Héctor Illueca: "La reforma del sistema de financiación ha de ser un paso hacia un Estado federal"

Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana. / Jesús Císcar

El último viernes de agosto, bien entrada la tarde, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana Rubén Martínez Dalmau comunicaba a su equipo su intención de dejar la política y regresar a la universidad como docente. Un par de días antes había trasladado su malestar al que hoy es su sucesor, el entonces director de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca. Este último valoró el encargo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ambos convinieron que lo mejor para salvaguardar el proyecto valenciano era que tomara las riendas de su formación política.

Un mes después y con apenas tres semanas en el cargo, el dirigente de Unides Podem acaba de aprobar el decreto de viviendas vacías que dejó a punto Dalmau y que forzará a los grandes propietarios a movilizar sus inmuebles para rebajar los precios del alquiler. Como vicepresidente segundo, tiene también las competencias en organizar las políticas verdes del Consell, donde ha comenzado a marcar su agenda política para el año y medio que resta de legislatura, con una visión federalista similar a la que defiende el presidente socialista Ximo Puig. El exdirector de la Inspección de Trabajo, próximo al núcleo duro de Podemos, aterrizó en el Palau de Pineda con un conflicto a punto de estallar: el de la elaboración de los presupuestos del Gobierno del Pacto del Botánico para 2022.

¿Cómo recibió la llamada para ser vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana?

La recibí con un inmenso honor, que es lo que sentiría cualquier valenciano al recibir esta responsabilidad tan importante y compleja. Y con cierto sabor agridulce porque dejo algo que estaba haciendo muy a gusto, llevar la dirección general de la Inspección de Trabajo, con proyectos en marcha; eso siempre comporta cierta amargura, pero tengo mucha ilusión y siento mucha responsabilidad.

Usted llega a mitad de legislatura, en vísperas de la primera toma de contacto para negociar los presupuestos y del debate de política general, que marcan el inicio del curso político. ¿Qué líneas plantea como vicepresidente segundo?

La fundamental es que he venido a fortalecer la unidad del Gobierno y a desarrollar el proyecto del Pacte del Botànic. Tenemos ideas y proyectos y queremos discutir lealmente con nuestros socios. Hay dos ideas que nos parecen fundamentales: el cambio de modelo productivo, con la transición ecológica y la evolución de nuestro sistema hacia uno más sostenible y justo; en segundo lugar, la garantía de los derechos sociales. Los poderes públicos tienen la obligación de convertir los derechos sociales en obligaciones y de poner los medios y crear las estructuras necesarias para que sean tan eficaces como los derechos sociales y políticos. En vivienda, nuestro objetivo va a ser ese: convertirlo en un derecho de los ciudadanos.

¿Cómo se concreta ese cambio de modelo productivo y las políticas de refuerzo del Estado de Bienestar?

Cuando hablamos de modelo productivo es muy importante tener en cuenta que no se trata solo de diversificar las estructuras productivas, sino de algo en lo que insiste mucho el profesor Andrés García Reche: mejorar las estructuras productivas que ya existen. Introducir criterios de economía circular en sectores productivos tradicionales, potenciar la innovación ecológica y el crecimiento en sectores como la construcción o el turismo es fundamental para que el cambio de modelo productivo deje de ser un eslogan. Por otra parte, la garantía de los derechos sociales tiene que ver con la política fiscal y con tener los medios y recursos necesarios para que nuestro pueblo tenga la sanidad que merece, la educación que merece, para que el derecho a la vivienda sea una auténtica obligación de los poderes públicos, para que las políticas sociales tengan impacto. Son los planteamientos fundamentales que vamos a defender y discutir lealmente con nuestros socios de gobierno.

Ya ha empleado ese término varias veces. ¿Qué significa discutir lealmente?

Para mí lealtad es decir siempre la verdad sobre nuestras posiciones. Que las conozcan por nosotros, no por la prensa; ser claros. Y desde ahí estar dispuestos a discutir y llegar a una síntesis política beneficiosa para la ciudadanía. Creo que esa es la clave de un Gobierno de verdad.

