la “puesta a disposición del Sistema Valenciano de Salud de medios y recursos sanitarios de Diputaciones, Ayuntamientos, mutuas de accidentes y trabajo y de centros y establecimientos sanitarios privados durante el tiempo que sea necesario”.
De hecho, solo durante la primera ola de la pandemia la Conselleria abonó 6 millones de euros a los centros privados como consecuencia de las derivaciones realizadas desde el sistema público.
Ahora, pese a la situación extraordinaria y dramática que se vivió, los hospitales privados han reclamado a Sanidad por la vía del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una indemnización en concepto de lucro cesante, al considerar que esta intervención les impidió desarrollar su actividad con normalidad y por lo tanto les supuso pérdidas económicas.
En total, según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, hasta ahora se han presentado reclamaciones por valor de 10,2 millones de euros.
Las empresas que han presentado denuncia son las siguientes: Hospital 9 de Octubre VITHAS; VITHAS Alicante, SL; hospital Valencia al Mar VITHAS SLU; hospital Rey Don Jaime SLU; hospital Virgen del Consuelo NISA SA; hospital Intermutual del Levante; y hospital Clínica Benidorm, Centro Médico Salud Baleares.
La Comunitat Valenciana no es la única a la que la sanidad privada ha puesto este tipo de reclamaciones. En Galicia, 10 de los 12 centros privados se han agrupado en Ahosgal para presentar su recurso.
En su escrito ante la justicia aseguran que durante el estado de alarma se les obligó a estar a disposición del Sistema Público de Salud, con todos sus medios “personales y técnicos al completo”, y que, como consecuencia de lo anterior, no pudieron desarrollar su actividad normal porque el Servizo Galego de Saúde es obligó a “suspender o aplazar” su actividad programada.
Para alcanzar una cifra sobre la que plantear su reclamación, Ahosgal encargó un informe forense a la consultora KPMG. La conclusión de ese estudio se traduce en los 13,3 millones de euros que se calculan como lucro cesante por la puesta de los centros al servicio del bien público.
2