El PSOE denuncia en Bruselas las instrucciones de Ribera Salud que priorizan el beneficio económico sobre los derechos de pacientes

La eurodiputada socialista Leire Pajín ha denunciado ante la Comisión Europea las instrucciones internas del Hospital Universitario del Vinalopó “para priorizar criterios económicos por encima de los derechos de los pacientes”. En una pregunta dirigida al ejecutivo comunitario, Pajín señala “el riesgo de vulneración del derecho de los pacientes” en este centro sanitario de gestión privada, que opera el grupo Ribera Salud, y pregunta si son compatibles con “el alto nivel de protección de la salud humana que exige el Tratado de Funcionamiento de la UE”.

Además, el texto, suscrito también por la eurodiputada valenciana Sandra Gómez, pide a la Comisión que se pronuncie sobre la prórroga de la concesión del hospital “sin realizar una auditoría externa” y “sin lanzar previamente una licitación”, lo que podría vulnerar las normas “sobre revisión y prórroga de las condiciones contractuales” establecidas por la normativa europea. También pregunta al ejecutivo sobre cómo monitoriza “que los proveedores sanitarios del sector privado que operan bajo concesiones públicas cumplan estrictamente con los objetivos de la Unión relativos a la salud pública”.

Pajín, que es miembro de la Comisión de Salud Pública de la Eurocámara, ha denunciado además, en otra pregunta, “las crecientes desigualdades en el acceso a tratamientos oncológicos de calidad en la Comunidad Valenciana”, y se ha referido concretamente al “retraso significativo” en la entrega y puesta en servicio de equipos de radioterapia esenciales para la atención del cáncer en dos hospitales de la región. La eurodiputada señala un retraso de más de dos años en la entrega de dos aceleradores de electrones móviles destinados al tratamiento de cáncer de mama.

Por estos motivos pide a la Comisión Europea información sobre “cómo monitoriza las desigualdades regionales en el acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer, y qué medidas está tomando para abordar esta cuestión”. Además, ha preguntado por “los instrumentos disponibles para que la Comisión actúe cuando los procedimientos de contratación pública de dispositivos médicos, sujetos al Derecho de la Unión, deriven en retrasos significativos que puedan poner en peligro la equidad en la atención”.

Esta pregunta ha sido suscrita también por los eurodiputados Sandra Gómez López y Nicolás González Casares.