Su llegada coincide con un cambio en la forma de negociar los presupuestos. ¿Cómo ve ese cambio y qué líneas políticas quiere trasladar?

Lo fundamental es que se esté produciendo esa negociación. Después de seis años en los que los presupuestos se discutían conselleria a conselleria, esta vez hemos planteado una metodología distinta, que es la que he conocido en el Gobierno de España y es la que estamos desarrollando en los próximos presupuestos. Se trata de que podamos discutir de política, de las grandes líneas estratégicas, cuáles deben ser las prioridades y hablar en serio de las políticas de cambio de modelo productivo, que son necesariamente transversales, desbordan por completo la compartimentación tradicional de los departamentos administrativos y nos obligan a tener un debate en profundidad; lo otro mataba la política. Ahora estamos en condiciones de tener un auténtico debate de país. Nuestros posicionamientos fundamentales tienen que ver con el cambio de modelo productivo, la transición ecológica, la garantía de los derechos sociales y con el fortalecimiento de los servicios públicos.

Da la sensación de que el Gobierno del Pacto del Botánico puede estar fragmentado. La situación, desde el último conflicto público, se ha reconducido hacia una comisión negociadora en la que participan todas las formaciones. ¿Qué ambiente observa?

Mi sensación es que formo parte de un Gobierno de verdad. Un Gobierno que discute todos los temas, en el que los socios tienen una posición propia en cualquier asunto y que es capaz de llegar a una síntesis política. Creo que a estas alturas todas las ramas que integramos el Gobierno valenciano somos conscientes de que solo unidos podemos garantizar la irreversibilidad de las conquistas sociales y de las políticas públicas. Solo unidos somos fuertes, una unidad desde la pluralidad y la autonomía de cada proyecto.

Una de las cuestiones que plantearon antes de abordar esa comisión, en la reunión que mantuvo con la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, fue la tasa turística, una cuestión en la que insisten año tras año. ¿Por qué plantearla ahora de nuevo?

Es un clásico de Podem. Hay una idea clave que le da sentido a la propuesta: una recuperación inclusiva. Es muy evidente que uno de los efectos de la actividad turística, como indican los estudios, es el incremento de los precios de alquiler y es muy evidente que eso perjudica a los jóvenes. Sería muy positivo que la tasa turística se implantara y revirtiera en políticas de alquiler joven y en la emancipación de los jóvenes. Fueron los grandes perdedores de la crisis de 2008 y no podemos permitir que vuelva a suceder. Es fundamental tender la mano y dar una respuesta a una necesidad social. El leitmotiv de estos presupuestos debe ser la recuperación inclusiva y que los sectores que fueron postergados se incorporen a la construcción política del país.

Buen ejemplo de política transversal...

Claro. La complejidad de la sociedad de hoy lo exige y hemos de estar a la altura de los retos del siglo XXI. El turismo es un sector estratégico para nuestra economía, pero no descubro nada si apunto a algunos efectos como el incremento de los precios de los alquileres que limitan la capacidad de emancipación de nuestros jóvenes y que puedan forjar un proyecto de vida. En este sentido, esta tasa turística puede ser una herramienta para equilibrar el crecimiento económico y la equidad social.

¿Qué le pareció el discurso del presidente Ximo Puig en el debate de política general?

Me pareció un discurso interesante. Comparto en buena medida el diagnóstico y creo que hay que concretar las políticas públicas orientadas a la transformación de nuestro sistema productivo. Quizá faltaron preguntas sobre cómo vamos a construir las casas en cinco o diez años, si lo haremos con procedimientos sostenibles; cuáles van a ser nuestras fuentes de energía o cómo va a ser nuestra alimentación en un contexto de crisis ecológica. En un debate de política general es fundamental plantear siempre las cuestiones en términos de país y estas son preguntas a las que la sociedad y la política deberá dar respuesta. El cambio de modelo productivo tiene que ver con políticas concretas, no puede ser solamente un eslogan.

