El juzgado impone una multa de 1.260 euros a los cuatro activistas acusados por el desalojo de Forn de Barraca

Barricada montada por los activistas para cortar los accesos al Forn de Barraca

Europa Press

València —

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El Juzgado de lo Penal número 6 de València ha condenado a los cuatro activistas que se opusieron al desalojo de Forn de Barraca, centenaria alquería expropiada y derribada por las obras de la autovía V-21 de Valencia, al pago de una multa de 1.260 euros.

El Forn de Barraca, edificio histórico de l'Horta que arrasará la V-21, empieza a ser derribado con custodia de la Guardia Civil

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Así se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez condena a una de las activistas como responsable de un delito de resistencia, mientras que estima que los otros tres condenados cometieron un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2018, cuando la Administración pública ocupó a título de expropiación la finca ubicada en Alboraia para realizar las obras del proyecto de ampliación a tres carriles del tramo Carcaixent-Valencia de la V-21, declaradas urgentes por acuerdo del Consejo de Ministros, según se desprende de la resolución, contra la que cabe interponer recurso de apelación.

La actuación de la Administración y la necesidad de demoler la casa, en estado de abandono, provocó el rechazo de diversas plataformas cívicas y ciudadanos no identificados que, en fecha 18 de septiembre de 2019, accedieron al inmueble y permanecieron en él de forma ininterrumpida con la finalidad de evitar su demolición, obstaculizando los dos caminos de acceso a la finca mediante colocación de barricadas.

Así mismo, estas personas, según consta en la sentencia, causaron desperfectos de consideración en maquinaria utilizada por la empresa adjudicataria. También llevaron a cabo diversas conductas disruptivas que interfirieron en la ejecución de las obras.

En el marco de este contexto, tres de los condenados, mayores de edad y sin antecedentes penales, y otro condenado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, en fecha no determinada pero al menos varias horas antes de las 6 del día 27 de septiembre de 2019, fecha prevista para el desalojo del inmueble, se adentraron junto con otras personas en la parcela “con la finalidad señalada, cerrando la puerta de acceso mediante la colocación de un candado”.

Personadas diversas patrullas de la Guardia Civil con la finalidad de proceder al desalojo, tras eliminar el candado mediante uso de una cizalla, se identificó en la zona no techada del interior de la alquería a diversas personas, entre las que se encontraba una de las condenadas, quienes fueron desalojados con el uso de la fuerza mínima indispensable.

Mientras un agente acompañaba a la condenada hacia la salida, ésta, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y consciente del probable menoscabo la integridad física del Guardia Civil, se lanzó al suelo y comenzó a propinar patadas, llegando a impactar una de ellas en la rodilla derecha de agente que, sin embargo, no llegó a sufrir lesiones al encontrarse protegido por rodilleras.

Los restantes condenados, actuando de mutuo acuerdo y con idéntica finalidad, se adentraron en el interior de la vivienda y bloquearon las dos puertas de acceso a la casa mediante la colocación de neveras y cubos llenos de material pesado.

Posteriormente, mientras uno de ellos se ataba a la reja de la ventana contiguo al balcón del primer piso, haciendo uso de cuerdas y mosquetones, los otros dos condenados accedieron al tejado de la vivienda desde el patio interior mediante una escalera portátil que retiraron para impedir que la fuerza actuante pudiera acceder a éste.

Diversas patrullas de la Guardia Civil accedieron al interior de la vivienda tras desbloquear las puertas mediante cizallas, mazas y palancas, y consiguieron realizar un butrón en la primera y aperturar la segunda en su totalidad.

Los agentes actuantes desde las 6.10 horas hasta las 9.15 horas requirieron de forma sucesiva a los condenados a fin de que depusieran su actitud, descendieran hasta la planta baja y facilitaran el desalojo. Estos desoyeron sus requerimientos a pesar de las advertencias y mantuvieron de forma persistente su conducta obstruccionista, haciendo necesario el desplazamiento del Grupo Especialista de Intervención de Montaña (GREIM) y de componentes del Cuerpo de Bomberos con la finalidad de proceder al desalojo en condiciones de seguridad.

A las 9.10 horas y a las 9.25 horas, respectivamente, dos componentes del GREIM ascendieron mediante plataforma del camión de bomberos hasta la altura donde se encontraban los condenados y los trasladaron a suelo firme, donde fueron identificados y detenidos por diversas patrullas de la Guardia Civil. Los gastos ocasionados por el desplazamiento de los vehículos de bomberos implicados y del personal que intervino en el rescate de los acusados ascendió a la cantidad de 329,66 euros.

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