El Gobierno valenciano da la estocada definitiva a la ciudad deportiva del Valencia CF en Porxinos al aprobar la protección del paraje

El paraje natural de Porxinos ubicado en el término municipal de Riba-roja quedará blindado como terreno sobre el que desarrollar cualquier proyecto urbanístico como la ciudad deportiva que proyectó el Valencia CF, junto a 3.436 viviendas y un campo de golf en un área de 1,2 millones de metros cuadrados.

Un Plan de Actuación Integrado (PAI) que acordó el club, con Juan Soler como presidente, con el Ayuntamiento de la localidad, con el popular Francisco Tarazona como alcalde, antes de estallar la crisis inmobiliaria de 2007.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà dio luz verde el pasado 5 de marzo a la actualización del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.

El dictamen de la Comisión acordó la concesión de la Declaración Ambiental Territorial y Estratégica (DATE) al Plan, cuya aprobación definitiva debe pasar por el Pleno del Consell en un plazo no superior de dos meses, ya que está pendiente de sendos informes de Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu.

Así, entre otros terrenos y parajes, el PORN incluye como Área de Interfase (AI) de mosaico forestal-agrícola el barranco de Porxinos, así como el paraje de Les Moles de Paterna, donde se proyectó el centro comercial Puerto Mediterráneo. Son por tanto zonas forestales y agrícolas no urbanizables.

Se engloban en esta categoría las zonas forestales en las que existe un uso agrícola intercalado, caracterizado por cultivos de secano o de regadío que, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, configuran zonas de indudable interés especialmente por el efecto de mosaico entre la fase forestal y agrícola y la relación existente como ambientes favorables para la fauna y de especial significado paisajístico.

En el año 2017, la Conselleria de Agricultura ya propuso la inclusión de Porxinos en el PORN para dotar a los terrenos de protección y frenar así el segundo intento del club de llevar adelante el PAI, mediante una reducción de edificabilidad (2.700 viviendas). Sin embargo, ha sido este mes cuando la Comisión de Evaluación Ambiental ha aprobado definitivamente la protección de este y otros parajes, a la espera de que el pleno del Consell lo certifique.

Actualmente, el Valencia CF y el Ayuntamiento de Riba-roja mantienen un litigio judicial a cuenta de este proyecto. En su momento, la entidad valencianista reclamó una indemnización de 17 millones de euros a la Generalitat, pero la justicia ya eximió de cualquier responsabilidad y por tanto de abonar cuantía alguna al Consell.

Por otra parte, está pendiente una sentencia tras la denuncia que puso en su día el club contra el Ayuntamiento, por el cual exige la devolución de los 20 millones de euros que abonaron en su momento como garantía para la ejecución del PAI, más los intereses. En total, la entidad de Mestalla reclama 25 millones de euros a la corporación municipal.

Según explica a elDiario.es el alcalde de Riba-roja, Robert Raga (PSPV), “el Ayuntamiento se comprometió a tramitar otro PAI si la justicia definitivamente tumbaba el primer proyecto, algo que sucedió en 2015 por sentencia del Supremo”.

Raga añade que en cumplimiento de lo acordado con el club, “se tramitó un nuevo PAI, pero entonces chocó con la propuesta de protección de los terrenos por parte de la Generalitat Valenciana, algo que no es responsabilidad del Ayuntamiento, por lo que no hay motivos para devolver ese dinero”.

Además, en 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. 

El alcalde está convencido de que la justicia les dará la razón, puesto que incluso un informe del Consell Jurídic Consultiu del año 2017 avala la posición municipal.

El dictamen de este órgano consultivo señala que la petición del Valencia CF “no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimación puesto que ni nos encontramos ante un daño real y efectivo en los términos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulación del instrumento de planeamiento ha generado una minoración en un derecho de aprovechamiento que nunca llegó a tener”.