El PP valenciano, a la espera del instructor
Se llama Francisco Molinero, es diputado por Albacete y tiene experiencia previa en casos como el de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, por el que se imputó a Rodrigo Rato. Es el instructor nombrado por la dirección nacional del PP para el expediente informativo abierto a los nueve concejales de Valencia imputados por supuesto blanqueo de dinero procedente de comisiones ilegales y a su exjefa, la actual senadora Rita Barberá. Una vez superadas las vacaciones, Molinero debe tomar declaración a los implicados antes de proponer nada.
El PP valenciano se ve, tras el paréntesis de Semana Santa, a la expectativa de lo que pueda deparar el mencionado expediente, al tiempo que sigue corriendo el plazo de 15 días hábiles que la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, dio por carta el 22 de marzo a los ediles implicados para que dimitieran de sus puestos, una vez confirmada su imputación en la pieza separada del 'caso Taula' que les afecta, dentro de la investigación que desarrolla el juzgado de instrucción número 18 de Valencia.
Dado que los concejales imputados ya han hecho saber que no tienen intención de dejar sus actas y que Barberá se ha erigido en una especie de referencia en el pulso que mantienen con Bonig por este asunto de corrupción, todo apunta a que cualquiera de las salidas será traumática. Bonig ya solo puede expulsar del partido a los ediles que se han rebelado si quiere salvaguardar la credibilidad de su cuestionado liderazgo. Para no contradecirla, el expediente informativo de instancias superiores debería acabar en una sanción acorde: como mínimo, la suspensión de militancia. Pero está por ver.
Dos cuestiones complican la solución a la crisis que vive el PP valenciano: el hecho de que perdería prácticamnete su grupo municipal en Valencia, ya que quedaría con un solo concejal y los nueve imputados pasarían a ser ediles no adscritos, y la vinculación directa de Barberá al conflicto. La exalcaldesa, que este martes tiene un pleno del Senado en el que se debatirá precisamente una iniciativa del PSOE para retirar el aforamiento a los parlamentarios, solo está protegida por esa circunstancia de una imputación formal que el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ya ha manifestado intención de solicitar a través del Tribunal Supremo.
Barberá, que al verse implicada mandó mensajes a la dirección autonómica del PP y a su actual presidenta advirtiendo “cuidado con los que decís, recordad por qué estáis ahí”, fue la impulsora de la designación de Bonig como sucesora de Alberto Fabra al frente del partido, hace apenas ocho meses. Ahora, los estragos de la corrupción las enfrentan.
