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Oltra sobre la quita al medio del que es accionista el presidente: “No hay conflicto de intereses porque votó una norma de carácter general”

Mónica Oltra durante la rueda de prensa tras el pleno del Consell en Borriana.

Sergi Pitarch

“No podía haber conflicto de intereses, porque se trataba de una norma de carácter general”. A esa idea se ha aferrado este viernes la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para justificar que no había ilegalidad en el acuerdo del Consell en el que participó el presidente Ximo Puig gracias al cual pudo el Instituto Valenciano de Finanzas hacer quitas como la que perdonó un 70% de una deuda de 1,9 millones de euros al diario Mediterráneo, en el que es accionista.

Oltra ha explicado desde Borriana, donde se ha reunido el Gobierno valenciano, que Puig ha dado explicaciones a los miembros del Consell, que lo está haciendo a los medios de comunicación y lo hará en las Corts Valencianes. “Se están dando y se darán todas las explicaciones”, ha enfatizado, para negarse a dar su opinión sobre el caso, excepto en relación con la conveniencia de que el presidente se hubiera abstenido. “No solo no debía sino que no podía hacerlo”, ha dicho, porque se hubiera interpretado como “una dejadez de funciones” no votar un decreto de carácter general.

La vicepresidenta, de Compromís, ha remitido al director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, para cualquier pregunta concreta sobre la operación de quita de un 70% de la deuda del Grupo Z en la compra por parte de Editorial Prensa Ibérica.

El cierre de filas de Oltra con Puig ha hecho que se negara a dar su opinión política sobre el asunto. “Desde esta mesa, no tengo que añadir, glosar ni matizar lo que el presidente ha explicado”, ha insistido la vicepresidenta, que se ha negado a recomendar a Puig si debe vender o no sus 177.800 euros en acciones de Mediterráneo. Sí que ha asegurado que el tema puede ser debatido porque ahora existe una transparencia que lo permite. Oltra ha recordado que en la primera legislatura del Pacto del Botánico se aprobó una legislación sobre el conflicto de intereses y que ahora hay “órganos encargados de determinar esas cuestiones”.

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