El Constitucional admite el recurso del PP contra la Ley Anti-Barberá
- Las Corts aprobaron, con el voto en contra de los diputados populares, la norma que permitía revocar a los senadore territoriales
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso que el PP presentó contra la Ley valenciana de designación de senadores que permite revocar tal nombramiento por pérdida de confianza, una norma que los populares calificaron de “anti-Barberá”, en alusión a la fallecida alcaldesa y senadora.
La admisión a trámite no implica ninguna medida cautelar ni adelanta el sentido en el que resolverá el alto tribunal sobre el fondo de la cuestión planteada. Simplemente supone que el recurso tiene relevancia constitucional y será estudiado.
El pasado mes de febrero, cuando Rita Barberá -la que fuera alcaldesa de Valencia y senadora popular- ya había fallecido, más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular recurrieron contra varios apartados de la Ley valenciana que reformaba la designación de senadores autonómicos.
Lo explicaron como un acto de desagravio a Barberá, que había sido imputada por el Supremo y para quien, según interpretaron los populares, se había aprobado, el mes de octubre anterior, la citada reforma.
Es decir, los populares consideraron que la reforma recurrida se aprobó en octubre en las Corts con intención de poder revocar la designación de Barberá como senadora valenciana tras la petición de suplicatorio contra ella del Supremo. Y una vez hubo fallecido, la recurrieron ante el TC, por creerla inconstitucional al haber sido diseñada “ad hoc” para un caso, pero también como desagravio para la política desaparecida.
Voto en contra del PP
La aprobación de aquella reforma salió adelante en las Corts Valencianas con el voto en contra del PP y el favorable del resto de grupos, aunque el PSPV señaló que lo había hecho por “lealtad al acuerdo político” que tiene con Podemos.
El recurso ha sido ahora admitido a trámite por el Constitucional, que ha dado traslado del procedimiento a las partes implicadas (el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno, así como a la Generalitat y a las Cortes Valencianas) para que hagan sus alegaciones.
