El PP lleva a la inspección de trabajo unas subvenciones de empleo a las empresas del hermano de Ximo Puig

El PP ha denunciado un nuevo posible fraude en las subvenciones a empresas vinculadas al hermano del president de la Generalitat. La portavoz de los populares, Eva Ortiz, ha explicado en rueda de prensa que su grupo ha llevado a la inspección de trabajo documentación sobre posibles irregularidades en las ayudas de programa de empleo público 'Avalem Joves', un plan destinado a fomentar la inserción laboral de los menores de 30 años.

Según ha explicado Ortiz, Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, ambas administradas por Francisco Javier Puig, hermano de Ximo Puig, percibieron entre 2016 y 2018 cerca de 112.000 euros para realizar nueve contratos nuevos que su plantilla no refleja, según los datos del portal de transparencia Gva Oberta.

Los populares presentaron la denuncia en abril y el pasado 2 de octubre obtuvieron la respuesta de la Inspección de trabajo, que asegura haber realizado las tareas de comprobación de las posibles irregularidades. El PP pretende realizar una ampliación de la querella presentada por las ayudas de fomento del valenciano, que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, e incluir un fraude en subvenciones y un delito contra los trabajadores.

En concreto, siempre según la denuncia del PP, Mas Mut Produccions S.L.U percibió en 2017 cerca de 9.900 euros para contratar a una mujer y en 2018 obtuvo 18.544 para contratar a un hombre. Las cuantías varían en función de las reflejadas cada año en las convocatorias de la Conselleria de Economía Sostenible. No obstante, en la plantilla que hace pública la empresa en 2017 no se refleja ningún contrato de mujer y reduce en uno los hombres contratos, y en 2018 se mantiene igual, por lo que no se reflejan ninguno de los dos contratos que han motivado las subvenciones. 

En el caso de Comunicacions dels Ports, S.A, en 2016 recibió 16.510 euros para contratar a una mujer y a un hombre, pero su plantilla solo refleja la contratación de una mujer; en 2017 percibió 27.926 para contratar a dos mujeres y un hombre, aunque su plantilla solo aumentó en una mujer y se redujo en un hombre.

En 2018, esta empresa obtuvo subvenciones por valor de 39.574 para contratar a dos mujeres, pero, según los datos obtenidos por el PP del portal de transparencia de la Generalitat (GVA Oberta) la plantilla no varió respecto del año anterior.

“O han mentido en sus cuentas anuales o hay un fraude de subvenciones”, ha asegurado la dirigente popular, quien no descarta que ni siquiera se hayan producido las contrataciones por las que se han recibido ayudas, y duda sobre los controles realizados por parte de la Generalitat.

La diputada también ha avanzado que pedirá a la Conselleria de Economía copia íntegra de la documentación que acredita las labores de comprobación y control de las subvenciones que tienen que ver con este asunto, pues tiene “la ligera intuición de que aquí tampoco se ha controlado la justificación de las subvenciones”.

Ortiz ha pedido a los consellers de Educación, Vicent Marzà, y de Economía, Rafa Climent, ambos de Compromís, que no se dejen utilizar y colaboren con la Justicia porque “hay dos empresas que tienen que ver con los hermanos del president que empiezan a ser una maquinaria de conseguir subvenciones sin control por parte de la Generalitat”.

El PSPV, “tranquilo” pero “harto”

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha asegurado que su partido está “tranquilo” con esta serie de denuncias, que enmarcan en una “cacería política” del PP contra Puig, como hizo Carlos Fabra en la Diputación de Castellón. “Estamos viendo como el PP vuelve a usar esa estrategia de acoso político que en su día llevó a cabo Carlos Fabra”, cuando Puig era portavoz socialista en la Corporación provincial.

“No estamos preocupados, estamos hartos y cansados de que todos los días aparezca, especialmente en el campaña electoral, una denuncia” del PP, ha insistido.

Puig: si ha hecho mal, tendrá sus consecuencias

El president de la Generalitat, de viaje institucional en Londres, ha reiterado su confianza en la justicia y en los funcionarios autonómicos encargados de tramitar las subvenciones y ha asegurado que “si [la empresa] ha hecho algo mal, tendrá sus consecuencias”.