Y, desde luego, la apuesta de nuestra fuerza política y del conjunto del Consell por la reforma de la financiación autonómica, con un matiz fundamental: ha de ser un paso hacia una forma de Estado federal. Ha de ser un elemento más de la solución de la cuestión territorial. España se enfrenta a la necesidad de reformar la estructura territorial; la financiación es un aspecto central, pero hay otros, se habló de competencias como la gestión de cercanías. Hay que hablar de la reforma del Senado, que es antifederal, antidemocrático e impide a las comunidades autónomas participar en la función legislativa. La actual forma política del senado excluye a las comunidades autónomas de cualquier posibilidad de participar en la construcción política del Estado. Es el momento de que la Comunitat Valenciana lidere el debate sobre la cuestión territorial y lo haga plantenado la necesidad de evolucionar hacia un modelo federal que haga que nuestro Estado se parezca más a España.

La Comunidad Valenciana tiene la oportunidad de liderar otras cuestiones como las políticas públicas de vivienda. Este viernes, mientras se aplaudía el resultado del referéndum en Berlín, favorable a la expropiación de viviendas a fondos de inversión, se ha aprobado el decreto valenciano que obliga a los grandes tenedores -agentes inmobiliarios con más de 10 viviendas en propiedad- a movilizar las viviendas deshabitadas. ¿Qué persigue?

Diré algo muy evidente: las casas son para vivir. Y eso significa que, en el caso de los grandes tenedores que poseen viviendas vacías, el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de nuestra Constitución está sujeto a una función social y en caso de no cumplirla, puede entrar en colisión con el derecho a la vivienda. Existe una demanda creciente de alquiler a la que la oferta no está dando una respuesta y existe un stock gigantesco de viviendas vacías en manos de los grandes tenedores. Los poderes públicos tienen la obligación de intervenir para dar cumplimiento al mandato constitucional y hacer realidad la evidencia: las casas son para vivir. El objetivo del decreto es movilizar viviendas vacías de los grandes tenedores para fomentar un alquiler asequible, especialmente para los jóvenes, y contribuir a garantizar el derecho a la vivienda para los ciudadanos.

El Estado ha puesto algunos límites a este derecho, como cuando el Tribunal Constitucional anuló el artículo de la Ley de Función Social de la Vivienda, que desarrolla este decreto, y establecía la posibilidad de expropiar esas viviendas. ¿Puede haber otro conflicto competencial?

Esa sentencia del Tribunal Constitucional se produce como consecuencia de un recurso del Partido Popular. Estas cosas conviene no olvidarlas, porque detrás está la introducción de grandes límites a las políticas públicas que puede desarrollar la Comunitat Valenciana. Nosotros hemos trabajado en profundidad los aspectos técnicos y jurídicos de este decreto, tiene todos los informes favorables y estamos convencidos de que las herramientas normativas son plenamente respetuosas con el ordenamiento jurídico. Tengo plena confianza en que el decreto va a ser muy útil para los objetivos que persigue.

Además de movilizar las viviendas vacías, el decreto persigue hacer pública esa oferta con la creación de un portal inmobiliario público. ¿Cuándo se pondrá en marcha?

Tiene una vacatio legis de seis meses máximo para poner en marcha la estructura. Necesita estructuras informáticas y administrativas, medios y recursos. El objetivo es movilizar las viviendas vacías a través de la declaración, por resoluciones administrativas, que pueden dar lugar a multas coercitivas, y por otro lado, de un abanico de medidas de fomento del alquiler asequible. Permitirá establecer un sistema integral de información, intermediación y tramitación en materia de alquiler.

Hablábamos antes de que, estando en el ecuador de la legislatura, es importante que la ciudadanía note las medidas. Después de seis años teorizando sobre el modelo productivo, sobre las transiciones... ¿Qué medidas hacen falta para que aterrice todo?

Hacen falta muchas. Una de ellas está en los Acuerdos del Botánico: la Agencia Valenciana de Energía. Existe una alarma social sobre el precio de la luz, la evolución del mercado está perjudicando a sectores vulnerables y los poderes públicos tienen que intervenir. No hay excusas: es el momento de poner en marcha una agencia que facilite la implantación de las energías renovables, que haga posible la transición energética y que ayude a los sectores más vulnerables, aborde planes de eficiencia energética, que posibilite el fomento de la iniciativa energética desde el ámbito público, que permita la instalación de renovables en todos los edificios públicos. Tratar, en definitiva, de bajar la factura de la luz. Como coordinador de las políticas verdes del Consell voy a poner todo mi empeño.

