El PP valenciano aprieta al Gobierno para que lleve al Constitucional la ley de plurilingüismo

El PP se está tomando muy enserio su labor como partido de la oposición. Especialmente, en las cuestiones educativas. Si llevaron a los tribunales el primer decreto que regulaba el modelo de educación plurilingüe y el Tribunal Superior de Justicia valenciano ya abrió una causa de oficio respecto al segundo, la tercera normativa sobre el plurilingüismo aprobada por el Consell -esta, a petición de las Corts- también se enfrentará a un viacrucis judicial.

Los populares, que siguen empecinados en que la enseñanza en valenciano “es el inicio del procés” en la Comunitat Valenciana - así lo tildó su diputada Beatriz Gascó durante el debate parlamentario el pasado febrero- piden ahora al Gobierno central que estudie esta norma. En concreto, Isabel Bonig se dirige a Mariano Rajoy para que convoque una comisión bilateral Gobierno-Generalitat, el paso de cortesía previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Los populares valencianos se basan en que el TSJ ha anulado el primer decreto de plurilingüismo y remitió al Tribunal Constitucional al segundo -en vigor para el presente curso-, considerando que copiaba algunos de los artículos suspendidos. Una especie de copia de la copia.

Bonig considera que “muchos de los artículos anulados en el decreto de plurilingüismo”, anulado parcialmente por el TSJCV y derogado por el Consell, “perviven”. Asimismo, asegura que la política del Ejecutivo autonómico “atenta contra la libertad de las familias y de los padres y contra la Constitución”, al legislar un mínimo de horas en castellano, valenciano e inglés. Los populares ya avanzaron durante el fin de semana pasado que harían “todo lo posible” para que el Gobierno recurriera esta ley. Al ser una normativa procedente de las Cortes, debe ser el Ejecutivo central quien la recurra al Constitucional.