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Compromís quiere poner fin al uso partidista de la publicidad institucional

Ximo Puig y Mónica Oltra, presidente y vicepresidenta de la Generalitat

elDiariocv

València —

Compromís ha presentado una proposición de ley en les Corts con la que se pretende poner fin al uso partidista de la publicidad institucional, gasto que recuerdan está “sufragado con dinero público”. Como explica la diputada Isaura Navarro esta publicidad “tiene que ser un instrumento de difusión de información relevante para la ciudadanía, para dar a conocer de sus derechos, prevenir riesgos o proteger su salud y no una vía de propaganda partidista a expensas del dinero de todos”.

Navarro asegura que dicha publicidad “ha sido utilizada en reiteradas ocasiones como instrumento propagandístico de los partidos políticos en el poder”, por lo que consideran necesario ahora reformar la ley autonómica que regula la publicidad institucional.

Con la nueva ley desde Compromís se quieren eliminar “gastos en publicidad que nada aportan a la ciudadanía y suponen un elevado coste económico, como la creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de las administraciones públicas”, prácticas que quedarían vetadas con el fin de que ningún partido pueda instrumentalizarlas. Además se quiere vetar la posibilidad de aprovechar instrumentos susceptibles de propaganda del cargo o la institución como son los 'saluda' o la aparición de cargos públicos en la propaganda institucional.

Otra novedad que incluiría la propuesta sería prohibir toda campaña o acto institucional más allá de la campaña electoral, y se inicie en el momento en que se hace pública la fecha de la convocatoria electoral. En esta prohibición entrarian inauguraciones o colocaciones de primeras piedras porque “suponen un uso partidista de promoción personal o de partido a expensas de las infraestructuras o servicios que por definición son colectivos para estar sufragados con dinero público”, afirma Isaura Navarro.

Sanciones

La propuesta de Compromís incluye un régimen sancionador, inspecciones y la creación de un Consejo de Control de la Publicidad Institucional, con un miembro propuesto por cada grupo parlamentario, dos designados por el Colegio de Publicistas y Relaciones Públicas de la Comunitat y cuatro ciudadanos elegidos entre los propuestos por asociaciones de consumidores, por universidades públicas de comunicación y entre ciudadanos que cumplan determinados requisitos.

Por otro lado la proposición de ley plantea también que se determinen los medios de difusión de estas campañas con proporcionalidad a las audiencias o lectores, en base a criterios independientes y objetivos como el Estudio General de Medios (EGM).

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