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Uganda, el nuevo 'paraíso' para las deportaciones de refugiados en Israel

Emigrantes de Eritrea y Sudán durante las manifestaciones de enero en Israel. / Efe

“Parece mentira que un Estado que se creó precisamente para dar refugio a aquellos que habían sido perseguidos en Europa por el mero hecho de ser judíos, ahora nos trate a otros refugiados como si fuéramos criminales”, denuncia en Tel Aviv Muatasim Ali, presidente del Centro de Desarrollo para Refugiados Africanos y demandante de asilo sudanés.

“Aunque las autoridades israelíes digan que estamos aquí por razones económicas, si demandamos asilo es porque en nuestros países corremos peligro de ser torturados, maltratados, incluso asesinados…”, señala Muatasim, que se convirtió en uno de los líderes indiscutibles de las recientes protestas contra la repatriación de subsaharianos en Israel.

“Y si fuera que algunos vienen a trabajar, ¿cuál es el problema? ¿No van los israelíes a Estados Unidos a ganar dinero, o a Alemania, que ahora se está llenando de gente venida de Israel?”, explica Meir Margalit, activista israelí de Derechos Humanos y miembro del partido progresista Meretz.

El Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu no sabe qué más hacer o hacia dónde mirar para aumentar el ritmo de deportación de las aproximadamente 55.000 personas de origen subsahariano demandantes de asilo que todavía permanecen en su territorio.

Mientras el ministro de Interior, Gideon Sa'ar, se jactaba recientemente de haber logrado un flujo de salida de los inmigrantes similar al de entrada durante los últimos años de bonanza económica, la fórmula empleada para conseguirlo podría ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo de Israel.

Varias organizaciones de derechos humanos israelíes –entre ellas, la Línea Caliente para Trabajadores Inmigrantes, el Centro de Desarrollo de los Refugiados Africanos, los Médicos por los Derechos Humanos y la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo (ASSAF)– acaban de denunciar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu por incumplir la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), de la que Israel es país signatario.

Las alegaciones serán presentadas el 1 de abril ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, que en ocasiones ha obligado al Gobierno a revocar actuaciones no acordes con el derecho internacional. Por ejemplo, forzando cambios de trazado en algunos tramos del muro de separación de Cisjordania.

Según funcionarios israelíes anónimos citados por varios medios de comunicación locales, la nueva fórmula aplicada por el Ejecutivo consiste en incentivar los traslados voluntarios a Uganda, país que no destaca ni por su seguridad jurídica ni por su respeto de los derechos humanos. Para ello, habrían incrementado la retribución asignada a aquellos dispuestos a marchar voluntariamente hasta los 3.500 dólares (unos 2.500 euros) por cabeza.

De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio del Interior, este incentivo individual habría facilitado el traslado en avión hasta Kampala –a cargo también del erario público israelí– de 63 inmigrantes ilegales durante el pasado mes de noviembre, 325 en diciembre, 765 en enero y un número superior a los 1.500 en febrero, lo que muestra una clara tendencia ascendente.

“El Estado de Israel propone a los demandantes de asilo su traslado a un país de tránsito, cuando resulta que no tiene un acuerdo bilateral con Uganda, ni en este país disfrutan de garantía alguna de protección”, comenta Reut Michaeli, directora de Kav La'Oved, la Línea Caliente para Trabajadores Inmigrantes. “Además –añade–, estamos convencidos de que antes o después Uganda termina expulsándolos y deportándolos a sus países de origen”. Michaeli afirma que esto ya ha ocurrido y asegura conocer al menos dos casos concretos, que cita con nombres y apellidos.

De ser así, Israel estaría incumpliendo la Convención del Estatuto del Refugiado, dado que finalmente terminarían retornando a aquellos países en los que son perseguidos por motivos políticos y en los que no se respetan ni los derechos fundamentales ni las libertades públicas, tal como ocurre en Eritrea –donde la represión alcanza actualmente uno de los niveles más altos del mundo– y en Sudán.

Secretismo gubernamental

La titular de la Comisión para los Trabajadores Extranjeros de la Knesset, Mijal Rozin, ha criticado el secretismo empleado por su Gobierno, que en junio de 2013 comunicó al Tribunal Supremo que ya disponía de un país en el extranjero dispuesto a recibir a los inmigrantes que eventualmente aceptaran abandonar Israel de forma voluntaria, pero no especificó cuál. La diputada del partido Meretz ha demandado explicaciones al ministro de Interior en sede parlamentaria, pero éste ha optado por no proporcionarlas, al menos de momento. Y el Gobierno de Uganda niega haber accedido a convertirse en país de tránsito para los subsaharianos procedentes de Israel.

La prioridad política de Gideon Sa'ar, quien previamente ocupó la cartera de Educación y representa al ala derecha del Likud, es lograr que los aproximadamente 35.000 eritreos, 15.000 sudaneses y otros 5.000 inmigrantes ilegales de otras nacionalidades que demandan asilo o refugio se marchen de Israel.

Para ello, el Gobierno ha puesto en marcha toda una batería de medidas. La primera, construir una verja de última generación a lo largo de la frontera que comparte con Egipto en la Península del Sinaí y que ya ha logrado reducir drásticamente las “infiltraciones” (durante este año 2014 apenas han llegado a una veintena de inmigrantes, mientras que hace un par de años se contaban por cientos al mes).

A partir de ahí, otras medidas promovidas por el Ejecutivo son la promulgación de una nueva ley de inmigración dacroniana que permite la detención preventiva de los inmigrantes ilegales hasta por un año y medio, la construcción del megacentro de estancia temporal de Holot en el desierto del Neguev –adonde están siendo trasladados los subsaharianos que lleven 4 años en el país–, la prohibición impuesta a los empresarios israelíes de dar trabajo a los inmigrantes ilegales y, finalmente, los mencionados incentivos de pasaje de avión a Uganda y los 2.500 euros per cápita.

Todas estas medidas están orientadas a garantizar –tal como promueve el nacionalismo israelí– “el carácter judío del Estado de Israel”, el mismo mantra político que Netanyahu acaba de pronunciar durante su última visita a la Casa Blanca y que podría hacer descarrilar las negociaciones de paz con los palestinos auspiciadas por la Administración Obama.

“Lo que está claro es que detrás de esos argumentos hay una intención racista, hay una intención de 'judeizar' Israel y que esté únicamente habitada por judíos. Me parece vergonzoso, esto en cualquier otro lugar lo llamarían racismo”, sostiene Meir Margalit.

De la misma forma que algunos demandantes de asilo han optado por acogerse al traslado voluntario –no sólo incentivados por la compensación económica, sino también ante la perspectiva de verse detenidos durante un mínimo de un año en el macrocentro de estancia temporal de Holot–, otros han optado por protestar frente a estas instalaciones para reclamar que se procesen los expedientes (con el riesgo que eso conlleva de ser arrestados por la policía y trasladados a la cárcel cercana de Saharonim).

Según la Comisión para los Trabajadores Extranjeros de la Knesset, de las más de 15.000 solicitudes formales de asilo, sólo una treintena han sido admitidas a trámite, lo que los subsaharianos interpretan como una clara señal de falta de voluntad política para dar una respuesta justa a sus reivindicaciones.

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