Oltra plantea en la ley de Igualdad que las trabajadoras de limpieza y comedor sean empleadas públicas

La ley de Igualdad valenciana quiere utilizar todos los mecanismos al alcance de las competencias autonómicas para reducir las brechas entre hombres y mujeres. El anteproyecto de ley que coordina Mónica Oltra estructura sus acciones en el reconocimiento del trabajo de cuidados, la brecha salarial, los usos del tiempo y la corresponsabilidad y las nuevas masculinidades, con una serie de incentivos para tratar de revertir las dinámicas desiguales.

El proyecto legislativo, presentado este jueves, enfoca una serie de acciones hacia los espacios más precarizados y más feminizados: el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, sea desde el hogar o desde los sectores públicos. La norma prevé obligar a todos los servicios públicos que componen el Estado de Bienestar a incorporar a su plantilla el trabajo de limpieza, alimentación y lavandería, externalizados en su mayoría. Si el texto pasa todos los filtros legislativos, los hospitales, colegios o centros sociales tendrán que contratar directamente al personal que se encarga de mantenerlos, la mayoría mujeres, como una pieza más del sistema. La dirigente ilustraba la medida con el ejemplo de un quirófano, donde, ha recalcado, tan importante es el cirujano como la persona que limpia el material y la sala. La diferencia, ha explicado, es que actualmente uno forma parte de la Administración pública y el otro -generalmente, la otra-, está subcontratado por una empresa, con una notable reducción de salario.

En la misma línea, se aborda la cuestión de las kellys, uno de los sectores con peores condiciones laborales. En el campo turístico, la norma prevé que las empresas hoteleras que quieran optar a subvenciones públicas no puedan externalizar los servicios de cocina, limpieza y lavandería. Si lo hacen, tampoco podrán participar en los procedimientos de contratación pública.

El departamento de Oltra condiciona el acceso a ayudas y subvenciones públicas al cumplimiento de unos requisitos mínimos de igualdad. Las empresas con más de 50 personas trabajadoras que quieran contratar con la Administración o recibir fondos públicos deberán publicar sus tablas salariales por género y edad, una herramienta de transparencia para reducir las diferencias salariales en el mismo puesto de trabajo.

El anteproyecto incluye medidas de discriminación positiva para el género infrarrepresentado, estableciendo que, en el caso de existir igualdad de capacitación, se deberá dar prioridad al sexo infrarrepresentado en aquellos cuerpos, niveles y categorías de la Administración en los cuales su representación sea inferior al 40%. La norma, ha apuntado Oltra, supone “una apuesta por una igualdad real entre hombres y mujeres”, que permita tanto la incorporación de mujeres a profesiones tradicionalmente masculinizadas, como la presencia de hombres en espacios mayoritariamente feminizados, además de introducir un módulo sobre igualdad de género en aquellos ciclos de formación profesional donde los hombres son mayoría.

Asimismo, se contempla aplicar una bonificación fiscal a las empresas que incluyan medidas de compensación positiva al género infrarrepresentado, y en el ámbito de la corresponsabilidad se propone ampliar la universalidad a toda la red de 0 a 3 años, atención extracurricular complementaria en infantil y primaria y la promoción de la provisión universal y pública de los cuidados a través del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El proyecto también fija que el Consell, que actualmente tiene más hombres que mujeres, sea paritario por ley.