Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta que regulariza la apropiación de unos terrenos por parte de la Iglesia

La Agencia Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta entre el consistorio y el obispado que implica ceder a la Iglesia unos terrenos que se apropió de forma irregular hace 20 años. El ayuntamiento, uno de los baluartes del PP en la Comunitat Valenciana, buscaba con la permuta resolver el incumplimiento de un acuerdo suscrito en 1999 entre el consistorio y la diócesis para la ampliación de un colegio concertado y evitar un juicio con la Iglesia. La apropiación irregular, denunciada por la oposición, se remonta al mandato de la hoy secretaria general del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, entonces concejala de Urbanismo y Patrimonio en Orihuela, bajo cuya gestión venció el acuerdo que desencadenó una serie de reclamaciones cruzadas.

El Ayuntamiento de Orihuela suscribió en 1995 un acuerdo con la diócesis de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante para crear un campus en el municipio de La Vega Baja, según el informe municipal al que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro años después, en 1999, un centro educativo religioso –el colegio diocesano Santo Domingo– solicitó una cesión de los terrenos enmarcados en el primer acuerdo, a la vez que el centro educativo pasó a ser concertado con el visto bueno de la Generalitat. Los terrenos contiguos al colegio fueron cedidos a cambio de que la diócesis se comprometiera a urbanizar y edificar en el plazo máximo de cinco años. En caso contrarío debería retornarlos. Además, en 2004, otro colegio diocesano –el Oratorio Festivo San Miguel– ocupó unos terrenos del ayuntamiento sin autorización para construir unas pistas deportivas, terrenos que el ayuntamiento ha incluido en la propuesta de permuta. El ayuntamiento popular, denuncia la oposición, no levantó ni un acta por infracción urbanística.

En 2012, con la entrada de Los Verdes en la alcaldía con el apoyo del PSPV y Centro Liberal Renovador –una agrupación municipal–, el ayuntamiento requirió a la diócesis y al Colegio Santo Domingo que devolvieran a la Administración las fincas, una petición que reiteró un año después. El colegio respondió que no había terminado la construcción de las aulas y el obsipado planteó una propuesta de permuta, reconociendo, según el informe, que una de las parcelas forma parte de las pistas deportivas del centro educativo. El ayuntamiento insistió en repetidas ocasiones en que el acuerdo se había incumplido y exigió la reversión de los terrenos, exigiendo además a la Iglesia que “procediera a la inmediata rectificación de la inmatriculación de la finca”. En 2015, el Ayuntamiento dio por extinguido el derecho de superficie que había otorgado a la diócesis de Orihuela-Alicante, que interpuso dos años después un recurso en los tribunales.

De nuevo con un gobierno popular, liderado por Emilio Bascuñana, ayuntamiento y obispado acordaron parar el proceso judicial y se reactivó la idea de una permuta para resolver el entuerto. El acuerdo establece que la diócesis se desprenderá de la Iglesia de San Agustín –en estado semirruinoso, según la oposición– y a cambio, el Ayuntamiento cede dos fincas, una parcela que ya está ocupando el centro educativo y 42.000 euros en efectivo por la diferencia de valor.

La oposición municipal, compuesta por PSPV, Compromís y Cambiemos Orihuela, reclamó en marzo de 2019 que se paralizara el acuerdo y planteó sus dudas sobre la valoración económica. La portavoz socialista, Carolina Gracia, denunció en el pleno que el acuerdo era perjudicial para el municipio y añade a este diario que “es una operación que no se debió realizar nunca. El Ayuntamiento tuvo que actuar desde el principio”, expresa sobre la concejalía que dirigía Ortiz, también teniente de alcalde. El entonces portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, denunció que se estaba “regalando” suelo público al obispado, un suelo del que se había “apropiado irregularmente” al incumplir el acuerdo de 1999. Ciudadanos, socio de gobierno del PP, también pidió paralizar la permuta a la espera de poder analizar toda la documentación. El propio responsable de Ciudadanos, partido que hoy ostenta responsabilidades en Urbanismo, reconoce en un artículo de opinión en un diario local que la Iglesia tienen ocupadas dos parcelas que no le corresponden.

La permuta quedó paralizada dadas las alertas de la oposición, pero el concejal de Urbanismo, José Aix, emitió en noviembre un comunicado tras un encuentro con responsables del obispado y del centro educativo para “desbloquear y solucionar esta situación urbanística”. El expediente está en la Agencia Antifraude a la espera de una resolución.