Unides Podem, PSPV y Compromís coinciden en limitar la publicidad del juego y las salas, pero difieren en la distancia entre salas

Los partidos que sustentan al Gobierno progresista coinciden en limitar la publicidad del juego, un mayor control de acceso para menores en las casas de apuestas y alejarlas en la medida de lo posible de los centros educativos. Los tres grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han presentado por separado sus enmiendas a la Ley del Juego que tramitan las Corts Valencianes y muestran algunas divergencias.

Finalizado el plazo para presentar modificaciones a la ley, los principales desencuentros se hallan en la distancia mínima que separe locales de juego de los centros y entre sí mismos, así como en de qué manera puede limitarse la publicidad del juego.

Unides Podem propone que se equipare la normativa publicitaria a la del tabaco -prohibida en medios de comunicación- y Compromís que se retire la publicidad institucional a los medios que emitan anuncios relacionados con el juego, como ya sucede con la publicidad de prostitución. El PSPV apoya esta medida y por su parte añade incentivos fiscales y económicos para aquellos medios y clubes deportivos “que decidan no financiarse mediante empresas que inciten al juego”.

Por parte de la distancia también hay controversia. Unides Podem reclama un mínimo de 500 metros entre establecimientos del juego para evitar su concentración y que estén a un kilómetro de los colegios, la misma distancia que demanda Compromís hacia centros educativos y entre sí, mientras que el PSPV plantea que sea de 700 metros y que la distancia entre locales se evalúe según el caso. El plan del conseller de Hacienda, de quién depende la norma, es “evitar mini-Las Vegas”, concentraciones de juego llamativas para el consumidor.

Los socialistas centran algunas medidas en la cuestión impositiva y proponen establecer que en ningún caso la base imponible podrá ser inferior al 30% del importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego, con el objetivo de que se reduzca el volumen de premios y así desincentivar la actividad.

Por su parte, Ciudadanos reclama la elaboración de un programa para la prevención del juego patológico en el plazo máximo de 12 meses con el objetivo de dar tratamiento unitario y coordinado a las medidas a aplicar para desincentivar los hábitos y conductas patológicas relacionados con el juego, con especial atención a los sectores más vulnerables. El partido reclama que se destine como mínimo un 1,5 por ciento de la recaudación por los tributos del juego a políticas concretas para garantizar un juego responsable y para prevenir la ludopatía y otras adicciones relacionadas.

Los populares han presentado una enmienda a la totalidad a la Ley del Juego porque consideran que “se olvida de la lucha contra la ludopatía” y la considera un calco de la anterior, que no ha tenido en cuenta las aportaciones presentadas antes de que se disolvieran las Corts Valencianes.