Una empresa sospechosa de corrupción suministrará los uniformes de la Policía Local de Elche

El Ayuntamiento de Elche dio luz verde la pasada semana a la contratación de los uniformes de la Policía Local. Un procedimiento que carecería de mayor análisis si no fuera porque una de las empresas adjudicatarias, Manufacturados Redován S. L., es la misma que está siendo investigada por la justicia y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por el presunto amaño en la compra de trajes en Santa Pola.

Por esta causa fueron detenidos y puestos en libertad con cargos hace justo un año los miembros de una familia, el padre, los hijos y la mujer de uno de ellos. Todos pertenecen al conglomerado de Almacenes Riera S. L. que controla el suministro de uniformes de la Policía municipal de parte de la provincia de Alicante.

En esta operación de la Policía Nacional también fueron detenidos, entre otros, el exconcejal de Seguridad Ciudadana Antonio Pérez Huertas y el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, de quien se investiga si podría haberse llevado comisiones por la compra por parte del consistorio, al parecer de manera ingente e innecesaria, de uniformes de la Policía Local y de Protección Civil. Por todo ello está imputado por prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Todos estos presuntos hechos delictivos (a los que hay que sumar horas extras de los agentes que se cobraban pese a no realizarse) ocurrieron mientras Zaragoza estaba en la jefatura de la Policía de la villa marinera y otro Zaragoza, su hermano Miguel, como alcalde del Partido Popular de la localidad entre 2003 y 2015.

Ahora, cuando está el tercer hermano de una familia de once, César Zaragoza, como jefe de la Policía Local de Elche, el consistorio ha adjudicado a la empresa investigada parte de los siete lotes que ha sacado a concurso público para vestir a los agentes. Según fuentes municipales, Manufacturados Redovan S. L. ha resultado ser la ganadora de tres de ellos por un importe total de 77.900 euros. En concreto, se hará cargo de la ropa (59.000 euros), los pantalones (9.700 euros) y el calzado de seguridad (9.200).

Para este concurso general abierto se han presentado otras cuatro empresas mediante la fórmula de concurrencia por lotes y por competencia. De esta forma, El Corte Inglés se ha hecho con el calzado de la Policía de Elche por un importe de 12.500 euros.

“Incómoda”

Preguntada a la teniente alcalde de Contratación del Ayuntamiento de Elche, la socialista Ana Arabid, reconoce que no se ha sentido “cómoda” con este proceso de licitación pública. “Lo cierto es que no me ha hecho mucha gracia que esta empresa haya resultado ganadora”, añade. “He preguntado y repreguntado a los técnicos municipales si todo estaba correcto y me han asegurado que sí”, esgrime la también regidora de Hacienda.

La Ley de Contratos del Sector Público solo prohíbe la contratación por parte de la administración de personas jurídicas en las que pese una condena “mediante sentencia firme”, cuestión que está por determinar. Los cinco miembros de la empresa familiar Riera, con sede en Redován, están imputados por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

“Nosotros hemos seguido lo que dice la ley y al final ha ganado la empresa que ha presentado la oferta más económica”, afirma Arabid. “También hemos seguido el procedimiento reglado”, explica en alusión a que esta licitación pública ha pasado por la Mesa de Contratación (donde están todos los partidos con representación) y por la Junta de Gobierno.

Esta última parte es la que no se llevaba a cabo en Santa Pola con esta empresa. El PSOE de la localidad venía denunciando que el gobierno de Zaragoza no presentaba por el cauce de la Junta de Gobierno las constantes adjudicaciones con Manufacturados Redován. En este sentido, según reveló en su día Alicante Plaza, las pruebas del sumario judicial abierto apuntan a la “connivencia” entre el mando policial y la firma de uniformes, que acordaban previamente confeccionar tres presupuestos inferiores a 18.000 euros de tres empresas que resultaban ser la misma para la adjudicación a dedo, mediante la fórmula del contrato menor, del suministro del material.

“Nosotros no hemos querido hacerlo por contrato menor”, aclara la concejala de Elche Ana Arabid. “Podíamos haberlo hecho pero queríamos ahorrarnos problemas y al final ha resultado ganadora la misma”, ha señalado.

Con la pérdida de la alcaldía de Santa Pola en 2015, las formaciones entrantes (PSOE, Esquerra Unida, Compromís y Sí se puede Santa Pola) empezaron a indagar en la gestión del exalcalde Miguel Zaragoza. De esta forma, el primero en caer fue su hermano José Manuel por el ‘caso de los uniformes’. Actualmente se encuentra de baja por incapacidad temporal mientras el Ayuntamiento ya inició los trámites para suspenderle de empleo y sueldo a él y a los oficiales también implicados Roque Alemañ, Pascual Linares y Alfonso Aracil. “Pero hasta que no se reincorporen, no se les puede notificar”, afirman fuentes municipales.

En febrero de este año, el exalcalde también fue detenido y está siendo juzgado por el ‘caso de la clínica privada de Gran Alacant’: la cesión por parte del consistorio de suelo municipal para una clínica a la que supuestamente no le cobró un canon superior a los 100.000 euros durante diez años a cambio de colocar a la hermana de la familia, Pilar Zaragoza, quien habría estado cobrando sin acudir a trabajar. Ella y su pareja, el por entonces edil de Seguridad Jorge Perelló, también fueron detenidos y están siendo investigados.

El político de la familia Zaragoza, si bien se ha declarado inocente, ha reconocido ante la jueza posibles “errores”  y ha acabado dimitiendo como diputado provincial primero y como concejal después. Dos semanas antes de que Rajoy empezara a trabajar como registrador de la propiedad en Santa Pola, el exlíder del PP local también volvió a su vida ‘civil’ y se reincorporó al centro de salud L'Altet como enfermero de atención primaria.

Desde ese puesto tendrá que responder también al delito de prevaricación ambiental por la causa de los chiringuitos del Carabassí por el que ha sido procesado y, a la espera de juicio, se enfrenta a un año de cárcel y siete de inhabilitación por presuntamente ceder a los intereses de unos locales de ocio que durante años excedieron los ruidos permitidos.

Con respecto al caso de los uniformes de Santa Pola, el actual Ayuntamiento tiene previsto volver a licitar el procedimiento “para que sea un concurso totalmente público y transparente”. Sin embargo, como ha ocurrido en Elche, puede que al final vuelva a resultar ganador el conglomerado de la empresa de la familia Riera o que vuelvan a repetir las mercantiles del empresario Antonio Gil de los Ríos, detenido y puesto en libertad unos meses más tarde, acusado de los mismos delitos que la otra empresa por las mismas operaciones en Santa Pola.