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Así trata el Estado a una soldado herida en Afganistán: despedida cuando estaba de baja y sin pensión de incapacidad por un punto

Laura, con su batallón en Afganistán, nada más sufrir heridas en la pierna mientras realizaba un registro para evitar atentados.

Sergi Pitarch

Valencia —

Laura Velasco Reinosa, vecina de Manises (Valencia), se alistó en el Ejército porque siempre había querido servir a su país. Tenía un trabajo fijo desde hacía seis años, pero su fascinación por las Fuerzas Armadas le hizo dejarlo todo para coger el petate y marcharse a Afganistán en 2010 como parte de la misión de la OTAN en la que España colabora. El 15 de julio de ese año lo que iba a ser un sueño se tornó en pesadilla. La soldado Velasco acabó herida de gravedad tras caer desde una altura de tres metros mientras registraba un vehículo para detectar explosivos.

La soldado Velasco fue evacuada de Afganistán ocho días después y fue operada hasta en tres ocasiones. Las heridas en el tobillo y la rodilla en acto de servicio obligan a Laura nueve años después a andar con una muleta y a no poder llevar una vida normal. En enero de 2020 se le acaba el paro y su situación no hace sino empeorar: tiene dos hijos pequeños con su pareja Virginia y todos se han tenido que mudar a casa de sus padres.

Cuando estaba de baja por la heridas en Afganistán y le faltaban cinco meses para finalizar su contrato con el Ejército fue despedida. “Me echaron con un mensaje al móvil estando de baja por haberme roto la rodilla y el pie en zona de guerra. Alegaron temas psicológicos”, explica la exrecluta, en lo que es un caso calcado al del soldado Iván Ramos, un militar que voló por los aires en un atentado en la misma misión y que también fue despedido por el Ministerio de Defensa.

En ese momento, la ya exsoldado empezó un vía crucis médico y judicial para que le reconocieran algún derecho. Como en el caso de Iván Ramos, a Laura solo le reconocieron un 24% de discapacidad. Con un punto más y al haber sido una herida en misión en el extranjero le hubieran aprobado una pensión. Laura consiguió que un tribunal militar superior le reconociera el 60% de incapacidad, pero posteriormente se lo volvieron a rebajar hasta el 24%.

La exsoldado recibió 45.000 euros de indemnización que se gastó en impuestos y en un largo proceso judicial que terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alega. La sección octava de la sala de lo Contencioso-Administrativo falló el 22 de diciembre de 2014 en favor del Ministerio de Defensa y le obligó a pagar las costas. Y eso que aportó una evaluación del sistema público de salud que le reconoce un 38% de discapacidad.

“Me siento una mierda, porque me he dado cuenta de que para el Ejército somos un número más. Mucha medallita y la custodia de la bandera y nadie me hace caso”, lamenta Laura Velasco, quien reclama que al menos la podían haber recolocado en el Ejército en un puesto acorde a sus condiciones físicas.

Perdida la batalla legal y administrativa, la exsoldado se fue a implorar audiencia a las altas instituciones del Estado. Mandó una carta al Rey, quien le contestó que la Casa Real no puede hacer nada y que se dirigiera a la ministra de Defensa. La ministra Margarita Robles recibió esa misiva y telefoneó el pasado 5 de noviembre a la exsoldado, en una llamada que confirman desde el ministerio.

“La ministra de Defensa me dijo que se había leído mi expediente. Me dio a entender que ha sido injusto y que, a lo mejor, si ella hubiera estado en esa época hubiera pedido una revisión de mi porcentaje de incapacidad. Ahora dice que ha pasado mucho tiempo y que no puede hacer nada. Lo único que me puede decir es que lo siente mucho”, relata Laura.

“Pero una cojera es para siempre”, se lamenta la exmilitar, que ahora solo pide que se revise su caso y que exploren en qué situación se encuentra: “Nadie me ha atendido. Nadie ha querido darme audiencia y hablar conmigo mirándome a la cara”. Solo agradece el trato al batallón de la policía militar del cuartel Jaime I de Bétera: “Son los únicos que me apoyaron al 200%”.

El caso de Laura es similar al de Silvia Ruiz o Iván Ramos, que fueron despedidos del Ejército cuando estaban de baja y sin intentar reubicarlos en tareas administrativas por su discapacidad. Un nuevo ejemplo del abandono del Estado a sus servidores en misiones internacionales. Como reflexiona Virginia, pareja de Laura, “son juguetes rotos para el Ejército y los tiran a la basura”.

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