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Ximo Puig: "La reforma del sistema de financiación es inaplazable, imprescindible e irrenunciable"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press.

Para resolver las brechas existentes en España es necesario que el Gobierno active reformas que garanticen la equidad. Y ello pasa por garantizar la suficiencia de recursos y el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en todas las comunidades autónomas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicado este miércoles en Madrid la reforma del sistema de financiación, que penaliza a su autonomía, con carácter urgente: "Es inaplazable, imprescindible e irrenunciable".

Puig ha trasladado su agenda federalista en los desayunos informativos de Europa Press, donde ha reclamado el despliegue de una "potente" política de desarrollo regional que responda a las actuales asimetrías territoriales. Puig considera que el Gobierno ha avanzado en la convergencia territorial con compensaciones a través de los fondos de emergencia activados durante la pandemia o las inversiones territorializadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero cree que falta recorrido. "El ascensor territorial debe volver a funcionar", ha insistido el presidente valenciano, que ha urgido a abordar la convergencia territorial "con la misma audacia con la que se está afrontando el desafío catalán", y ha urgido a solucionar el conflicto del agua que ha calificado como una "cuestión de solidaridad básica".

El presidente reclama un reconocimiento a la pluralidad del Estado -la "España policéntrica"-, y ha reivindicado la descentralización de estructuras, aludiendo así a la posibilidad de que organismos del Estado puedan trasladar sus sedes de Madrid a otras ciudades como por ejemplo Turespaña a Palma; la sede central del Instituto Español de Oceanografía, a Vigo; el Centro Nacional de Danza, a Sevilla; o Puertos del Estado, a València; así como celebrar la Fiesta Nacional de España cada año en una ciudad distinta.

Según los datos del Gobierno autonómico, la capital de España acoge 150.574 empleados del sector público estatal, de los cuales 44.315 corresponden a instituciones que podrían estar ubicadas en cualquier otro lugar de España, y que tendrían un importante efecto tractor allí. Asimismo, ha defendido la urgencia de "redibujar" los mapas de infraestructuras y ligarlos a criterios de población, economía y eficiencia, para pasar "de la radialidad a la racionalidad", a través del impulso del Corredor Mediterráneo.

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