El Gobierno inquieta a los sindicatos por el retraso para aprobar los cambios en la reforma laboral del PP
Los meses y los plazos pasan sin que los prometidos “cambios sustanciales” en la reforma laboral del PP vean la luz. Los sindicatos CCOO y UGT están inquietos porque, aun siendo conscientes de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, exigen a Pedro Sánchez que mueva ficha ya y apruebe un real decreto ley que incluya las medidas acordadas con las organizaciones sindicales. “Consideramos que el Gobierno está teniendo una actitud poco solvente en este tema”, critica Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
El Ejecutivo socialista ha defendido que, aunque no va a derogar la reforma laboral de 2012 por completo, modificará varios de sus elementos clave, como el retorno de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, de la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga cuando caduca sin que se haya acordado uno nuevo) y la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas respecto a las de la compañía de la que dependen.
El acuerdo presupuestario con Unidos Podemos recogió el compromiso de “derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”. El año concluyó sin que estas modificaciones se hayan aprobado, aunque se han acordado con los sindicatos, y 2019 ha comenzado con nuevos temas que el Gobierno quiere llevar a la mesa de diálogo social, como la simplificación de las modalidades de contrato de trabajo.
CCOO y UGT exigen al Ejecutivo cerrar un capítulo antes de abrir otro. Desde el sindicato liderado por Pepe Álvarez piden llevar “al BOE” estas modificaciones a través de un real decreto ley, para que se convalide y se tramite como proyecto de ley en el Congreso. De este modo entraría en vigor y luego los grupos podrían negociar algunas modificaciones.
La estrategia del Gobierno
Aunque la vía del real decreto ley no se descarta, afirman fuentes del Ministerio de Trabajo, la maniobra que se impone en el Gobierno para sacar adelante estos cambios es una proposición de ley que ya está en el Congreso de los Diputados y ha pasado el plazo de presentación de enmiendas. La intención es incluir los cambios en la reforma laboral en esta proposición sobre las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados (Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores).
Fuentes parlamentarias del PDeCAT confirman hay acercamientos con el PSOE para incluir en esa proposición de ley cambios en cuanto a la prevalencia del convenio sectorial y del registro de jornada. “La ultraactividad es una opción, pero está menos desarrollado”, indican aunque insisten en que no hay nada cerrado por el momento.
Desde CCOO insisten en que, pese a que prefieren la vía del real decreto ley, al sindicato le importan más los resultados que la manera para conseguirlos. Pero dudan de las posibilidades de la negociación parlamentaria, centrada en la actualidad entre el Gobierno, Unidos Podemos y PDeCAT. Las conversaciones –aún abiertas– con el grupo parlamentario catalán rebajan el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, según fuentes parlamentaria y sindicales.
Unai Sordo reconoce que, como en toda negociación, son conscientes de que puede haber alteraciones en el trámite parlamentario, pero exigen al Gobierno que se “corresponsabilice” con lo pactado con las organizaciones de trabajadores y que defienda estos acuerdos ante el resto de grupos políticos. “La duda existencial es si se está adjudicando al PDeCAT lo que es una discrepancia de fondo dentro del Consejo de ministras. Esa es la cuestión”, desliza Sordo.
CCOO y UGT han convocado por el momento una movilización en Madrid para el próximo 8 de febrero, en la que pretenden aglutinar a unos 10.000 representantes sindicales de toda España. para presionar al Gobierno. “No podemos esperar más. No nosotros, las personas que están sufriendo la devaluación salarial en sus empresas subcontratadas y a los que les afecta que no se aplique los convenios sectoriales”, argumentan en UGT.
Fuentes de Trabajo reiteran que el Gobierno sigue comprometido con las modificaciones de la legislación laboral del PP y justifican la tardanza en aprobarlas por su debilidad parlamentaria. “Tenemos 84 diputados”, recuerdan.
Los sindicatos mayoritarios demandan al Gobierno que dé el primer paso para que se aprueben estos cambios y, si el resto de grupos parlamentarios no lo apoyan, serán los otros partidos los que se retraten. “Puedes perder la votación de un decreto, pero como no lo lleves te corresponsabilizas de esas reformas”, sostiene Unai Sordo.
