València pide junto a las ciudades españolas con más habitantes poder flexibilizar el presupuesto y usar superávit contra la crisis del coronavirus

Las siete ciudades españoles con mayor número de habitantes piden al Estado que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, poder disponer del superávit de 2019 y los remanentes acumulados de años anteriores y que se permita un aumento del déficit.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido políticas que garanticen “una salida de la crisis basada en la equidad social y la sostenibilidad mediambiental”.

Ribó ha mantenido una reunión telemática con los alcaldes de Madrid (José Luis Martínez-Almeida), Barcelona (Ada Colau), Sevilla (Juan Espadas), Zaragoza (Jorge Azcón), Málaga (Susana Carrillo, quien ocupa el cargo de forma accidental) y Murcia (José Ballesta).

La declaración de estas siete ciudades “se plantea como una llamada fraternal al conjunto de la ciudadanía y al resto de administraciones públicas del Estado con el objetivo de reforzar la unidad, la responsabilidad, la solidaridad, la coordinación y la cooperación como elementos esenciales para superar el reto de mayor envergadura que ha sufrido la sociedad española en su actual etapa democrática”.

“Los ayuntamientos necesitamos contar con el respaldo del Gobierno de la nación y de las Comunidades Autónomas para disponer de capacidad y recursos oportunos que nos permitan garantizar respuestas eficientes a los problemas que está generando el coronavirus y, muy especialmente, a los que van a generar durante los próximos meses las necesarias medidas adoptadas para atajar su propagación”, sostiene la declaración.

En consonancia con la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias del pasado 2 de abril, esta de las grandes ciudades, que acogen a más de 8 millones de habitantes (el 17 % de la población española), pide que se les permita hacer uso de los remanentes acumulados de ejercicios económico anteriores sin ningún tipo de limitación para colaborar en la lucha contra la COVID-19, proteger a los más vulnerables y participar en la muy necesaria reactivación económica.

Reclaman un cambio del marco financiero global en que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma y se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.

También, que se habiliten fondos nacionales en los que puedan participar para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo; establecer mecanismos de financiación y recursos para que se desarrollen programas de empleo en las grandes ciudades coordinados desde los ayuntamientos y que el Estado les permita avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes.

Además las ciudades más pobladas piden en la declaración que los grandes ayuntamientos tengan acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis.