La justicia valenciana falla contra Airbnb: 30.000 euros de multa por no incluir el número de registro de sus alojamientos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València ha desestimado el recurso interpuesto por la plataforma de alquiler turístico Airbnb Marketing Services contra la sanción interpuesta por Turisme Comunitat Valenciana.

En concreto, la empresa demandante solicitaba la nulidad de la resolución sancionadora de 30.000 euros por publicitar y comercializar por Internet alojamientos turísticos sin hacer constar el correspondiente número de registro.

Sin embargo, el juzgado ha dado una vez más la entidad dependiente de la Generalitat Valenciana.

Cabe recordar y tener en cuenta que ya existe jurisprudencia al respecto puesto que esta es la cuarta vez que la Generalitat gana un recurso de estas características en los tribunales.

En concreto, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ya se pronunció el pasado 23 de noviembre de 2017 a favor de la Generalitat desestimando el recurso presentado por la empresa Homeaway, sentencia que se repitió hace ahora un año ante el recurso interpuesto por Rentalia, y el mes pasado por la plataforma Windu.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha explicado que “es la cuarta vez que los tribunales se pronuncian a favor de nuestra capacidad sancionadora ante aquellos que no cumplen la ley, y en este caso ha sido frente a un gigante global como es Airbnb”.

Colomer se ha mostrado muy satisfecho ante esta cuarta resolución judicial “ya que reafirma nuestro propósito en la lucha contra la competencia desleal y la oferta no reglada en el sector turístico” y ha añadido que “las grandes plataformas de alquiler de viviendas turísticas globales que operan por Internet deben acatar sus responsabilidades ante las graves consecuencias de una economía sumergida que perjudica al sector”.

En este sentido ha subrayado que “la lucha contra el intrusismo es un deber que está reflejado en nuestra Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad, porque debe entenderse que en la Comunitat Valenciana hay que respetar al empresario reglado, al que da la cara y genera ocupación, imagen y reputación”.

Además, ha recordado que en los últimos cuatro años se han regristrado cerca de 50.000 nuevas viviendas y ha apuntado que “es una cuestión de disciplina pero también de pedagogía, de entender que el consumidor debe escoger un alojamiento reglado, que es el que garantiza derechos”.

Finalmente ha destacado que “es una buena noticia que nos anima a continuar conjurándonos contra el fenómeno del instrusismo” y ha advertido que “continuaremos abriendo expedientes a todas aquellas plataformas que no subsanen en sus practices irregulares y sigan comercializando viviendas sin registro”.