Test de compatibilidad cultural: las siete propuestas de Podemos al PSOE

Pedro Sánchez junto a Pablo Iglesias en su primer encuentro tras el encargo del rey de formar Gobierno / Foto: Podemos

El documento que ha presentado Pablo Iglesias a Pedro Sánchez (en el que, además de Podemos, han participado las confluencias) dedica un apartado a la cultura. Es pequeño: siete puntos, dos páginas. Lo introducen diciendo que “la política cultural y audiovisual debe tener tres objetivos: el acceso participativo, la sostenibilidad y la diversidad cultural; y las instituciones y administraciones que desempeñan dicha política han de regirse de acuerdo con los principios de democracia real, transparencia y gestión responsable”.

DOCUMENTO: Así es la propuesta de Gobierno de coalición de Podemos a PSOE e IU

En el desarrollo, consideran los siete puntos (cuyo contenido entrecomillamos) por el que el “Gobierno del Cambio” debe apostar. Aquí vamos a ver si tiene sitio en la propuesta original que el PSOE presentó en diciembre. Este es nuestro test de compatibilidad de cultural Podemos-PSOE.

IVA cultural reducido: 100%

“Reducir el tipo aplicable a productos de gran interés social como son los productos culturales y escolares, volviendo a la situación previa antes de la reforma del Partido Popular”.

En su programa electoral, el PSOE apostaba por “rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales: Es imprescindible el inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será una de nuestras primeras medidas de Gobierno”. Es decir, bajarlo al 10%. También por impulsar “que se reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la toda la UE que permita su armonización”.

Pacto por la cultura y leyes específicas para el sector cultural: 60%

“Se desarrollará un Pacto por la Cultura con el objetivo de velar por la independencia del sector cultural y garantizar el conocimiento, la producción, la creación, la diversidad, el acceso, las buenas prácticas y la gestión responsable al margen de las contingencias y los cambios políticos. Se elaborarán normas jurídicas específicas, como la Ley del Cine, la Ley de Artes Escénicas, la Ley de la Música o unas nuevas Ley de la Lectura y Ley de Patrimonio Cultural, que servirán para abordar de modo específico las necesidades estructurales y las particularidades de cada sector”.

El apoyo a las industrias culturales del PSOE estaba dentro del llamado “economía 4.0”. Su propuesta era bastante continuista, con un apoyo casi sin evaluación a las grandes industrias culturales, potenciación del mercado hispanohablante, y participación social que incluya más regulación para el crowdfunding. El partido de Pedro Sánchez prestaba especial atención al videojuego como un sector productivo cultural, y a una reformulación de la Ley del Cine por la vía de los incentivos fiscales. Apostaban además por “promover un Acuerdo Social y Político por la Cultura”, así como por crear un “Consejo de Cultura como entidad de cooperación entre los y las creadoras, las industrias culturales y las administraciones públicas”.

Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores: 50%

“En coordinación con el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas se actuará a nivel estatal para redactar y aprobar una Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y modificar las leyes educativas correspondientes para lograr, al tiempo que se respeta su idiosincrasia, superar el marco actual de equivalencia, alcanzando su plena equiparación a las enseñanzas universitarias a todos los efectos”.

En el programa del PSOE no había mención tan explícita a una Ley específica de Enseñanzas Artísticas Superiores, aunque sí apostaban por un Plan estratégico de las Artes Escénicas que “incluya la promoción del mismo en el ámbito educativo y promueva los centros con Sala Escénica”. El objetivo, decían, era “fomentar la creación contemporánea y ayudar a consolidar en España un sector de las artes escénicas y musicales de primer nivel”.

Ley de Mecenazgo y Fondo Social de la Cultura: 80%

“Se promoverá una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio que fomente tanto el macro como el micromecenazgo y la participación en la financiación de la cultura de particulares y de empresas, con el apoyo y la supervisión de las administraciones públicas. Esta ley se enmarcará en una reforma general del régimen tributario, sustituirá a la actualmente vigente Ley 49/2003 y modificará, entre otras, la Ley General Tributaria, la Ley de IVA, la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades. Se conectará con la creación de un Fondo Social de la Cultura de modo que participen en él la Administración, los profesionales del sector y la sociedad civil”.