Este proyecto ya se presentó en las Corts Valencianes el año pasado como iniciativa parlamentaria. ¿Por qué va tan lento?

Habría que preguntárselo a la conselleria que tiene la competencia para impulsarla. Lo que me preocupa no es que haya ido muy despacio sino que vaya en serio. Creo que si algo hemos dejado claro en las tres últimas semanas, desde que asumí la vicepresidencia, es que vamos en serio. Y eso significa que esta parte del Acuedo del Botánico tiene que desarrollarse porque es una necesidad imperiosa.

¿Hay algún conflicto para ponerla en marcha?

No. El compromiso es firme y vamos a ponerla en marcha lo más pronto posible.

En las resoluciones del debate de política general se aprobó impulsar la llamada fiscalidad verde -impuestos para mitigar la contaminación- como parte de una estrategia valenciana contra el cambio climático, aunque no entusiasma a todos los socios.

Ahora lo que hay es un mandato parlamentario y todos los integrantes del Consell estamos comprometidos con el desarrollo de esta línea, fundamental para la transición energética.

Es el segundo vicepresidente de Podemos en dos años. En las Corts Valencianes, el grupo parlamentario va por su cuarta portavoz en apenas seis. ¿Le da reparo entrar en la trituradora de liderazgos?

En absoluto. Creo que, entre otras cosas, Podemos es un espacio lleno de ideales, de gente que un día creyó en la esperanza del cambio, que decidió hacer un paréntesis en su vida profesional para dedicar una parte de su vida a la actividad más noble: la política para cambiar las cosas. Es cierto que no siempre hemos hecho las cosas bien, pero tengo mucha esperanza en que vamos a construir un espacio amable donde las diferencias sumen y que va a ser noticia por sus propuestas y su trabajo.

Se especula, dadas las sucesivas crisis internas, con una hipotética caída de Podemos que puede provocar una caída del Gobierno del Pacto del Botánico. ¿Ve ese escenario?

En absoluto. Es un momento de estar centrados en la gestión, en las políticas públicas, creo que en eso estamos todos los socios del Gobierno. La sociedad no entendería otra cosa.

¿Y ve ese espíritu en el resto de socios?

Sin duda. Estamos concentrados en lo que hay que hacer como políticos: hablar mucho, impulsar políticas públicas y trabajar por la gente.

¿En este año y medio que queda de legislatura qué quiere hacer en el Gobierno valenciano?

Me gustaría dejar dos cosas. Impulsar políticas orientadas a la innovación ecológica en el sector de la construcción, introducir criterios de economía circular en este sector y contribuir a que el derecho a la vivienda sea un auténtico derecho, que no sean palabras, sino que los ciudadanos vean cubierta esta necesidad básica.

¿Cuál será su posición en la ampliación del Puerto de Valencia?

Tenemos una posición clara al respecto: estamos en contra de la ampliación tal como se está planteando. Nunca hemos tenido ninguna duda. Si hablamos de transición ecológica, de cambio de modelo productivo, de una manera de vivir y producir socialmente justa y ecológicamente sostenible no podemos seguir anclados a las grandes obras, al desarrollo sinsentido de las infraestructuras, a la destrucción del tejido productivo que podría producirse con este tipo de intervenciones en los ecosistemas. Creo que es fundamental tener esto claro. Si no, parece que el cambio de modelo productivo y la transición ecológica son simples eslóganes y para nosotros son horizontes.

¿Ha hablado con su antecesor?

Hablo mucho con Rubén Martínez Dalmau. Valoro mucho sus consejos, su experiencia y su enorme inteligencia política. Me siento especialmente identificado con su concepción de la política como algo temporal, como un paréntesis en nuestras vidas profesionales y académicas donde tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos y trabajar por la res pública. Creo que ha dado ejemplo y estoy dispuesto a seguirlo.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats