Archivada la querella del PP contra Soler (PSPV) por presunta prevaricación en la venta de suelo municipal
La Justicia ha archivado la querella del Partido Popular contra Alejandro Soler por la venta de suelo municipal a Hospimar en Elche Parque Empresarial cuando fue alcalde de Elche (2007-2011). El sobreseimiento provisional se ha comunicado a las partes el mismo día que el también secretario general en Elche y hombre fuerte de Pedro Sánchez en la provincia de Alicante ha tomado posesión de su cargo como diputado nacional en el Congreso de los Diputados y llega a menos de dos semanas de la celebración de las elecciones locales.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha concluido este lunes que no han quedado “debidamente acreditados los hechos” que ha tratado de imputar la número 2 del PP valenciano Eva Ortiz contra Soler por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, así como contra los exregidores socialistas en esa etapa Alejandro Pérez, Emilio A. Martínez y Federico Buyolo, quien fue designado tras la moción de censura que ganó el PSOE director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, la exconcejala de Esquerra Unida, Àngels Candela, y dos técnicos municipales.
La querella del PP presentada a finales de 2018 ponía en duda la venta de una parcela municipal durante el mandato como alcalde de Soler en el Ayuntamiento de Elche (2007-2011) a Hospielche, filial de Hospimar -sociedad que controla Imed Hospitales- supuestamente por “un precio muy inferior al de mercado” para la construcción de un hospital del grupo Imed. Sin embargo, la magistrada juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche Inmaculada Gabarrón ha establecido que “resulta evidente” que no se cometió malversación de caudales públicos ya que la parcela 72.1A “no se vendió por un precio inferior al valor de mercado como sostiene la acusación particular, más al contrario la parcela 72.1A vendida a Hospielche fue vendida a un precio superior al de la valoración de la totalidad de la parcela que se segregó”.
A estas conclusiones ha llegado la magistrada tras escuchar a los querellados en calidad de investigados en unas declaraciones que tuvieron lugar poco antes del inicio de la campaña para las elecciones nacionales, a las que concurría Soler como número 3 del PSPV-PSOE por la provincia de Alicante. Con la “extensa documental aportada”, recuerda el auto, ha quedado acreditado que el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, empresa mixta del Ayuntamiento de Elche, vendió las distintas parcelas y en concreto de la cuestionada parcela 72.1A por 3.000.900 euros, con una superficie de 15.004,36 metros cuadrados, cuando toda la parcela 72.1 con una superficie mayor, de 26.756,11 metros cuadrados “se valoró por un técnico municipal en 2.083.072,19 euros y por una sociedad de tasación en 2.053.339,26 euros, es decir, que se vendió por un precio muy superior.
Con respecto a la querella por prevaricación administrativa, el auto establece que “las diligencias obrantes en autos no se desprende indicio alguno de prevaricación administrativa, pues la parcela objeto de controversia 72.1 A, no fue la única aportada al capital social de Pimesa por parte del Ayuntamiento de Elche, constando ventas directas a Tempe, cuatro meses antes, en concreto en fecha 30/06/2008, también a Mustang. Además, consta en autos informe del Ayuntamiento de fecha 4 de diciembre”, que acredita, según magistrada, “la legalidad de la referida ampliación de capital, haciéndose constar además la limitación de destino que afectaba a las fincas, uso de interés general o de utilidad pública”.
Reacciones
El archivo de la denuncia ha llevado al portavoz de la agrupación socialista de Elche, Ramón Abad, a acusar al candidato a la alcaldía de Elche por el PP, Pablo Ruz, de ser el “instigador de la querella contra Alejandro Soler”; “debe pedir disculpas por manchar su honor o quedará inhabilitado para seguir siendo aspirante a la alcaldía de Elche”, ha añadido Abad.
Con su imputación y declaración en sede judicial, el PP local insistió en que Soler no debía concurrir a las elecciones como candidato. Ahora, los populares tienen tres días para presentar recurso contra la resolución, que no es firme, o cinco días en el caso de recurso de apelación.
