¿Qué hace ese chalet en este barranco? La difícil convivencia entre el urbanismo y el riesgo de catástrofes
Mientras los expertos aún debaten si la magnitud de esta última gota fría o DANA tiene que ver con el cambio climático, los datos de los planes territoriales reflejan una evidencia: los mapas de peligrosidad ya advertían del riesgo de inundación en localidades como las de La Vega Baja y Ontinyent, en la Vall d'Albaida, especialmente afectadas por el agua. La última DANA (depresión de aire frío en niveles altos) causó tormentas catastróficas en esa comarca del sur de Alicante, limítrofe con Murcia, y en localidades del interior valenciano de las que aún se están recuperando sus habitantes.
En la ciudad de Orihuela, una de los más devastadas, se superaron los 400 litros por metro cuadrado en el temporal de la pasada semana y la comarca se convirtió en un auténtico barrizal. Tuvo que intervenir el Ejército, hay dos víctimas mortales (seis entre todas las comunidades afectadas), decenas de personas fueron rescatadas, la estimación de los daños materiales ronda los 1.500 millones de euros y el Gobierno autonómico ha pedido la declaración de zona catastrófica.
Según los datos de las confederaciones hidrográficas, casi 300 municipios valencianos –más de la mitad de la comunidad autónoma– tienen riesgo de inundación. El Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova) delimita las zonas inundables y los niveles de peligro en base a diversos estudios que tienen en cuenta las cuencas de los ríos, la extensión del terreno, la cartografía y los datos históricos.
Estos planes terminan por conformar unos mapas de riesgo y dibujan aquellas zonas con especial peligro. Con los datos disponibles en la web del Instituto Cartográfico Valenciano, ya se advierte en un más que visible color rojo el riesgo para las poblaciones de la Vega Baja y otras tantas localidades de ver sus calles inundadas.
El plan autonómico fue aprobado en 2003 con el gobierno del Partido Popular y revisado en 2015 con el Ejecutivo del PSPV-PSOE y Compromís. El documento clasifica como zonas no urbanizables –con algunas excepciones en cuanto a infraestructuras– aquellas en alto riesgo de inundación.
No obstante, se plantean varios problemas: de un lado, que muchos municipios son anteriores a estas evaluaciones -el plan de 2003 fue el primer instrumento autonómico que limitaba la construcción en zonas inundables, aunque no exime a la administración de tomar medidas preventivas- y, de otro, la especulación urbanística y la construcción ilegal, que durante años han ido campando a sus anchas en determinados municipios. Algunos políticos como Carles Mulet, senador de Compromís, añaden responsabilidad a las confederaciones hidrográficas, a las que llevan meses instando a intensificar la limpieza de los barrancos para minimizar los daños causados por las riadas.
Los expertos consultados por eldiario.es coinciden en responsabilizar de parte de los males a la especulación urbanística y la falta de control en el cumplimiento de la normativa. Desde Ecologistas en Acción, Santiago Barajas explicaba que “en la costa mediterránea, la voracidad urbanística que ha imperado en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI ha hecho que no se paren a pensar en los cauces antes de construir, de forma que hay viviendas, incluso urbanizaciones caras, que están en riesgo de inundación”. En la Comunitat Valenciana, 600.000 personas viven en zonas con riesgo de inundación, según el Patricova.
La pregunta que ronda algunas mentes es bastante obvia: ¿Por qué se permite la construcción de chalets o viviendas en zonas inundables?
