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El Gobierno valenciano tendrá que pagar 39,5 millones de euros por el capricho de Camps de salvar a la textil Kelme con dinero público

La Justicia obliga al Instituto Valenciano de Finanzas a adquirir el 54,58% de las participaciones sociales de la empresa en liquidación Desarrollos Urbanísticos Aguamarga SL, cuya propiedad comparte con dos entidades dependientes de las extintas Bancaja y CAM

El Consell de Camps se embarcó en 2008 en una operación inmobiliaria junto a Bancaja Hábitat (Banco Financiero y de Ahorro) y Tenedora de Inversiones y Participaciones SL (Banc Sabadell) para sacar de la quiebra a la empresa alicantina de ropa deportiva

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Manuel Illueca, director del IVF, y Ximo Puig, en Elche.

Manuel Illueca, director del IVF, junto al president de la Generalitat Ximo Puig

El Gobierno valenciano adquirirá, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el 54,58% de las participaciones sociales de la empresa Desarrollos Urbanísticos Aguamarga SL -actualmente en fase de liquidación- por un importe total de 39,5 millones de euros. Y lo hará obligado por dos sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia que obligan al IVF a ejercer la opción pactada en 2008 -con el popular Francisco Camps al frente de la Generalitat- con Bancaja Hábitat (actualmente Banco Financiero y de Ahorros) y con Tenedora de Inversiones y Participaciones, SL (actualmente participada por Banc Sabadell).

El Ejecutivo de Camps, para sacar de la quiebra a la empresa textil alicantina Kelme, se embarcó en 2008 en una operación inmobiliaria que ha acabado costando a los valencianos cerca de 40 millones de euros. La mercantil Desarrollos Urbanísticos Aguamarga SL está pendiente de autorización judicial para proceder a la dación en pago de las fincas de Aguamarga, cuyo valor de tasación apenas alcanza los 975.000 euros.

Origen de la operación

En 2007, el IVF encabezó una operación a tres bandas con las extintas Bancaja y CAM para rescatar a Kelme, que atravesaba un momento muy complicado y parecía estar abocada a la quiebra. La operación consistió en la adquisición de unos terrenos propiedad de la compañía textil en la zona de Aguamarga protegidos por su valor ecológico.

La inversión global ascendió a 35 millones de euros, de los que el Instituto Valenciano de Finanzas aportó cinco, Bancaj veinte y la CAM los diez restantes. Para ello se constituyó la mercantil Incadesa (ahora Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L.), participada por las tres entidades implicadas en la operación.

El contrato, firmado en 2008, recogía una opción de venta por parte de Bancaja Hábitat y Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) en favor de la entidad pública financiera, una acción que ambos socios ejercieron en 2011. Sin embargo, el IVF, como consecuencia del decreto ley 1/2011 de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, no pudo cumplir con esta opción.

Vía judicial

Como consecuencia, Bancaja Hábitat y TIP acudieron a la vía judicial. Así, tas un largo proceso que ha durado varios años, los tribunales han resuelto que en sentecia firme que el IVF debe hacer frente a las obligaciones contractuales y acatar la opción de venta, lo que implica la adquisición del 54,58% de las participaciones sociales de Desarrollos Urbanísticos Aguamarga SL (el 18,22% era propiedad de TIP y el 36,36% era propiedad de Bancaja Hábitat). Esta operación conlleva un desembolso de 39,5 millones de eruos para el Instituto Valenciano de Finanzas, una cantidad que la entidad financiera valenciana tenía prevista.

En las escuchas de Brugal

Se da la circunstancia de que esta operación también aparece en las grabaciones del caso Brugal. Concretamente en conversaciones mantenidas entre el empresario alicantino Enrique Ortiz -en el epicentro de todas las sospechas por corrupción en el Alicante de los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo- y el entonces director general del IVF Enrique Pérez Boada. El responsable del Instituto Valenciano de Finanzas proporciona información a Ortiz sobre la operación planeada a tres bandas para sanear Kelme a través de la compra de una finca ubicada en el humedal alicantino de Aguamarga.

Herencias envenenadas

Éste es el último caso (de momento) de las herencias envenenadas a las que tiene que hacer frente el Consell del Botànic. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio el Ejecutivo valenciano aprobaba la Cuenta General de 2017 que, entre otras cuestiones, incluía provisiones por un importe de 147,5 millones de euros para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales derivadas de actuaciones de anteriores ejecutivos del PP. Entre ellos destacaban los 100 millones de euros a los que el Consell debe hacer frente por el derribo de las torres conocidas como 'Gemelos 28' en Benidorm.

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