La Fiscalía de Valladolid archiva la investigación del pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León “porque no hay indicios de infracción penal”

La Fiscalía de Valladolid ha decidido, pasados 10 meses, archivar las diligencias de investigación que abrió a raíz de la denuncia anónima con relación a al proceso de primarias en las que se enfrentaron Silvia Clemente y Francisco Igea y en el que Ciudadanos acabó anulando la victoria de la primera tras informar Igea de que había 82 votos falsos.

La fiscal considera que “no existen indicios bastantes de infracción penal”. De la investigación realizada por los presuntos delitos de daños informáticos y falsedad documental, una investigación que Ciudadanos dejó en manos de una empresa que contrató a tal efecto, “no se ha acreditado que se haya producido el uso de programa, instrumento o mecanismo apto para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación ; no se han realizado accesos no autorizados al sistema y no se han alterado documentos electrónicos ajenos”, informa la Fiscalía de Valladolid a través de una nota de prensa.

Votos no validados por varios cliqueos

Los 82 votos detectados emitidos por vía telemática pero no validados a favor de Silvia Clemente “fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como afiliados”, dice la Fiscalía. Esta afirmación contradice lo reconocido por el propio partido, y en concreto por el secretario de Organización, Fran Hervías, cuando se decidió anular la victoria de Clemente. El 11 de marzo de 2019, Hervías informó de que se habían detectado 81 votos que no eran atribuibles a “ningún afiliado”.

Lo que la empresa Lazarus, encargada de analizar los 8 servidores del partido, dice que ocurrió, es que el sistema detectó 81 votos que no validó, pero que se contabilizaron y que se deben a que algunos afiliados, en el momento de votar, cliquearon varias veces en el nombre de Silvia Clemente. Lo que no se precisa es por qué hubo ese repunte de votos durante la madrugada, o por qué esos votos no validados, atribuibles a varios cliqueos, no se produjeron en el caso de Francisco Igea.

Pero para la Fiscalía la pretensión de “engaño” del sistema por esta vía era “totalmente inadecuada y apurando las posibilidades del tipo penal constituiría una tentativa inidónea de alteración impune”.

Así, sostiene que “la declaración realizada en la mañana del día 9 de marzo de 2019 por la Comisión de Valores y garantías fue precipitada al realizarse sobre la base de votos emitidos y no de votos dados por válidos y certificados por el propio sistema”. Esa declaración de 9 de marzo de 2019 en la que la Comisión declaró la condición de candidata por la formación a Silvia Clemente, “carece de relevancia jurídica, en

tanto no otorga estatuto jurídico, ni derecho alguno (económico o de otra naturaleza) a la persona señalada“. Fue, además, modificada por la de 11 de marzo de 2019. Esta decisión no excluye que se formule denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, concluye la Fiscalía.

El entorno de Igea recuerda que hay una investigación abierta en Burgos

Desde el entorno de Francisco Igea han trasladado su “máximo respeto y confianza en la acción de la Justicia” y afirman que ha quedado “certificado que los votos no eran válidos” y que la Comisión de Valores y Garantías se precipitó puesto que se pronunció sobre los votos emitidos y no sobre los validados y certificados por el propio sistema.

“Al parecer, los votos fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como afiliados. No habría habido hackeo o un acceso no autorizado. No hay nada que decir de la calificación penal de estos hechos pero sí cabe recordar que hay un procedimiento ya abierto en Burgos, por lo que la investigación sobre el origen de los votos, o por que se dio validez a esos votos, sigue abierto y esperamos quede esclarecido y haya colaboración de todas las partes para ello”.