Irene Gavidia: “Dicen que el virus no entiende de clases, pero los más vulnerables siempre son los más afectados”

Trabajadora social, técnico de investigación y profesora asociada en la Universitat de València, el pasado julio Irene Gavida fue nombrada secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales en la conselleria que dirige la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. Gavidia tiene a su mando a los departamentos que gestionan la dependencia, las políticas inclusivas, los menores, la coordinación sociosanitaria y la coordinación de políticas destinadas a las personas más vulnerables. Gavidia es uno de los pilares de la nueva estructura de servicios sociales inclusivos que surge de la ley homónima, aprobada en febrero de 2019, que tiene como objetivo renovar el sistema asistencial y promover la autonomía de todos los colectivos.

Se incorporó al cargo el pasado julio. ¿Cómo ha sido la llegada a la secretaría autonómica en plena pandemia?

No es fácil. Ha sido una etapa de mucha sensibilidad y de mucha emoción a flor de piel. La parte humana ha sido muy dura. Yo creo que también mi área que son los servicios esenciales lo han pasado mal, han estado al pie del cañón en el trabajo. Esta crisis sanitaria se trasforma también en una crisis económica y una crisis social que afecta siempre a los más vulnerables. Dicen que el virus no entiende de clases, pero los más vulnerables siempre son los más afectados, acaban teniendo más impacto en sus vidas. Cuando tienes un colchón tu vivencia es una y cuando no lo tienes es otra. Nos hemos esforzado en acompañar a la gente en todos estos procesos.

Dada la situación económica habrán notado un aumento de las solicitudes de apoyo ¿Tienen una estimación?

La herramienta que principalmente desarrollamos desde 2018 es la renta valenciana de inclusión. Desde su entrada en vigor en 2019 hemos notado un incremento generalizado, no solo en la pandemia, que también. Creo que la ciudadanía confía en la eficacia de los servicios sociales y de la conselleria por extensión. Combinar la apuesta que se ha hecho estos últimos años por reforzar los servicios sociales, la atención domiciliaria y la dependencia ha tenido un gran impacto en cómo se ha vivido ahora. Ha habido un incremento de solicitudes, pero no especialmente significativo, porque ya había mucho trabajo hecho. En la renta valenciana de inclusión hemos tenido dos incrementos presupuestarios este año, uno de 18 millones, otro de 50 y a final de año otros 47 millones más; es cierto que la previsión es una y se ve que hay una necesidad mayor. La ciudadanía lo necesita y ve en ella una herramienta viable de respuesta.

La conselleria de la que forma parte es la segunda que más sube en presupuesto en términos absolutos y crece un 20%, rozando los 2.000 millones de euros. ¿Qué proyectos tienen?

El presupuesto refleja la idea de la justicia social, garantía de derechos de la ciudadanía y la dignidad de las personas. Nos encontramos en un momento histórico en el que hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social hace necesario incrementar la inversión. El objetivo es garantizar derechos de las personas, intentar construir una sociedad más igualitaria, justa, inclusiva, respetuosa; reflejar lo que es la sociedad valenciana en general en las políticas sociales. Estas van encaminadas a reforzar el concepto de servicios sociales menos asistencialista, menos paternalista, menos de caridad, menos generador de dependencias; generar más autonomía, mejorar la dignidad de la ciudadanía.

Otro de los enfoques fundamentales es la desinstitucionalización de las personas, que no sea la vía principal, que haya una serie de servicios y recursos intermedios para que las personas puedan seguir teniendo garantía de autonomía e independencia en sus vidas, que sigan siendo dueños de sus proyectos de vida y que [el ingreso en] el centro sea la última opción.

Entiendo que buscan un modelo más enfocado al acompañamiento de las personas vulnerables y no su absorción por la administración.

El concepto de la renta valenciana de inclusión es ese; un proceso de diagnóstico de la situación de la persona. No se trata de dar una prestación económica que resuelva la situación del momento de máxima urgencia. Se trabaja en grupo, como unidad de convivencia, se hace frente al alquiler o la hipoteca, becas de educación y comedor, a nivel farmacéutico... Pero después esto se complementa con los itinerarios de inserción, garantiza el derecho a la inclusión, ese es el acompañamiento importante que se quiere hacer con la renta. No dejar a nadie atrás significa acompañar hacia adelante.

Estos itinerarios son la principal diferencia de la renta con el ingreso mínimo vital, prestación no exenta de controversia.

