Las religiosas de Segorbe achacan el cierre del centro de menores a la “venganza” de un trabajador
La coordinadora de los centros de acogida de menores de la Orden Terciarias Capuchinas, Regina del Peral, intuye que el cierre de las instalaciones de Segorbe responde a una “venganza” de un trabajador despedido días antes de que la Generalitat tomara la decisión.
Así lo ha asegurado a EFE Del Peral, quien ha indicado que han pedido “por escrito” a la Administración el informe que llevó al cierre del centro, por una decisión que considera “unilateral”, y las denuncias presentadas por menores y sus padres, aún sin respuesta.
“Me huele a venganza, a una patraña”, señala la coordinadora, que explica que un trabajador del centro despedido amenazó a la directora “con cerrar el centro” y cinco días después “fueron a por los niños y empezaron a aparecer denuncias”.
Según relata, este trabajador pidió “de un día para otro” una excedencia para ir a trabajar a la Mancomunidad, donde le había salido una plaza, pero la directora le dijo que necesitaba un plazo de al menos quince días para buscar un sustituto.
“El trabajador amenazó a la directora diciéndole: 'te vas a acordar porque te voy a cerrar el centro'”, señala para añadir que “todo coincide en el tiempo. Su amenaza se ha cumplido”.
En las instalaciones de Segorbe han sufrido “un palo muy fuerte no justificado”, según Del Peral, quien considera que se han dicho “verdades a medias, que son peores que las mentiras”.
“Se ha descontextualizado, magnificado y basado en denuncias de niños y padres, padres a los que la Administración ha quitado la custodia de esos menores”, afirma Del Peral, que afirma que la Generalitat “da credibilidad a denuncias que no conocen el contexto donde se producen”.
El abogado de la orden sigue estudiando las acciones legales que emprenderán contra las declaraciones en las Corts de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, al considerar que son “constitutivas de delito”.
“No se ha respetado ni a menores, ni a trabajadores ni a nadie. Una información hay que contrastarla para darla por cierta”, señala Del Peral, quien denuncia que están pidiendo, sin éxito, los informes y denuncias: “No nos las dan”.
Fuentes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han asegurado a EFE, por su parte, que la Oren dispone de la información “que administrativamente le corresponde” y las quejas de menores a la dirección territorial han sido remitidas a Fiscalía.
Del Peral también considera que con el cierre de Segorbe, cuyos dieciocho menores han sido trasladados a otros centros, la vicepresidenta ha querido “desviar la atención” del centro de acogida de menores de Monteolivete (València), donde a su juicio “es donde tienen el problema”.
“No tenemos nada que ocultar. El centro de Segorbe ha estado abierto para que se accediera a todas sus dependencias”, afirma Del Peral, quien señala que aunque ha invitado a Oltra y al president de la Generalitat, Ximo Puig, “ninguno de ellos” les ha contestado.
Trabajador acusado de abusos, despedido
También señala a EFE que el educador al que se acusa de supuestos abusos sexuales fue despedido del centro “no por ese motivo sino por incumplir las cláusulas de su contrato, que establecían que no podía relacionarse fuera del centro con menores ingresados salvo que la dirección del mismo lo autorizara”.
“En cuanto supimos esto del educador y para salvaguardar la integridad del menor, facilitamos la información a la dirección territorial y a fiscalía, que pidieron el móvil de la menor para sus wasap, y en el expediente abierto, que posteriormente fue sobreseído, lo calificaron como 'conductas inadecuadas'”.
Regina del Peral ha señalado que ahora esperarán a lo que diga el juzgado, “pero si archiva el caso ¿quién le va a devolver a este señor la dignidad y todo lo que se ha dicho?”, se ha preguntado tras considerar que lo que hubo fue “un tonteo” entre ellos.
Según explica, el centro fue objeto de una inspección el 30 de enero y el 2 de febrero y les remitieron un acta con todo lo que tenían que mejorar. “Y así lo hicimos”, señala, pero el 8 de mayo les comunicaron el cierre del centro de Segorbe, que lleva abierto 120 años.
