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Un juez pide información al PP sobre el desvío de dinero sin justificar de la Diputación de Alicante al partido

Un juzgado de lo contencioso administrativo de Alicante acepta a trámite la denuncia de Compromís porque el PP ingresó supuestamente casi medio millón de euros desde las arcas de la corporación provincial sin rendir cuentas

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante

El popular César Sánchez, expresidente de la Diputación de Alicante

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha aceptado a trámite el recurso de Compromís para que el Partido Popular explique el presunto desvío de casi medio millón de euros de la Diputación de Alicante al partido sin justificación.

El magistrado ha ordenado al gobierno de la corporación provincial que actualmente dirigen el PP y Cs que le remita en un "plazo improrrogable" de 20 días la documentación de los gastos de todos los grupos políticos durante el pasado mandato cuando el popular César Sánchez era el presidente.

Según Compromís, el Partido Popular primero multiplicó por cuatro sus ingresos de dinero público de la Diputación de Alicante en diciembre de 2015 y luego hizo "un uso contrario al que marcan las normativas de la institución", como dicta el articulo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los Grupos Políticos de la corporación.

Explica el grupo que dirige el diputado provincial Gerard Fullana que sospecha que el desvío podría alcanzar casi el medio millón de euros gracias "a la complicidad de técnicos de la Diputación que han usado diferente vara de medir en la fiscalización de cuentas entre los populares y la oposición".

En concreto, fuentes de la coalición califican como "partidistas" los informes de la intervención "que reclaman imperiosamente a los grupos que no están en el gobierno y los penalizan con todo tipo de reparos menores por haber presentado la facturación completa".

Compromís ha identificado un primer paquete de los años 2015 y 2016 de ingresos sin justificar de 195.167.15 euros de la institución al Partido Popular, sin que se le haya informado de las cantidades exactas ingresadas en 2017, 2018 y 2019. "La mayoría de ingresos se producen a menos de 48 horas de que finalicen los ejercicios contables en una clara maniobra de ingreso al partido de excedentes que no ha gastado el grupo del Partido Popular en su acción política del año, aspecto no permitido por la ordenanza", apunta.

"El hecho es especialmente significativo porque se da el caso que existe coincidencia entre los intereses de representantes políticos en ambos lados de la línea institucional y de partido", añade Compromís. Un ejemplo de ello sería el del alcalde de Torrevieja y diputado provincial Eduardo Dolón, quien según la información que maneja Compromís ingresa al partido como vicepresidente primero de la Diputación y meses después certifica que el gasto pertenece a actividades vinculadas al grupo de la Diputación sin aportar la facturas.

Esta respuesta de la justicia llega después de la actitud del Partido Popular -con el apoyo de los votos de Ciudadanos- en el anterior pleno de rechazar el recurso de reposición que exigía Compromís para validar los ingresos de esta legislatura, persiguiendo la coalición valenciana que el PP cumpliera con la ordenanza de lo ingresado hasta la actualidad.

Además, explica Compromís, la demanda también llega después de que la comisión de fiscalización de las cuentas creada en el anterior mandato haya evitado aprobar, como especifica su dictamen de creación, ningún informe de fiscalización de los ingresos a los partidos en cuatro años con el objetivo, según denuncia, de evitar cualquier acto administrativo que sea recurrible.

"En este mismo órgano el Partido Popular evitó hace unos meses la entrega de facturas como sí habían hecho el resto de grupos en una votación que se salvó con el voto del tránsfuga Fernando Sepulcre -ex de Ciudadanos- y el voto de calidad del entonces presidente de la comisión y diputado de transparencia, Adrián Ballester", recuerda ahora.

El Partido Popular solo entregó justificantes de cinco líneas donde su secretario provincial certificaba "sin aportar ninguna factura" que los ingresos de dinero público al partido se habían destinado a los estipulado por la normativa de subvención de partidos de la institución. Esta normativa especifica que el ingreso de la subvención a partidos debe destinarse a gastos vinculados al grupo de la Diputación de Alicante.

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