El Defensor del Pueblo investiga el traslado de la terminal de cruceros de València junto a Natzaret sin informes ambientales

“Se ha recibido su último escrito, en relación con la queja que presentó ante esta institución, registrada con el número arriba indicado. Cabe informarle que, una vez estudiada la documentación que ha aportado, procede admitirla a trámite porque reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución. Iniciada la actuación con la Autoridad Portuaria de Valencia, se le dará cuenta del contenido de la información que se reciba y de los trámites que se sigan”.

El Defensor del Pueblo, órgano cuyo titular es el socialista Ángel Gabilondo, encargado de velar por el respeto de los derechos que el título I de la Constitución de 1978 otorga al ciudadano, y que puede para ello supervisar la actividad de la administración, ha notificado de esta forma a la asociación de vecinos de Natzaret que investigará el problema descrito en relación a la nueva terminal de cruceros proyectada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La entidad vecinal denuncia que la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 está realizada en base al actual emplazamiento de la terminal, en el dique norte del Puerto, en una zona alejada del casco urbano.

Sin embargo, como consecuencia de los cambios introducidos por los actuales responsables de la APV, con su presidente Aurelio Martínez a la cabeza, en el polémico proyecto de ampliación, la estación de viajeros se trasladaría a los astilleros de Unión Naval Valencia, una zona aledaña a los barrios de Natzaret, La Punta y El Grau, por lo que consideran que se debería realizar una DIA específica.

El Defensor del Pueblo deberá pronunciarse al respecto ante las afecciones ambientales que podría implicar este cambio de ubicación para los residentes por la contaminación ambiental y acústica que pueden generar tanto los buques como el tráfico de vehículos asociado.

En el escrito, la entidad vecinal lamenta que “en plena emergencia climática declarada por el Gobierno de España el Puerto de Valencia pretende aprobar la nueva terminal de cruceros junto al barrio amparándose en la DIA de 2007” pese a existir “apreciables diferencias entre el proyecto que obtuvo la DIA favorable en 2007 y el que se pretende llevar adelante en la actualidad”.

Según la denuncia, “dicho traslado no estaba previsto en el proyecto inicial de 2007 y, en consecuencia, no está amparado por la DIA de ese mismo año ahora totalmente desfasada”.

La entidad alerta de que “el amarre de grandes buques portacontenedores, ferrys y cruceros turísticos junto al casco urbano de la ciudad, y especialmente en el barrio de Natzaret, en la Punta, El Grau y la Marina de València son una grave fuente de contaminación atmosférica y acústica, debido a la gran potencia de los motores, a la carga y descarga de contenedores, y a que utilizan combustible de baja calidad con alto porcentaje de azufre”.

Como medida de precaución “los amarres de dichos buques deberían alejarse de los muelles más cercanos al casco urbano”. Sin embargo, la asociación lamenta que se pretende hacer “todo lo contrario con la mencionada terminal”, por lo que reivindican “el derecho a respirar aire limpio”.

La incertidumbre del proyecto

Baleària resultó adjudicataria de forma provisional de la nueva terminal de cruceros que se construirá en los astilleros de Unión Naval, propiedad de Vicente Boluda, quien además forma parte del consejo de administración de la APV.

Para hacer efectivo el traslado de la terminal de cruceros de su actual ubicación en el dique norte a las instalaciones de la Unión Naval, la APV aprobó el rescate de la concesión otorgada en su día al naviero Vicente Boluda, para lo que se le compensó con una nueva concesión para la construcción de un edificio de oficinas, una maniobra que investiga el Tribunal de Cuentas.

La propia APV se vió obligada a dejar sin efecto la permuta de concesiones tras sendos informes desfavorables de la Intervención y de la Abogacía del Estado, al considerar que no procedía una compensación por el rescate de la primera (la de Unión Naval), una cuestión que se dirirmirá en los juzgados.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contra la resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.