A la directora, señala, “le dijeron que tenía que asumir la decisión del informe de los inspectores y no tenía más remedio que cerrar el centro, no nos dieron la oportunidad de que nos defendiéramos”.
“Fiscalía nos supervisa dos veces al año, sanidad nos visita cada dos meses y hacemos auditorías externas. ¿De verdad que nadie había detectado estas cosas hasta ahora?”, se pregunta tras negar que los menores del centro hayan sufrido malo tratos o hayan consumido comida caducada.
También asegura que de los 2.265 euros que mensualmente le da la Administración por niño, 1.926 están destinados a personal y solo 339 al menor para sufragar todos sus gastos, desde alimentación a ropa pasando por material escolar, higiene, medicamentos o desplazamientos en transporte público, entre otros.
“El problemas es cuando se oculta”
La vicepresidenta Mónica Oltra, ha señalado que casos de abuso sexual en centros de menores “pueden pasar” pero “el problema es cuando se oculta” y no se actúa hasta que la denuncia llega a la Fiscalía.
Oltra ha defendido que “de estas cosas no se informa, se actúa” y “se debe llevar con discreción” aunque ha explicado que si dio detalles sobre el caso de abuso sexual en el centro de Segorbe fue porque había “saltado a la opinión pública y empezado una lucha partidista de lo que meramente es protección de menores”.
La vicepresidenta se ha manifestado en estos términos a preguntas de los periodistas sobre otro supuesto caso de abuso sexual en un centro de menores, según ha publicado hoy el diario Levante-EMV, y en el que, ha dicho, “se ha actuado correctamente”.
Según ha explicado, “se trató de una agresión entre los menores” y los educadores del centro trabajaron “diligentemente”, ya que en cuanto tuvieron información, lo pusieron en conocimiento de la Dirección Territorial y ésta lo trasladó a la Fiscalía de Menores y “se ha seguido el proceso judicial como se tenía que seguir”.
Este tipo de casos “no se suelen hacer públicos”, ha dicho, a la par que ha resaltado que lo que ha hecho es explicar que las medidas para reordenar el modelo de protección responden a que había un sistema “sin coordinación, sin directrices claras, donde no se daban las pautas de buena praxis que tiene que llevarse a cabo en un sistema residencial”.
Aumento de las plantillas
“Por eso -ha añadido- vamos a aumentar las plantillas, a contratar a 410 personas nuevas y por eso vamos a un modelo de centros más pequeños, más amables y que tengan más apoyo técnico para que tengamos mejores resultados”.
Oltra ha indicado que cuando se estaba presentando el nuevo modelo residencial, el traslado del centro de Segorbe “salta a los medios de comunicación y empiezan una serie de acusaciones de prejuicios religiosos y esa es la razón por la que se explica”.
Ha indicado que el noviembre de 2016 se había trasladado a los menores del centro de El Carmen “y nadie se había enterado y no se había hecho público”.
Según Oltra, “la violencia contra los menores es más habitual de lo que parece” y “es difícil asumirlo por la sociedad”, y por eso, ha argumentado que están “actuando y poniendo las bases para evitar que pasen”.
Protocolo contra la tuberculosis
Preguntada sobre un posible caso de tuberculosis en el centro de Monteolivete (València), del que informa el diario El Mundo, Oltra ha asegurado que de momento hay una “mínima profilaxis” con el uso de mascarillas y que, si se confirma, seguirán el protocolo de Salud Pública y harán lo que diga la Conselleria de Sanidad.
“No vamos a tomar la decisión de someter a pruebas médicas innecesarias a nadie. Si se confirma que es tuberculosis y que puede haber un foco infeccioso, seguiremos las pautas de Salud Pública. Es el protocolo”, ha afirmado.
Según ha señalado, “los educadores están actuando de manera diligente, viendo los turnos y quién ha podido estar más en contacto. El protocolo está en marcha en intensidad de profilaxis hasta que se confirme”, ha concluido.
