El Gobierno autoriza una planta fotovoltaica en Villena pese al rechazo de la Generalitat Valenciana

El Gobierno central autoriza la instalación de una planta de energía solar en el municipio alicantino de Villena sin el aval del Gobierno autonómico. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles la resolución del Ministerio de Transición Ecológica por la que otorga a la mercantil Renovables Rotonda SL la autorización administrativa previa para una instalación de 57 megavatios, pese a que el Gobierno valenciano lo rechaza.

La resolución autoriza una instalación de plantas solares y su conexión con líneas subterráneas de 30 kilovatios a la subestación eléctrica Benejama Colectora 30/220kV, además de dos líneas aéreas a 200 kilovatios. El objeto del proyecto es la construcción de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red, afectando a varios municipios de la provincia de Alicante. En enero de 2022 la dirección general de Territorio de la Generalitat Valeciana emitió un informe desfavorable a esta instalación por su proximidad a una carretera comarcal y al tren de media distancia. Tras la comunicación a la mercantil, esta envió documentación por la que se compromete a cambiar una de las subestaciones eléctricas y los informes requeridos. Una vez recibida, la dirección territorial emitió un informe favorable condicionado a que, durante el trámite de la autorización administrativa, se solicite informe de aprobación del proyecto constructivo, según consta en la resolución del BOE.

El departamento que dirige Rosa Pardo, dependiente de la Conselleria de Política Territorial y que fue objeto de crítica de la entonces consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, destituida la pasada semana, manifestó al margen del informe desfavorable sus desavenencias con el proyecto. La dirección general indicó que “debido al efecto acumulativo de la totalidad de plantas fotovoltaicas desarrolladas en este territorio, es necesario la tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico, que junto con el estudio del paisaje, sirva para la ordenación, regulación y gestión de los usos en el suelo no urbanizable”.

Por otro lado, añade la resolución, se indica que la planta se encuentra afectada por riesgo de inundación, que unido a otras cuestiones de carácter territorial, “hacen que la planta no sea compatible hasta que no se justifiquen dichas cuestiones”, una posición que la mercantil ha rebatido asegurando que se ha adaptado a los planes municipales. En cuanto a las consideraciones en materia de medio ambiente, prosigue la resolución, “son objeto de consideración en el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto del cual resulta la declaración de impacto ambiental, y las condiciones y medidas que deban ser tenidas en cuenta por parte del promotor para el proyecto”.

El Ejecutivo central, que ya autorizó una planta de 120 megavatios en el mismo municipio el pasado agosto, ha dado vía libre a la instalación pese a estas las reticencias. La competencia para las plantas superiores a 50 megavatios recae en el Ejecutivo central y, aunque requiere informes de los gobiernos autonómicos, no son vinculantes.