El desahucio de varias familias en la Creu Coberta de València se tensa de nuevo al no acordar una solución con la Administración

Parecía que todo estaba encauzado y que no iba a haber problemas para buscar alternativas habitacionales para las nueve familias afectadas por el desalojo de dos edificio en estado de ruina en la calle Manuel Arnau del barrio de la Creu Coberta de València.

Todos ellos debían abandonar las viviendas el pasado 2 de agosto, pero finalmente quedó paralizado durante diez días gracias a la presión realizada desde primera hora de la mañana por el sindicato del barrio Construyendo Malilla junto a los afectados y a la mediación con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para buscar una alternativa, y tras la evaluación efectuada por los bomberos y un trabajador social.

Este jueves 12 de agosto se cumple el plazo 10 días otorgado sin que todos los núcleos familiares hayan logrado alcanzar un acuerdo con la Administración para que abandonen sus domicilios. Está previsto que las autoridades acudan por la mañana para comprobar que todos los inmuebles están vacíos, pero según han informado fuentes del sindicato, hasta este miércoles 11 de agosto había dos núcleos familiares “sin alternativa” y “varios vecinos del 11 que quieren quedarse”, por lo que podría darse una situación tensa si opusieron resistencia al desalojo.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda han informado a elDiario.es que, tal y como se comprometieron, han ofrecido a dos familias numerosas con menores a su cargo sendas viviendas públicas en régimen de alquiler social (entre 5 y 150 euros) en las comarcas de La Safor y Utiel-Requena respectivamente, oferta que ambas familias han aceptado: “Las que podíamos ofrecer en el área metropolitana de València eran demasiado pequeñas y no cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad”, han explicado.

En cuanto a las siete unidades familiares restantes, se les ha ofrecido ayudas para el pago de alquileres y la posibilidad de alojarse en albergues. Fuentes municipales han comentado al respecto que “uno de los afectados no està en España y el resto son personas que viven solas, por lo que se espera que acepten las soluciones que se les han ofrecido”.

Fuentes de la la Concejalía de Desarrollo Urbano aseguraron que la resolución del estado del edificio es del 24 de julio y se les comunicó a los residentes días más tarde: “En todo este tiempo se ha ido requiriendo a la propiedad para que arreglara diversas deficiencias y ante la falta de respuesta se le ha instado a la demolición habida cuenta del estado de ruina inminente que presenta; de hecho, se les ha pedido a los residentes que no se asomen a los balcones por riesgo de desprendimiento. Si el propietario no ejecuta el derribo, lo hará el Ayuntamiento y se le repercutirá el coste de forma subisidiaria”.

La plataforma sindical ha indicado que “el 9% del proyecto del Parque Central pertenece a la empresa propietaria de gran parte de esos edificios” que se quieren desalojar, por lo que considera que existe “un interés económico”