Claro, la renta tiene el factor inclusivo. Pero es una prestación subsidiaria de ingreso mínimo vital, no son excluyentes. El factor garantista de derechos es fundamental, la prestación económica por sí sola no te capacita para salir adelante. Los servicios sociales tienen un papel imprescindible, sobre todo los municipales, que son quienes mejor conocen a la ciudadanía que hay en cada municipio.

Igual que en Sanidad, se habla de la atención primaria como puerta de entrada al sistema. En los últimos seis años se ha multiplicado por ocho el personal para bajar las ratios. ¿Qué plan tienen para el próximo año?

Con el contrato programa tratamos de ser garantes de la consolidación de esos equipos profesionales en los servicios sociales municipales. Es corresponsabilidad administrativa; va a haber un esfuerzo de todas las administraciones para hacer frente a todas las necesidades de la ciudadanía. Buscamos facilitar la consolidación de esos equipos, que en lugar de financiarse de forma anual se haga con convenios de cuatro años prorrogables, eso facilita ampliar las ratios y consolidar los equipos en los municipios, aproximarnos a la ciudadanía y tener una intervención más cercana. Pero otra parte de la consolidación es que puedes hacer ese acompañamiento real; si dignificas a los profesionales que trabajan en los servicios sociales, si arraigas su estancia en ese territorio, facilitas que los ciudadanos tengan una buena atención. Si en una situación compleja te acompaña un profesional y a mitad de proceso cambia tu profesional de referencia, es más complicado.

Respecto a la renta valenciana de inclusión, el 25 de noviembre se anunció un programa específico para mujeres prostituidas ¿En qué consisten estos itinerarios?

Hay un complemento económico para facilitar que las mujeres que ejercen la prostitución tengan una vía de salida, que se tramita por vía urgente. Luego están los itinerarios especializados: en las mujeres que están en redes de prostitución hay un factor psicológico-emocional muy duro que abordar, hay una intervención profesional muy específica de abordaje de la situación. Han pasado por una situación de mucha vulnerabilidad emocional, es un trabajo a otro nivel.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, anunció en verano que se estaba trabajando con las autonomías en los convenios para tramitar las prestaciones como la renta valenciana de inclusión. ¿Cómo va ese proceso? ¿Han detectado duplicidades?

Está en proceso de negociación. Duplicidades no tenemos: una cosa es la renta valenciana de inclusión y otra el ingreso mínimo vital. Creo que había unas expectativas muy altas con la gestión de ingreso mínimo vital que no se está desarrollando al nivel que tenían pensado. La renta valenciana de inclusión está a un nivel más potente. Grosso modo, creo que hay 5.000 expedientes en los que coinciden ambas prestaciones, pero es complementario, no hay duplicidades en las prestaciones porque una depende de la otra, se reajustan.

Pero cuando se planteó la medida del Gobierno las comunidades autónomas alertaban de que habría personas que probablemente solicitaran ambas prestaciones y tendrían que devolver alguna.

Podría haber complejidad en la gestión con aquellas personas que habían solicitado la renta con anterioridad al ingreso mínimo vital, pero nosotros no vamos a dejar de pagarla. Estamos recopilando a aquellas personas que son susceptibles de pedir el ingreso mínimo vital, avisarles de que tienen que pedirlo, para nosotros poder ver quiénes tienen que tener las dos y qué sufraga cada prestación, porque una es subsidiaria de la otra. Informamos a las personas de que tienen que pedir el ingreso mínimo vital para seguir con los itinerarios. Vamos actualizando la información.

¿Cree que estos procesos están demasiado burocratizados? Mucha gente ha tenido problemas para solicitar el ingreso.

No sé si se trata tanto de burocratización o de falta de personal que ha habido para gestionarlo. Creo que [en el Ministerio] pensaban que iba a ser más ágil porque están acostumbrados a gestionar prestaciones desde otro enfoque. Eso ha generado un desajuste importante, que si hubieran delegado desde el principio no habría pasado. Por lo que nos han informado, hay una campaña específica para poner a más personas a trabajar en el ingreso mínimo vital y agilizar el trámite. En los últimos meses hemos notado un incremento en las gestiones de las solicitudes, hay una acción evidente en darle solución.

Volviendo a presupuestos, una de las partidas que más crece es la de Dependencia. ¿En este sentido, cuál es la idea a abordar en los próximos años?

