“La reforma de las pensiones es hija del autoritarismo postdemocrático del PP”

Pregunta. ¿Necesitamos una reforma de las pensiones?

Respuesta. En primer lugar no se ha seguido un procedimiento verdaderamente democrático para llevarla a cabo: no aparecía en el programa del PP, sino justamente lo contrario: el PP se había opuesto a la reforma de Zapatero con fines puramente electoralistas engañando a los ciudadanos. Se adopta no con argumentos políticos, sino técnicos, como si fuera posible que una reforma de tal calado en sí misma no presuponga una visión política, se designa a una Comisión de Expertos, en realidad representantes de los lobbys privados con intereses propios no coincidentes con los intereses generales para que den cobertura “técnica” o “científica” a la reforma, no se ha negociado con los sindicatos ni con las organizaciones empresariales, no ha atendido al informe del CES, no se ha aceptado acepta enmienda alguna de ningún grupo parlamentario de la oposición. Y, finalmente, una reforma de tan largo recorrido que afecta a nueve millones de pensionistas, actuales, más los que se irán uniendo en el futuro, no ha sido sometida a un verdadero debate público ni, como creo que hubiera sido conveniente, y se solicitó por algunos sectores ciudadanos a referéndum.

P. Entonces, ¿tan mala es la reforma del PP?

R. Es un ejemplo de reforma típica del autoritarismo postdemocrático del PP hacia el que está virando la democracia española. La primera excusa de la reforma es que viene exigida por la Comisión Europea como contrapartida al rescate bancario, sobre la base de que es insostenible el generoso modelo español de pensiones. Por tanto se mueve en un marco europeo en un cambio de modelo de los sistemas de protección social a nivel europeo. ¿Por qué ahora, cuando apenas estaba arrancando la reforma de 2011 y sus efectos todavía no se habían empezado a notar?

La razón y la excusa: los efectos demoledores de las reformas que el propio gobierno puso en marcha en el mercado de trabajo en 2012: la destrucción de empleo y la política de devaluación interna han llevado a que los presupuestos de la Seguridad Social empiecen a presentar déficit en 2012 y en 2013 (no así con la reforma laboral de zapatero en 2010) y se haya tenido que acudir al Fondo de Reserva. A partir de ahí razones coyunturales se encubren con las demográficas, que ahora alegan para las reformas cuando lo cierto es que los problemas demográficos se empezaran a plantear no en 2014 ni en 2019 sino a partir de 2027. Los problemas financieros no son demográficos sino causados por la crisis y por las políticas seguidas para hacer frente a la misma. Para problemas de presente se alegan razones de futuro para que los ciudadanos acepten como algo inexorable una reforma estructural de la pensión de jubilación y probablemente también del modelo, recortando la cuantía de la pensión mediante el factor de sostenibilidad ya en 2019 sin que haya razón alguna para establecer esa fecha y para cambiar el sistema de revalorización de las pensiones no garantizando durante bastantes años su poder adquisitivo pese a que se diga demagógicamente que siempre se revalorizarán.

P. Si cada vez empezamos a trabajar más tarde y vivimos más, ¿es sostenible el actual sistema?

R. Eso depende de muchas variables, no sólo de las demográficas. Si crece la riqueza, aumenta el PIB y el empleo y los salarios son dignos y decentes, con más participación en la renta nacional, y aumenta la productividad, no se ve por qué no va a ser viable un sistema público de pensiones que otorgue pensiones dignas y suficientes. De no ser así no es viable un sistema público, ni tampoco un sistema privado, pues los sistemas de capitalización sufren los mismos retos demográficos y, además, están expuestos a los riesgos financieros y a las burbujas.

P. Ahora mismo tenemos algo más de 31 millones de personas entre 16 y 67 años. En 2050 se pronostica que apenas habrá 22 millones en edad de trabajar.¿Cómo se pagarán las pensiones del futuro?

R. Las previsiones que hacen los expertos basadas solo en datos demográficos suelen equivocarse, quizás deliberadamente. En 1995 el BBV predijo que en 2000 se produciría la quiebra de la Seguridad Social y se equivocaron interesadamente, pues tuvo superávit durante muchos años al no prever los movimientos migratorios que se dan siempre que un país crece económicamente y no tiene suficiente población propia. ¿Ignoran eso unos economistas tan cualificados? Ahora se proyectan sólo datos demográficos como si la economía y la riqueza del país permaneciera inmóvil, como si lo demás no fuera a cambiar. Así ha sido siempre, si comparamos la Seguridad Social actual con la que teníamos en 1975. Pero incluso aunque hubiera menos activos que pasivos, la Seguridad Social no debe verse como una compañía de seguros que sólo deba financiarse mediante cuotas y depender sólo del empleo y de los salarios.

