Una batería de medidas legislativas para luchar contra la precariedad en el turismo valenciano

El cambio de modelo productivo es un tema recurrente entre los partidos que componen el Gobierno del Botánico -PSPV, Compromís, y Unides Podem- y que cuesta materializar. Desde el inicio de la primera legislatura, las fuerzas que firmaron el acuerdo progresista manifestaron un compromiso con revertir reformas de carácter laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores e impulsar una agenda normativa hacia la economía sostenible. En uno de los territorios más empobrecidos de España y en el que el sector turístico y hostelero tiene gran impacto en el empleo, los partidos han puesto el foco en desprecarizar el sector, parcela por parcela.

En diciembre de 2020, el Observatorio del Trabajo Decente encargó un informe al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para radiografiar el sector. El estudio cifró el peso del sector hostelero, alojamientos turísticos incluidos, en un 6% del valor agregado bruto de la economia valenciana y en un 8,5% del empleo de la autonomía. La temporalidad era otro factor destacable, con un 42% frente al 27,9% en la media del resto de sectores, buena parte de ella no deseada, con cifras anteriores a la reforma laboral. El informe apuntaba además que en el caso de las mujeres, el 10% de las cuales está empleada en este sector, pese a tener niveles de estudios más altos, los salarios son más bajos y aumenta la jornada parcial “involuntaria”.

El Gobierno valenciano y el Parlamento autonómico trabajan en una batería de medidas para revertir esta situación, complementando la reforma laboral aprobada por el Ministerio de Trabajo. Este mes entra en vigor la vinculación de las ayudas públicas a empresas turísticas con la mejora de las condiciones laborales, una medida se planteó por Compromís el pasado noviembre en el debate de Presupuestos como forma de incentivar buenas prácticas en el sector. La modificación legislativa aboga por introducir criterios de dignificación laboral en las bases reguladoras de las ayudas públicas que reciben las empresas del sector y prima a las que tengan salarios por encima del convenio, contratación indefinida y mejoren los planes de formación y seguridad laboral.

Una medida similar se pondrá en marcha con la aprobación del decreto de cláusulas sociales en la contratación pública. La norma, que depende de la Conselleria de Participación y Calidad Democrática, establece que la Administración priorizará en la contratación y en las subvenciones a las empresas que incorporen a colectivos excluidos del mercado de trabajo . Aunque no está planteada para el sector turístico sino para la contratación en general, la medida incorpora el aspecto de la calidad laboral, la calidad laboral, se premiando en la puntuación a las empresas con salarios superiores a los del convenio colectivo, contratación indefinida y formación laboral continuada.

En el ámbito de las kellys, uno de los colectivos más precarizados y que más ha denunciado su situación, el ejecutivo autonómico prevé en mejorar las condiciones a través de la Ley de Igualdad. El anteproyecto, aprobado hace unas semanas por la vicepresidenta Aitana Mas, incorpora al turismo como sector en el que aplicar políticas contra la feminización de la pobreza y las brechas salariales de género, poniendo el foco en las trampas de las subcontrataciones. El proyecto normativo establece que las empresas hoteleras que quieran optar a subvenciones públicas no puedan externalizar los servicios de cocina, limpieza y lavandería. Si lo hacen, tampoco podrán participar en los procedimientos de contratación pública.

En el último curso político antes de las elecciones, las Corts Valencianes debatirán la propuesta de establecer una tasa turística, municipal y voluntaria para los ayuntamientos, que grave las pernoctaciones hoteleras para revertir lo recaudado sobre el sector. El tributo se destinará a políticas de “turismo sostenible”, entendiendo, también, la perspectiva laboral. Así, con los condicionantes en la contratación pública y un nuevo gravamen, los grupos que suscriben el Acuerdo del Botánico pretenden que la recuperación económica llegue a los sectores más machacados por la crisis.