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Trucaje al consumidor

Volkswagen pierde 1.673 millones de euros en el tercer trimestre del año

Manuel Campoy M.

En los últimos días se suceden las noticias sobre el escándalo del trucaje de los motores Volkswagen. Recientemente se ha publicado que la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación penal. Todavía no hemos acabado con la sangría de los abusos bancarios sobre las cláusulas suelo y las preferentes, y ya tenemos otro lío. No deja de ser un nuevo caso mediático que se une a la lamentable lista de desprecio hacia los derechos de los consumidores.

La imparable política de liberalizar y privatizar los servicios, junto con una imprudente y excesiva desregulación, nos ha conducido a una realidad social, donde el atraco a los derechos de los consumidores es el pan nuestro de cada día.

Si a eso le unimos el adelgazamiento y pasividad de las Administraciones Publicas, junto con la ausencia de controles públicos previos, la situación para los consumidores se convierte en una especie de jungla, donde algunas poderosas empresas sin escrúpulos, pueden abusar de forma casi impune sobre los sufridos consumidores.

No existe sector del mercado donde cada día no se comentan ilegalidades sobre los derechos de los consumidores: precios abusivos, publicidad engañosa, composición fraudulenta, información falsa, riesgos para la seguridad y salud, desprotección de datos de carácter personal, incumplimiento de deberes de garantía y reclamación,….

En esta sociedad en la que vivimos, convertida en un gran mercado global, todos somos consumidores. Tanto la normativa de la Unión Europea como la española y valenciana entienden por consumidor o usuario, todo aquel que actué con un propósito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Tanto la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea como la Constitución Española, disponen la obligación de los poderes publicos de garantizar un nivel elevado de protección hacia los consumidores, así como defender sus derechos y promover la educación y formación en materia de consumo.

Pese a la existencia de dicho mandato legal, la pasividad de las Administraciones Publicas, conduce a que en mayoría de las ocasiones, se abandone la defensa de los derechos de los consumidores a la iniciativa y esfuerzo privado de los mismos. Y ello, pese a la habitual y evidente situación de desequilibrio y desproporción de medios, que existe entre una gran o mediana empresa y los clientes individuales.

Difícilmente un consumidor individual tendrá el conocimiento, animo, tiempo y dinero necesario, para emprender la complicada, larga y costosa tarea de reclamar por cantidades pequeñas frente a una gran empresa. En la mayoría de las ocasiones hasta desconocemos nuestros derechos y las vías que podemos utilizar.

Apenas se informa que en supuestos iguales o similares al del trucaje de los motores Volkswagen, existe para las empresas un plazo mínimo de garantía de dos años desde la entrega. Los consumidores tienen derecho a exigir la conformidad de lo adquirido con lo que se dice en el contrato. Si no es así, durante un plazo de tres años desde la adquisición, pueden exigir y optar entre su reparación o sustitución gratuita, la rebaja del precio o la resolución del contrato. Con plazos ya mas amplios se añade el derecho a exigir ser indemnizado por todos los daños y perjuicios sufridos, tanto materiales como morales por haber sido engañados.

Tanto la normativa estatal como la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, posibilitan a los consumidores denunciar las posibles infracciones ante la Generalitat Valenciana y las Entidades Locales. Así como reclamar la reparación de sus derechos por una doble vía: la extrajudicial de la mediación o el sistema Arbitral de Consumo, y la judicial, acudiendo a los tribunales de justicia, de forma individual, agrupada o colectiva, bien sea directamente o a través de las Asociaciones de Consumidores o del Ministerio Fiscal.

La ausencia y escasez de denuncias y reclamaciones para que se respeten nuestros derechos, compensa económicamente a las empresas que abusan y desprecian a los consumidores y usuarios.

Y lo saben!!!

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