Los organismos reguladores reclaman una cuota de financiación para las televisiones públicas autonómicas en la ley audiovisual del Gobierno

Las comunidades autónomas exigen al Gobierno central mayor participación en la Ley Audiovisual. Los titulares de los consejos audiovisuales de Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana consideran que “el proyecto de ley no se adecua al entorno audiovisual ni a las competencias autonómicas” y reclaman a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas para descentralizar la gestión.

En una comparecencia conjunta, Antonio Checa, Roger Loppacher y José María Vidal, presidentes de los consejos audiovisuales de Andalucía, Catalunya y la Comunitat Valenciana, respectivamente, han expresado su malestar respecto al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre:  “El texto no se corresponde con un Estado autonómico”, denuncian. La norma, en fase de tramitación parlamentaria, limita las competencias autonómicas, las centraliza en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y recorta la capacidad de acción de los organismos autonómicos en materia de protección de menores, discursos de odio, publicidad encubierta o desinformación, denuncian los responsables de los organismos independientes.

Los presidentes, que representan a territorios que suman un 46% de la población española, reclaman una modificación de la distribución competencial para poder participar en las revisiones de contenidos en plataformas digitales. Analizada la redacción de la norma, apuntan a que quedan fuera del ámbito de la televisión bajo demanda y las plataformas audiovisuales, donde el sector se desarrolla y donde más contenidos se consumen. “En el mundo digital se deben compartir esfuerzos”, reclaman. “Deberiamos tener competencias en este ámbito porque es lo que se consume y se consumirá, es donde puede haber riesgos”, ha apuntado el responsable del audiovisual catalán, que insiste en “tener la capacidad de incidir en estos contenidos para velar por los derechos de la ciudadania en este ámbito”.

Al margen de la distribución competencial, los titulares de los tres organismos reclaman que la ley incorpore a las televisiones públicas autonómicas al sistema de reparto de recursos. El proyecto de ley contempla que las plataformas de 'streaming' con sede en España deben aportar un porcentaje de sus ingresos anuales -un 1,5%, según el texto aprobado- para financiar la Corporación de Radiotelevisión Española, pero no menciona a las cadenas autonómicas, que, indican, han sufrido una pérdida de ingresos publicitarios por la competencia de los contenidos digitales.

Sin especificar la cuantía y sin rebajar la financiación a Televisión Española, los presidentes remarcan la capacidad de las televisiones autonómicas como dinamizadoras culturales y su aportación al sistema audiovisual estatal. En una primera estimación, los tres apuntan que podría valorarse la financiación en base a la población de cada territorio autonómico y de la audiencia de los canales públicos. “No debería reducirse la financiación al servicio publico de RTVE, sino trasladarse a los autonómicos, que han visto mermada su publicidad por el traslado al mundo online”, subrayaba Loppacher, mientras Vidal ha recordado que los canales autonómicos recogen “la riqueza y diversidad española”.

“Este proyecto de Ley apenas tiene en cuenta que la realidad audiovisual en el entorno digital va mas allá de la M30 y debe construirse desde la suma de las pluralidades. Si aspiramos a que España se constituya en un hub audiovisual de referencia, las historias y las culturas diversas y plurales deben constituir parte esencial de este nuevo trabajo. No entendemos como un gobierno que apuesta por la descentralización no apueste por la cooperación entre distintas administraciones”, ha recalcado el presidente del consejo valenciano.

Los titulares de los tres consejos autonómicos piden a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas en base a las alegaciones que realizaron durante el periodo de exposición pública. En ellas, reclaman que las autoridades reguladoras autonómicas tengan voz colaborando con la Comisión de Mercados y Competencia. Sobre el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo texto final no han analizado, han mostrado su esperanza en que suponga un mayor apoyo para todas las producciones que no sean solo en lengua castellana.