Las sospechas sobre las irregularidades en la expropiación agravan el fiasco de las plantas de purines
Nuevas irregularidades se suman a las ya conocidas en torno a las plantas de purines de Castellón. Las instalaciones costaron doce millones de euros de dinero público a finales de la década de 1990, pero no llevaron a cabo su labor de gestión de residuos. Pese a este incumplimiento del contrato, la Diputación de Castellón indemnizó a la empresa adjudicataria con más de 500.000 euros en el año 2015 para poder recuperar las instalaciones.
A estos episodios ya conocidos, se sumó el martes una sospecha de corrupción. Castelló en Moviment y PSPV denunciaron que las expropiaciones de los terrenos en los que se asentaron las plantas recayeron en terrenos de personas o entidades que “hay que saber si se beneficiaron de información privilegiada”, afirmó el diputado provincial socialista Santiago Pérez.
En el caso de la planta de Vall d'Alba, la empresa adjudicataria (Tetma, del grupo Lubasa) compró los terrenos dos años antes de que se produjera el concurso público que finalmente ganó. “Así, ingresó el dinero de la expropiación y también se quedó con los terrenos”, explica el diputado Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment. Tanto Vallejo como Pérez afirman que en Todolella pasó algo semejante. Los terrenos elegidos eran de un particular, pero finalmente se cambiaron por un terreno contiguo, que resultó ser del entonces alcalde de la población, Alfredo Querol.
“Nadie asume la responsabilidad”
Los dos diputados acudieron el martes a una comisión en la Diputación de Castellón, en la que comparecieron cuatro técnicos para dar explicaciones sobre la gestión de las plantas de purines por parte de la institución. Según el diputado de Castelló en Moviment, los técnicos negaron conocer el proceso de expropiaciones. El responsable socialista explicó que “la labor de los técnicos fue correcta, pero nadie asume la responsabilidad sobre las decisiones políticas”.
Consultados por eldiario.es, los portavoces oficiales de la Diputación evitaron contestar sobre esta cuestión en concreto. Afirmaron que “los técnicos han dado todas las explicaciones. Todo el proceso se llevó a cabo de acuerdo con la ley”. Por su parte, Querol explicó recientemente a eldiario.es que su finca fue expropiada forzosamente por la Diputación “junto a las de otros propietarios, porque estaba en un llano y cumplía las condiciones de accesibilidad”.
Indemnización y devolución de fianza
Vallejo explicó que, además de la indemnización que recibió la empresa en 2015, la Diputación también le devolvió una fianza de 1,1 millón de euros. Tetma recuperó este dinero, explicó el diputado, pese a que devolvió las instalaciones en un estado ruinoso. Además, la empresa no registró los terrenos ni las construcciones, de forma que nunca pagó el IBI, añadió Vallejo. Desde la Diputación, por su parte, afirman que esta cuestión “se está regularizando”.
La institución provincial explica que indemnizar a la empresa fue una decisión “técnica” basada en que “las condiciones habían cambiado y la explotación no resultaba rentable”. Según Vallejo, “ha sido enterrar dinero sin sentido. Como es una empresa amiga del PP, ha salido ganando aunque no ha cumplido el contrato. El lema es que si tengo beneficios me los quedo, y si tengo pérdidas las socializo”.
Pérez afirmó que “desde el PSPV no estamos de acuerdo con esa indemnización desde el punto de vista de que la empresa no ha cumplido los objetivos que se le había fijado”. Pidió, además, al gobierno de la Diputación una investigación sobre la titularidad de los terrenos que fueron expropiados.