Hasta ahora se ha estado trabajando la atención a la dependencia. Hay una parte de la ley que es el fomento de la autonomía personal, la parte preventiva y la parte de intervención. Esto tiene que ver con el concepto de desinstitucionalización, con los recursos intermedios entre la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia que hasta ahora no estaban muy desarrollados: mejorar la teleasistencia, la atención domiciliaria, que atienda a las personas incorporando limpieza, comida, acompañamiento en el ocio... una atención domiciliaria garantista para que esa persona permanezca en su entorno. Muchas veces salir del entorno agrava la dependencia y no algo que facilita los cuidados. Imagina una persona con demencia a la que han sacado de su cotidianidad, de su red de apoyo, de sus espacios conocidos. Es dramático para una persona, agrava su situación.

Luego está el concepto de los centros. Esta pandemia ha puesto el foco en ese modelo de macrorresidencias, de masificaciones. De alguna forma, este concepto de atención en otros espacios más familiares, protegidos y reducidos es un buen modelo de atención a la dependencia; buscamos trabajar en otros espacios intermedios antes de llegar a la necesidad imperiosa del centro. Que sea el último recurso.

Hay cerca de 99.000 personas que están dentro del sistema de dependencia, pero la lista de espera aún sigue siendo motivo de alarma en este colectivo. ¿Cómo se puede agilizar?

Esto requiere una inversión en personal importante, que se ha incorporado en este presupuesto. Es cierto que hay una lista de espera, que se ha reducido a la mitad aun habiendo una avalancha de solicitudes. Se ha multiplicado por tres desde 2015 las personas que están reconocidas. Hay un proceso de agilización y seguimos trabajando para poder mejorar, entendemos la angustia que tienen estas personas con tanta fragilidad. Hemos planteado un refuerzo en los servicios territoriales, en formación para agilizar los procesos.

¿Confían en que el Gobierno cumplirá el compromiso de financiar el 50% que fija la Ley de Dependencia?

Creo que habrá un aumento de financiación pero dudo que llegue al 50%. Ahora mismo se está financiando un 12% y el resto es financiación autonómica, hay un sobreesfuerzo enorme por parte de la Generalitat, estamos abordando la complejidad de la gestión en solitario. Somos una sociedad envejecida y cada vez más vulnerable; las tasas de natalidad cada vez son más bajas y hay un riesgo evidente de invertir las pirámides de población, no es algo aleatorio y nuestra población necesita cada vez más atención. Hay que hacer un esfuerzo en el envejecimiento activo.

¿Qué proyectos tienen para los fondos europeos?

Con los fondos sociales hemos financiado programas de inclusión y dependencia. Con los de recuperación tengo una sensación ambigua, sobre todo porque hay algo de confusión. Hay proyectos muy grandes en esta conselleria, como la digitalización de los servicios sociales, infraestructuras o la historia social única. Nuestro objetivo es la inclusión social, toda la parte de itinerarios y acompañamiento sí que puede estar dentro. Hablamos de la atención domiciliaria, por ejemplo, de proyectos que lo que hacen es cuidar, proteger y prevenir; es un cambio de modelo que estamos potenciando. Hay que ver cómo se plasma, se concreta y se financia.

De mayores y dependientes pasamos al otro polo. Hace unos días se presentaba el informe de Consejo de la Juventud de Valencia, que además de alertar sobre la situación precaria de los jóvenes, reclama una mayor participación de la juventud en política. ¿Cómo se puede conseguir?

Creo que es fundamental la visión joven y la visión de la infancia. Hay una visión adultocentrista que pierde de vista ese enfoque. Durante la pandemia ha habido un ejercicio de culpabilizacion de la gente joven y ha tenido un efecto negativo, por parte de la necesidad de relación y por la parte de la responsabilidad impuesta extra. También por sus perspectivas de futuro, el abordaje o la planificación de su propia vida; ver qué pasos quieres dar para un proyecto de vida independiente. Ha habido un castigo muy grande que se suma a las consecuencias de la crisis de 2008, creo que están sufriendo mucho a nivel económico y emocional, sobre todo por la sensación de castración de futuro, de merma de posibilidades de desarrollo.

Hay varias ONG que alertan de que cuando los menores tutelados cumplen la mayoría de edad quedan desamparados.

Eso no es del todo así. La tutela llega hasta los 18 años, pero están los hogares de emancipación. Mientras se está en el centro se hace un trabajo de preparación para la vida independiente y hay una parte que son los hogares para los que han salido de los centros. También está el proyecto “mentora”, que busca apoyar a las personas jóvenes que salen de los centros a desarrollar su proyecto de vida. Son personas en situación frágil, sin los recursos que tienen otras personas de su edad y se trabaja en el acompañamiento. También en la ley de infancia se ha combinado la posibilidad de ofrecer la renta valenciana de inclusión a menores, que va encaminado a que los menores tutelados tengan un proyecto de inclusión.