El Gobierno valenciano primará a las empresas que incorporen a colectivos excluidos en la contratación pública y las subvenciones

Las empresas que quieran recibir dinero público, ya sea a través del régimen de contratación o de subvenciones, tendrán que aplicar unos criterios mínimos de responsabilidad social. El decreto de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, que elabora la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, establece la incorporación de cláusulas éticas en los contratos de la Generalitat Valenciana y su sector público instrumental, aumentando la puntuación para las empresas que los cumplan.

El proyecto normativo emana de un pacto con la patronal valenciana y los principales sindicatos en la Mesa de Diálogo Social y supone la incorporación de unos requisitos mínimos para tratar de reducir las brechas existentes en el mercado laboral, beneficiando a las empresas que apliquen unos criterios éticos consensuados. Estos van desde la contratación a colectivos con dificultades -tomando como referencia las estadísticas nacionales- hasta la política ambiental o del comercio de proximidad, en los casos en los que se requiera por el tipo de contrato. A su vez, en la redacción de los contratos las prescripciones técnicas incluirán la perspectiva de género.

Los órganos de contratación tendrán que indicar en los correspondientes documentos contractuales la relación de cláusulas o criterios de responsabilidad social a cubrir con el mismo, que deberán justificarse en el expediente de contratación y estarán sometidos a la evaluación de la Generalitat. Como mínimo, los contratos deberán establecer un criterio, teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación administrativa, y la obligación se trasladará a las empresas que subroguen a los trabajadores en la actividad.

El departamento que dirige Rosa Pérez Garijo, de Unides Podem-Esquerra Unida, establece que en los criterios de contratación y de subvenciones se tendrá que mejorar la puntuación para las consideradas buenas prácticas. Estas, según el borrador del documento, son: la inclusión de personas con dificultades de acceso al mercado laboral o en riesgo de exclusión social, la contratación de personas con discapacidad, la subcontratación con empresas de empleo protegido, la incorporación de personas inscritas en los servicios de empleo, a jóvenes que accedan a su primer empleo o sean menores de 30 años, mujeres víctimas de violencia de género, beneficiarios de la renta valenciana de inclusión, personas trans y personas migrantes, refugiadas o pertenecientes a minorías étnicas, entre otros.

En materia de igualdad de oportunidades, en la puntuación se primará a las empresas de un sector masculinizado que incorporen mayor proporción de mujeres -atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística-, a las empresas que implementen medidas de conciliación laboral y familiar, y a las que, en sectores feminizados, tengan a más mujeres en puestos de responsabilidad. Respecto a la calidad laboral, se premiará a las empresas con salarios superiores a los del convenio colectivo, contratación indefinida y formación laboral continuada.

En caso de empate en la puntuación, primarán las empresas con plan de igualdad, las que tengan calificación de socialmente responsables y las cooperativas sin ánimo de lucro. Estos criterios se aplicarán también en caso de empate para acceder a subvenciones públicas. En el caso de las entidades subvencionadas, si subcontratan con terceros la realización de parte de la actividad, deberán exigir a los terceros que se comprometan por escrito a respetar la normativa ambiental y social, así como a cumplir con los compromisos sociales, de transparencia, éticos y ambientales asumidos por la persona beneficiaria. El incumplimiento de las condiciones puede acarrear la pérdida de la subvención.

El decreto también fija porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. Esta reserva está pensada para sectores del ámbito de las obras de conservación y los servicios de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles, los servicios de mensajería, correspondencia y distribución, artes gráficas, limpieza y lavandería, restauración, recogida y transporte de residuos, hostelería, servicios sociales, logística, hospedaje y turismo rural, así como los servicios y los suministros auxiliares para el funcionamiento de la Administración

En la fase de adjudicación de los contratos, las empresas o entidades propuestas como adjudicatarias deberán concretar la plantilla de personas necesarias para la ejecución del contrato y la concreción de los contratos que se compromete a celebrar. Al conjunto de los criterios de adjudicación de carácter social, de transparencia, éticos y ambientales que se incluyan se le asignará una ponderación entre el 30 % y el 45 % sobre el total del baremo, adaptadas al contenido y la finalidad del contrato, y facilitando la concurrencia de las pequeñas y medianas empresas.