El Consell impulsa un decreto ley para eliminar el tapón en las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía
La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado este martes en rueda de prensa el decreto ley de Renta Garantizada de Ciudadanía que será aprobado el próximo viernes por el pleno del Consell y que servirá de transición hasta la aprobación por las Corts de la nueva ley, que está previsto que se empiece a debatir en septiembre en el parlamento valenciano y que podría entrar en vigor para su aplicación en marzo a abril del próximo año.
El objetivo de la norma, por el que según Oltra se justifica la urgencia, es agilizar el proceso de tramitación, de forma que el plan de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales, no será determinante en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan. “Hay municipios en los que los planes pueden demorarse ocho o diez meses en función del atasco que tengan”, ha apuntado Oltra.
De este modo, se pretende agilizar la tramitación de los expedientes pendientes -ascienden a 15.545 este mes de julio-. A tal efecto, también se contempla que las direcciones territoriales (Alicante, Castellón y Valencia) sean consideradas centros de atención directo, de modo que se sumarán a los recursos municipales. “Es ineficaz, incongruente y no tiene sentido esperar nueve o diez meses después de solicitar la renta garantizada a tener el plan de inserción familiar pues, probablemente, la situación familiar ha cambiado”.
15.545 expedientes pendientes de tramitar
Al llegar a conselleria había 13.527 expediente pendientes de tramitar, a los que se le sumaron poco después 5.697 “ocultos”. En total, cerca de 20.000 solicitudes “que hemos reducido hasta las 15.545 actuales”, ha explicado Oltra, quien apunta que esta cifra evidencia que aún existe una situación de “urgente y extraordinaria” necesidad que justifica la aprobación del decreto ley para que la conselleria se ponga al día y agilice el pago de las ayudas. En cuanto a los destinatarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, este mes de julio son 34.648 frente a los 32.134 destinatarios de julio de 2015.
Así, en el presupuesto de la Generalitat de 2016 se habilitó una partida de 39 millones de euros -frente a los 29 de 2015- con la figura de crédito ampliable. Esto implica que no son necesarias hacer modificaciones presupuestarias para ampliar la partida. De este modo, próximamente se solicitará una ampliación de seis millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía y asegurar el derecho de los solicitantes. “Un derecho que depende de la disponibilidad presupuestaria, que era el mantra del gobierno del PP, no es un derecho”.
Así, la vicepresidenta del Consell ha lamentado el incremento del empobrecimiento en la Comunitat Valenciana, que se sitúa entre el 34 y el 36% según la tasa Arope, con un 40% de pobreza infantil y un 62% entre las familias monoparentales, “lo que muestra la feminización de la pobreza”. Por ello, el gobierno valenciano apuesta por “cambiar y mejorar la vida de las personas y hacer frente a este tapón que heredamos del anterior gobierno. Hemos reducido un 20%, pero nuestra idea es solucionar este tapón para que la nueva ley sea una ley que opere desde el minuto cero en la resolución de las emergencias económicas y sociales que tienen en este momento los valencianos”.