No es pensable un escenario en el que la economía no crezca, con una adecuado modelo productivo, y que no genere empleo, propio o procedente del exterior. Cabría, además, de ser necesario, de haber riqueza y productividad, buscar también fuentes de financiación alternativas. O incluso subir las propias cotizaciones. Todo ello está en manos de los ciudadanos, no de los técnicos. Se trata de cómo hacer frente a los gastos en pensiones derivados del incremento del número de jubilados, de sus pensiones y de su esperanza de vida. Si va recaer en toda la sociedad mediante una redistribución de la renta de los que más tienen, en los activos sólo, o finalmente sólo en los pensionistas. La cuestión es adaptar los sistemas fiscales a ese nuevo escenario, si no se quiere acabar trasladando ese desafío a los beneficiarios presentes y futuros recortando las pensiones. Por otra parte, la reforma de la Seguridad Social de 2011 ya ha retrasado la edad de jubilación, ha recortado entre un 6 y un 7% la pensión y el aumento a 25 años de la base reguladora supondrá también una cierta disminución en la mayoría de los casos de la tasa de reemplazo, esto es, de la relación entre el salario que se tenía y la pensión.

Una nueva vuelta de tuerca con la reforma actual insiste en que sean los pensionistas presentes y futuros los que asuman los costes derivados de la políticas laborales y de la crisis, un nuevo capítulo de la política de recortes, y sin plantear nada en el capítulo de ingresos ni en el ámbito fiscal (impuestos de solidaridad, lucha contra el fraude, supresión de las exenciones fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social, un sistema fiscal más progresivo, entre otras medidas).

P. Los pensionistas han perdido menos poder adquisitivo que los trabajadores o los funcionarios. ¿No es aceptable que sus pensiones suban por debajo del IPC?

R. El que las condiciones de trabajo de los activos hayan empeorado por la disminución de los salarios, el declive incluso el mileurismo, la precarización laboral o los recortes de los sueldos de los empleados públicos, y en general por las altas tasas de destrucción de empleo, no debe llevar a que se extienda el sufrimiento a sectores de la población más vulnerables e indefensos sin capacidad de reacción e incluso de manera retroactiva. Y mucho menos si se tiene en cuenta que la pensión de un porcentaje muy alto de pensionistas no llega al salario mínimo.

Tampoco es el mejor momento, si se tiene en cuenta que el único consumo que se ha mantenido durante la crisis ha sido el de los pensionistas, que en muchos casos mantienen a otros miembros de la familia que están en paro. No es por ello recomendable trasladar los recortes también a los pensionistas si se tiene en cuenta que el 60 % del PIB depende del consumo interno, más cuando quedan 53.000 millones en el Fondo de Reserva que para eso se ha creado. No es acertado además generar inseguridad y desconfianza en un colectivo como el de los pensionistas, cada vez más numeroso (9 millones que van a ir in crescendo) y que cada vez va a tener más protagonismo. Y mucho menos finalmente de manera lineal sin discriminar entre pensiones bajas, medias o altas.

P. ¿Es mejor subir los impuestos que bajar las pensiones?

R. La alternativa como única opción, de entrada es falsa y plantea un dilema tendencioso a los ciudadanos en el sentido de que se les induce a creer que tendrán que pagar más impuestos si quieren que se mantenga el nivel de las pensiones. Es una cuestión de redistribución de la renta. No es solo cuestión de impuestos, sino de quién debe pagar más impuestos. Y no sólo de impuestos sino de creación de empleo, mejora de los salarios y aumento de la productividad. Y más que de subir impuestos, se trata de modificar el sistema fiscal, de evitar que se mantenga sólo con impuestos sobre el trabajo y el IVA, de combatir el fraude y la evasión fiscal, impedir que empresas multinacionales dejen de tributar donde producen para hacerlo en países de conveniencia o de luchar contra la corrupción política que despilfarra dinero público.

P. ¿Esta reforma intenta favorecer los planes de pensiones privados?

R. Sí. Se trata de presionar a los países en los que los Fondos de pensiones no están tan desarrollados como en USA, Inglaterra, Holanda y los países nórdicos para que amplíen este nuevo nicho de mercado del capital financiero. Así se plantea para España, Francia e Italia. Es un nuevo espacio, junto con la sanidad y otros servicios públicos, para que entre en juego el mundo empresarial y con él el beneficio privado a costa del dinero público. Pero esta invasión no garantiza ni un menor coste ni una mayor eficiencia, y además incide en unas materias muy sensibles y con posibles efectos perniciosos para los intereses generales de los ciudadanos al afectar a sus derechos fundamentales. Para ello la estrategia europea considera que es necesario, con la excusa del control del déficit, en el caso de las pensiones, recortar y así crear desconfianza en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema público. De este modo espera que aumente la suscripción de Planes de pensiones y con ello el beneficio de sus gestores. No obstante, parece olvidar que el sistema individual sólo está al alcance de quien tenga excedentes de recursos y/o sueldos medios y altos, con lo que la avaricia del capital financiero puede entrar en contradicción con las políticas de recortes y de bajos salarios.

P. ¿Qué habría que hacer para garantizar el estado del bienestar?

R. En primer lugar, los ciudadanos tendrían que verlo como una conquista a la que no se puede renunciar para que puedan defenderse y luchar por él. Si los ciudadanos abdican de su implicación política en su mantenimiento y aceptan el discurso catastrofista de la inviabilidad, o el desgaste del valor de lo público, será muy difícil, incluso aunque desde el punto de vista económico se den las bases para que resulte viable. En segundo lugar, las políticas económicas, laborales y fiscales, que se adopten son decisivas para hacer frente a los retos actuales y futuros. Y es a esas a las que hay que mirar y no a los meros discursos de la inexorabilidad demográfica que se propagan para hacer creer a los ciudadanos que es necesario su recorte y adelgazamiento, cuando no su supresión.