El PSOE proponía un Acuerdo Social y Político por la Cultura y un Consejo de Cultura, ya mencionados. Respecto a la Ley de Mecenazgo, el programa del PSOE la incluía, y explicaban que sería mediante “un sistema de bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países de nuestro entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales”. Recogería “las distintas herramientas de micro-mecenazgo (crowdfunding), el apoyo a la producción y el consumo cultural mediante desgravaciones a la ciudadanía en el IRPF”.

Estatuto del artista y del profesional de la cultura: 90%

“Debe tener rango de norma jurídica y estar adaptado a las características de intermitencia del sector cultural, tanto aquellos que realizan su trabajo por cuenta ajena como quienes lo hacen por cuenta propia. Contemplará la especificidad de los ingresos de corte irregular de los profesionales de la cultura y promoverá una fiscalidad que se adapte a sus necesidades”.

En su programa, el partido de Pedro Sánchez proponía “aprobar un Estatuto del Artista para atender a la profesión cultural como una realidad específica que refleje la intermitencia en la contratación y la cotización, de contingencias de salud, maternidad, jubilación o desempleo”. Era el que más hincapié hacía en las medidas específicas de este estatuto, pues hacía mención a hacer efectiva la igualdad de género, atención a la maternidad, conciliación, la recualificación profesional abriendo el sistema de reconocimiento de competencias profesionales, así como la atención a las personas artistas jubiladas.

Nuevo pacto social en materia de propiedad intelectual: 50% (con nubosidad variable)

“Urge convocar a representantes de la ciudadanía, titulares de derechos, industrias culturales y empresas tecnológicas para alcanzar y promover un nuevo pacto social que, respetando el marco de la normativa europea vigente, equilibre sus intereses sociales y configure un sistema de Propiedad Intelectual más equitativo, sostenible y justo, con los objetivos de garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura, la protección y autonomía de los creadores, la pluralidad y flexibilidad de modelos de difusión cultural en el entorno digital y la sostenibilidad e impulso de los sectores culturales. Deben reforzarse los mecanismos de control externo de las entidades de gestión, especialmente en lo relativo a la fijación de sus tarifas y a los criterios de uso efectivo y en su caso el de disponibilidad en los que debe basarse su cálculo”.

Respecto a propiedad intelectual, la reforma que proponía era bastante vaga, aún con lastres de la Ley Sinde. “Hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo, apostaban por ”apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital“.

No dejaban clara una posición sobre el conocido canon AEDE o la comisión Sinde-Wert que sustituye a la justicia. Esa falta de concreción contrasta con una medida muy concreta en relación al ruinoso canon de préstamos en Bibliotecas: “establecer para los municipios de menos de 50.000 habitantes una exención total por parte del Estado del canon bibliotecario que será abonado mediante una partida en los Presupuestos Generales del Estado”.

Derecho a Internet como herramienta cultural: 60%

“Deben establecerse mecanismos que permitan el acceso universal y no discriminatorio a la Red, para hacerla disponible, accesible y costeable para toda la ciudadanía. Hay que garantizar la coinversión pública en la infraestructura de fibra óptica y redes móviles, que hasta ahora han sido impulsadas en exclusiva por empresas privadas y que han convertido estas infraestructuras fundamentales en bienes de titularidad exclusivamente privada”.

El PSOE incluía en su programa un apartado dedicado a la sociedad en red, aunque no específicamente refiriéndose a ella como herramienta cultural. Sus propuestas pasaban por “poner en marcha una Estrategia para potenciar el Conocimiento en la Sociedad Red”, “activar planes para reducir la brecha digital” con comunidades y el sector TIC o “adoptar las medidas necesarias para ofrecer acceso en todo el territorio a banda ancha de calidad para que haya conexión en igualdad de oportunidades para todo el mundo”.

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